Aprobada la supresión de distintos organismos del Estado

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto, que afecta a trece departamentos ministeriales, por el que se suprime un conjunto de organismos y cargos administrativos, entre los que se cuentan una secretaría de Estado, diecinueve direcciones generales o cargos asimilados, once subdirectores generales o cargos equivalentes y cuatro organismos autónomos y otros de naturaleza diversa.Este decreto «culmina una primera etapa de medidas de simplificación administrativa y contención de los gastos públicos corrientes», afirma la ampliación de la referencia del Consejo, «y completa las medidas de reestructuración más urgentes ya adoptadas por el Consejo de Ministros en sus dos reuniones precedentes de 26 de septiembre y de 3 de octubre». En total, esta reorganización ha afectado, en sus diversas fases, a 46 organismos de la Administración.

La referencia gubernamental añade que estas medidas de supresión y reducción de organismos se han adoptado en desarrollo de la política económica del Gobierno, que implica la necesidad de aumentar las inversiones productivas, «lo que no puede lograrse sin una tónica de austeridad en los gastos públicos corrientes y un sacrificio riguroso de todo lo que no resulte operativamente imprescindible ».

Por otra parte, el Consejo ha aprobado un decreto sobre gobernadores generales en las comunidades autónomas, en el que se contiene las normas reguladoras de las funciones de los gobernadores genérales, que, como delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, tienen encomendado dirigir la Administración del Estado en el territorio de la comunidad y coordinarla con la administración de la comunidad.

Proyecto de comunicación fija entre Europa y Africa.

El ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo presentó un amplio informe al Consejo en relación con el proyecto de hacer posible la unión, por vía terrestre, de Europa y Africa. Según los trabajos realizados, cabe la posibilidad de encontrar soluciones técnicas que permitan atravesar el estrecho de Gibraltar, uniendo España con Marruecos, lo que permitirá establecer una comunicación terrestre entre Europa y Africa.

Por otra parte, el Consejo escuchó un informe del ministro para las Relaciones con la CEE, reafirmándose el objetivo prioritario de impulsar las reformas necesarias para adecuar la economía española a su condición de futuro miembro de la Comunidad. El ministro de Justicia formuló una propuesta de inversiones y reforzamiento de las plantillas de prisiones; se aprobaron las condiciones de la próxima emisión de deuda pública; fueron aprobados expedientes de contratación de viviendas y otras obras públicas por importe superior a 2.500 millones de pesetas, y se presentó al Consejo un informe sobre control de fraude en el desempleo, según el cual el porcentaje de fraude detectado es del 3,16%.

El informe del ministro de Trabajo da cuenta de que el control de fraude en el desempleo fue realizado sobre 5.697 empresas, cuyo censo laboral asciende a 78.885 trabajadores. Las actas de infracción fueron 904 y el total de sanciones propuestas supone un importe de 32.390.654 pesetas. Tres actas de infracción han sido remitidas al ministerio fiscal por si contuvieran elementos constitutivos de delito.

En el informe del titular de Trabajo se contiene también una referencia a los cursos de formación para trabajadores subsidiados. Se celebraron 43 cursos, que afectaron a 811 trabajadores. Por inasistencia a tales cursos se produjeron 89 bajas, que representan un 8,78%.

El Gobierno creó la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y León, dependiente del Instituto Nacional de Industria. Su misión sera promover inversiones en la región y la participación en sociedades a constituir o ya existentes. El INI contará, como mínimo, con el 51% del capital social.

Otra medida destacada en la información oficial facilitada es la reestructuración del Ministerio de Cultura, que suprime el Consejo Superior de Cultura y fusiona las direcciones generales del Libro y de Cinematografía.

Entre los acuerdos relativos a Cultura, destaca también la declaración de la basílica de San Francisco el Grande como monumento nacional. El Gobierno decidió hacerlo así por tratarse de «un suntuoso conjunto de arquitectura, escultura, talla, mosaico y artes varias que hace de San Francisco el Grande una de las joyas artísticas de Madrid».