¿Y Madrid? ¿A qué esperan los partidos?

A estas alturas de la cronología política, el ciudadano informado que vive en cualquiera de los 175 municipios de la provincia de Madrid está sumido en la más profunda perplejidad sobre un dato esencial de su futuro: cuándo y cómo va a definirse el marco jurídico y político de la provincia en el nuevo Estado de las autonomías.La generalización del proceso autonómico y su aplicación en todas las nacionalidades y regiones, en el marco de una España solidaria y plural, y en la que todos los ciudadanos deben gozar de los mismos derechos constitucionales (entre ellos, el derecho a la autonomía), convierte la actual situación de la provincia de Madrid en anacrónica y utópica. Anacrónica o fuera del tiempo político, y utópica o fuera del espacio político. Se diría que en Madrid continuamos viviendo en la España centralista y autoritaria de la dictadura.

Ese ciudadano informado sabe que hoy están en marcha, en distintas fases de sus procesos autonómicos, todas las provinciales españolas. Todas menos una, claro: Madrid. Sabe que en poco tiempo treinta millones de ciudadanos de primera rodearán por los cuatro puntos cardinales a cinco millones de ciudadanos de segunda.

Sabe también que en el Congreso de los Diputados y en el Senado, o en otros ámbitos, el Gobierno y el partido de UCD han manifestado con todo rigor que no pueden darse sumideros o bolsas de centralismo en el proceso de configuración del nuevo Estado. Sin embargo, el partido de UCD, ni en sus instancias centrales ni en la regional de Madrid, ha tomado decisión pública al respecto. ¿A qué espera UCD?

Ese ciudadano informado ha oído, visto o leído a los dirigentes del PSOE manifestarse públicamente por el autogobierno de todos los ciudadanos a través de sus propias comunidades autónomas, exigiendo al Gobierno un calendario generalizado y sin fisuras para la estructuración autonómica de España. Y en el nivel regional madrileño, la federación socialista se ha pronunciado recientemente por el autogobierno de la provincia, a través del artículo 143 de la Constitución. A pesar de lo cual, el PSOE, como partido político, no ha instrumentado un sistema de objetivos, medios y plazos para tomarla iniciativa del proceso autonómico, como corresponde al primer partido en los votos populares de las elecciones del 3 de abril. ¿A qué espera el PSOE?

Ha podido enterarse nuestro ciudadano que el PCE ha optado por la configuración de la provincia de Madrid como comunidad autónoma, y que ha invitado al PSOE a elaborar una plataforma común como paso previo para negociar con UCD y el Gobierno una alternativa autonómica para la provincia. Pese a todo ello, el PCE se ha limitado hasta ahora a una postura testimonial, sin deducir, en su práctica política, las conclusiones operativas que su opción comporta. ¿A qué espera el PCE?

Y es ya un común punto de partida que la Prensa ha puesto de relieve la aceptación del papel de la provincia, con la villa de Madrid como capital del Estado, de bisagra de comunicación y cooperación con las comunidades autónomas que abrazan nuestro territorio.

Y ese ciudadano informado recuerda que eligió nuestra provincia, hace ya casi veinte meses, a 36 parlamentarios para el Congreso y el Senado y que esos parlamentarios madrileños han dedicado, íntegra y excluyentemente, su tiempo y sus afanes parlamentarios (salvo alguna personalidad vinculada a la vida municipal) a la solución de los problemas del Estado. Las excepciones personales o alguna iniciativa política que pronto quedó bloqueada justifican la regla general de que los parlamentarios por la circunscripción electoral de Madrid no dedican el tiempo ni la pasión suficiente, en el ámbito parlamentario y autonómico, a la defensa de los intereses específicos de sus electores, que hoy, inevitable y urgentemente, están unidos a la opción sobre el autogobierno de la provincia. Por supuesto, los madrileños rechazarían también en sus diputados y senadores una visión exclusivista, aldeana e insolidaria respecto a los problemas del Estado.

Como en la obra de un dramaturgo contemporáneo, habría que preguntarse: ¿quién teme a Virginia Wolf?, ¿quién teme a la comunidad autónoma de Madrid?, ¿quién teme cumplir sus compromisos públicos?, ¿quién teme que los ciudadanos de Madrid accedan a su autogobierno?

Y ese ciudadano informado que ejerció su derecho al voto y que desea seguir ejerciéndolo en cuestiones de tal naturaleza se pregunta aún más perplejo cómo se puede siquiera plantear como duda metodológica por un partido político democrático, como lo es UCD, la acción sustitutoria o complementaria del artículo 144 para poner en marcha la iniciativa autonómica, impidiendo así que los ayuntamientos de la provincia, la diputación y los parlamentarios elegidos por Madrid se pronuncien.

Ese ciudadano informado, en definitiva, sabe que tiene derecho a emplazar a los partidos políticos a que respondan ya a la pregunta, seguramente clave de su futuro político: ¿y Madrid? ¿A qué esperan los partidos?