El Gobierno vasco quiere policía autónoma en un plazo de seis meses

En la nueva entrevista que en la semana entrante mantendrán Luis María Retolaza y Juan José Rosón, titulares de las carteras del Interior del Gobierno vasco y del Gobierno español, respectivamente, el primero planteará, con toda probabilidad, la petición de que en un plazo de seis meses pueda entrar en funcionamiento una primera dotación de la policía autónoma vasca, compuesta por unos quinientos agentes.El tema fue ya suscitado en el transcurso de las reuniones mantenidas a partir del pasado día 2 en Madrid entre representantes de ambos Gobiernos y que culminaron con la entrevista Suárez-Garaikoetxea. Fue este último quien el pasado jueves reveló la existencia de tal petición en el transcurso de su intervención ante el pleno del Parlamento de Vitoria.

El lendakari explicó que había pedido al Gobierno español una «muestra de buena voluntad», que podría concretarse en la respuesta positiva a dos peticiones: la transferencia inmediata, por una parte, de las competencias sobre policía de tráfico y sus servicios complementarios, y la entrada en servicio, por otra, de un primer contingente de medio millar de policías autónomos.

El propio Garaikoetxea reiteró ante el pleno su convicción de que nada impide, jurídicamente, la puesta en marcha de la policía vasca, y lamentó las nuevas dificultades surgidas en la negociación. La posición últimamente manifestada por la Administración central es que debe ser el Gobierno vasco quien precise la lista de las competencias que asumirá la policía autónoma. Como subrayó el lendakari, la filosofía de tal petición es contraria al espíritu y la letra del Estatuto, cuyo artículo 17 determina expresamente que «corresponderá a las instituciones del País Vasco el régimen de la policía autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo».

La única salvedad que se hace a tal principio es que «quedarán reservados, en todo caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los servicios policiales de caracteres extra y su pracom unitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, etcétera». Garaikoetxea explicó que, de las últimas negociaciones parecía desprenderse el deseo por parte del Gobierno central de definir un ámbito de delitos federales, cuya persecución estaría reservada a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a algún organismo especial de coordinación entre diversas Policías, no previsto, en cualquier caso, en el Estatuto.

El otro tema sobre el que hablarán, sin duda, Rosón y Retolaza es el de la Junta de Seguridad, organismo clave para la política de orden público en la comunidad autónoma y al que el texto del Estatuto asigna la función de «coordinación entre la policía autónoma y los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». La Administración central se resiste a nombrar sus representantes en la misma.

Esta resistencia se debe, según explicó Garaikoetxea el jueves, a la pretensión del Gobierno de Madrid de adjudicar a uno de sus representantes -probablemente el gobernador general- la presidencia de dicho órgano, lo cual alteraría la paridad.