La falta de censo electoral pone en duda la pureza democrática de los comicios

La falta de garantías democráticas constituye la más seria amenaza para lograr la pureza electoral que requieren los segundos comicios sindicales que tendrán lugar en este país desde el desmantelamiento de la organización sindical verticalista. En efecto, existen graves dudas acerca de la capacidad de control sobre los resultados electorales, tarea encomendada al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), organismo autónomo del Ministerio de Trabajo encargado de velar por la democracia de los comicios.

Al menos oficialmente, el IMAC carece de censo electoral que recoja la totalidad de empresas y trabajadores con capacidad para participar en la elección de delegados de personal y miembros de comités de empresa. El censo que oficialmente maneja el IMAC, y de acuerdo con el cual serán homologadas las actas electorales, es el de la Seguridad Social. Esta limitación, que el Ministerio de Trabajo ha sido incapaz de evitar, pese a contar con el funcionariado necesario para elaborar el censo que requerían las elecciones sindicales, impide a sindicatos y empresas disponer de datos tan elementales como número de centros de trabajo y su correspondiente plantilla laboral, para determinar con exactitud el número de delegados y comités de empresa a elegir.No obstante, medios sindicales apuntan la posibilidad de que el censo de la Seguridad Social, convenientemente actualizado de cara a las elecciones, haya sido facilitado a la Unión Sindical Obrera, puenteando incluso al IMAC, por un alto responsable de UCD, «en un intento de favorecer en la carrera electoral a este sindicato, que cuenta con el apoyo del partido en el Gobierno».

De otra parte, medios empresariales creen saber que Comisiones Obreras ha conseguido, a través de sus afiliados infiltrados en los departamentos de informática de la Seguridad Social y del propio Ministerio de Trabajo, un censo más completo, que le permitiría obtener determinados datos en cuanto a número de empresas, su actividad productiva, plantillas y centros de trabajo.

Asimismo existe un cierto confusionismo en cuanto al modelaje de las actas electorales que el propio Ministerio de Trabajo, a través de la orden que regula las elecciones, ha elaborado y que deberán ser depositadas en el IMAC para su contabilidad y control oficial de los resultados.

Al parecer, en una reciente reunión mantenida por la dirección del IMAC con sendas representaciones de la patronal y las centrales CC OO, UGT, USO y ELA-STV, los responsables del citado instituto habrían mostrado su disposición favorable a aceptar todas las actas que les sean presentadas por las mesas electorales, incluso aquellas que no se ajusten a los modelos oficiales elaborados por el ministerio, por entender que la orden de este departamento, en la que como anexo se incluyen los distintos modelos de actas, no comporta la obligatoriedad de ajustarse a las mismas.

Otro factor que incide en la falta de credibilidad que puede caracterizar los resultados de las próximas elecciones sindicales es la falta de medios humanos en las distintas delegaciones del IMAC para procesar el volumen de papeleo que a lo largo del proceso electoral deberán despachar. A modo indicativo, en este sentido se señala que la delegación de Barcelona, provincia que puede generar más de 20.000 actas con resultados electorales, dispone tan sólo de cuarenta funcionarios, la mitad de los cuales son letrados absorbidos totalmente por las conciliaciones. En algunas provincias, incluso, la dotación humana del IMAC se limita a su director provincial.

Otra de las críticas recogidas por este diario en medios sindicales respecto al comportamiento del IMAC de cara a las elecciones sindicales hace referencia a la, al parecer, manifestada intención de sus responsables de orientar la homologación de los resultados más hacia la capacidad de representatividad sindical de las centrales para estar presente en los órganos de dirección de los organismos institucionales (Instituto de Empleo, entidades gestoras de la Seguridad Social, posible futuro consejo económico social, etcétera) que a la legitimación como interlocutores de la negociación colectiva, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Fomentar el confusionismo

En este sentido, los medios sindicales y empresariales que formulan estas críticas creen encontrar la justificación al comportamiento del IMAC en «un descarado intento, primero, de favorecer la potenciación electoral de la USO, en torno a la cual UCD habría montado una campaña de imagen y desarrollo tendente a captar el voto de los no afiliados y, posteriormente, diluir el posible descalabro de la operación con el confusionismo al que dará lugar las anomalías denunciadas».De acuerdo con estas versiones, el Gobierno no ha renunciado -y menos aún con la salida del Gabinete de Abril Martorell, decidido partidario de posibilitar la consolidación de la central socialista como central hegemónica en el panorama sindical- a contar con su propia opción sindical, que trata de montar en torno a la USO mediante la amalgama de la nebulosa de organizaciones autocalificadas de independientes y el encuadramiento de los representantes elegidos sin afiliación alguna.

En esta línea, la sustitución de Sánchez Terán por Pérez Miyares al Frente del Ministerio de Trabajo parece responder a un último esfuerzo gubernamental -aparte la propia incapacidad del sustituido- por poner en pie la tercera vía sindical que comparta el hegemonismo marxista que hoy impera en el terreno social. Pérez Miyares, cuyo principal título es su pasado verticalista, parece la persona indicada para organizar unas elecciones sindicales con una determinada consigna.

Con todo, parece haber sido la experiencia sindical de Pérez Miyares la mejor arma para soportar el envite de los sectores ucedistas más empeñados en la aventura de la USO.

La llegada de Pérez Miyares al Ministerio de Trabajo supuso en primera instancia un considerable aplazamiento de la publicación de la normativa electoral, que, prácticamente pactada en su totalidad por patronal y centrales con Sánchez Terán, se veía de esta manera inexplicablemente frenada.

La explicación a este retraso parece hoy clara. Había que corregir graves errores de bulto, como los que un desconocedor del terreno sindical, como Sánchez Terán, había cometido. Pérez Miyares, desde su formación verticalista, se muestra poco ilusionado con las cábalas gubernamentales montadas en torno a la USO y parece consciente de la práctica imposibilidad de que este sindicato alcance el mínimo del 10% de representatividad que le legitimaría como interlocutor en la negociación colectiva.

Normativa pragmática

Ante este panorama, Pérez Miyares, cuando menos, trata de salvar el tipo y publica una orden, preñada de pragmatismo, con la que se regula en lo imprescindible la celebración de las elecciones. Y, lo que es más importante, evita los compromisos anteriores de Sánchez Terán mediante un comportamiento salomónico.De esta manera, la orden impide el trasvase de delegados, posibilidad que favorecía claramente a CC OO, experta en el submarinismo sindical. De hecho, en las pasadas elecciones fue frecuente el caso de representantes elegidos bajo el señuelo de la independencia, que, una vez en posesión del acta de delegado o miembro de comité de empresa, se pasaba a la central comunista, computándose como un cargo más a su favor.

Asimismo, la orden no regula la delegación de mandato, figura que permite, especialmente en la negociación colectiva sectorial, que un representante elegido como no afiliado, al no contar con otra representatividad que la suya propia, delegue su representación en cualquier organización que ostente el mínimo del 10% para quedar legitimada como interlocutora de la negociación.

Esta posibilidad favorece claramente a UGT y a USO, centrales a las que se puede sentir más próximo el no afiliado, incapaz por sí mismo de participar en la negociación colectiva.

No obstante, los mismos medios que denuncian el arbitrarismo del IMAC en la aplicación de las medidas de control de los resultados, no descartan la posibilidad de que la delegación del mandato sea permitida en la práctica, puesto que para el Gobierno siempre será una nueva posibilidad de primar a la central que patrocina, aun cuando indirectamente UGT salga beneficiada de esta manga ancha de la Administración.

En última instancia, esta posibilidad no favorecería a la central comunista, cuya hegemonía tratan de contrarrestar tanto empresarios como Gobierno.