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Pleno del Congreso

Rechazada la creación de una comisión investigadora sobre la Legión en Fuerteventura

El Pleno del Congreso rechazó ayer por una diferencia de veinte votos la propuesta del diputado de Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, sobre constitución de una comisión de investigación respecto a la presencia en la isla de Fuerteventura (Sagaseta la rebautizó de Fuertedesgracia) del Tercio de la Legión Don Juan de Austria. Los votos afirmativos fueron 134, correspondientes a socialistas, comunistas y andalucistas, y los votos en contra, 154 (UCD y CD).

La votación favorable de los socialistas se decidió en una reunión del grupo parlamentario, durante un descanso solicitado por Gregorio Peces-Barba. La posición inicial era abstenerse, pero finalmente prosperó la de votar a favor, teniendo en cuenta la condición pactada con el proponente de que su intervención fuera correcta para con las instituciones del Estado.En efecto, las palabras de Fernando Sagaseta tuvieron como principal contenido una relación de hechos cometidos por legionarios entre 1976 y 1979. Según Sagaseta, la población de 7.500 personas de Puerto del Rosario se encontraba atemorizada por las acciones de los 3.500 legionarios que residen en la isla. Manifestó que las asambleas de majoreros y los propios cabildos habían pedido en varias ocasiones la disolución o traslado del citado Tercio. Insistió en que no pedía al Parlamento ningún juicio sobre un instituto armado, como es la Legión, sino simplemente investigar unos hechos que, en su mayoría, se han cometido hasta ahora con absoluta impunidad.

El comunista Simón Sánchez Montero y el socialista Gregorio Peces-Barba apoyaron la propuesta, dejando siempre a salvo el honor del Ejército y la primacía del Parlamento. Se opuso, por UCD, José Miguel Bravo de Laguna, quien redujo el número de hechos denunciados a la mitad y negó que fuera cierta la grave intranquilidad puesta de manifiesto por Sagaseta. Alegó que el tanto por ciento de delitos imputables a legionarios no excede de los atribuibles al resto de los ciudadanos de la isla.

Proposición sobre derecho de asilo

El Pleno tomó en consideración una proposición de ley socialista sobre derecho de asilo, por 275 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Los centristas, que hace año y medio impidieron la toma en consideración de una propuesta similar del mismo grupo, justificaron su cambio de actitud en la supresión que los socialistas han hecho en su nueva proposición de una referencia que podría implicar amparo a los terroristas que solicitaran asilo en España, con la consecuencia de no devolución al país legítimo para reclamarlos.

El socialista Gregorio Peces-Barba hizo historia de la anterior proposición de ley y destacó que la materia está regulada en estos momentos por una simple orden ministerial -y nada menos que del Ministerio del Interior, según dijo- de 16 de mayo de 1979. Manifestó que el tema es muy importante, ya que afecta a los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.

La intervención de Peces Barba estuvo presidida por la seguridad de que no sería tomada en consideración la propuesta de su grupo, con base en que el criterio manifestado por el Gobierno era contrario a su procedencia. De acuerdo con esto utilizó gran agresividad verbal, como cuando habló de interpretaciones «farisaicas», lo que suscitó la réplica del centrista José Luis del Valle, quien manifestó que se trataba simplemente de una interpretación distinta a la de Peces Barba.

En nombre del Gobierno intervino el diputado centrista Antonio Vázquez Guillén, quien sorprendió al hemiciclo al afirmar que su grupo estaba dispuesto a votar a favor de la proposición de ley, a causa de la supresión realizada por los socialistas en su texto inicial, en el que se contemplaba la posibilidad de no considerar como terrorismo, y, por tanto aplicarle el derecho de asilo, a determinadas actividades justificables por razones políticas.

Vázquez Guillén recriminó a los socialistas la defensa de su proposición, que debía haberse hecho, según el diputado centrista, sin cicaterías y con gran generosidad, sobre todo para favorecer nuestro liderazgo en Latinoamérica y devolver los favores recibidos por muchos centenares de españoles exiliados acogidos por los pueblos hispanoamericanos.

Otra proposición de ley, en esta ocasión del grupo centrista, sobre transformación del organismo autónomo Consejo de Administración de Minas de Almadén y Arrayanes en sociedad estaial, fue también tomada en consideración por 269 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

Blas Camacho negó que hubiera existido la mala fe alegada por Manuel Marín -por existir otra propuesta similar en el Senado- y aprovechó para decir algo que se comentaba en los pasillos, que durante la votación del martes pasado que perdió el Gobierno, algún diputado socialista había votado desde el Club Siglo XXI. Se refería, sin duda, a Alfonso Guerra, ausente del hemiciclo, y cuya votación registrada era afirmativa. Los socialistas comentaron después que el voto decisivo para la oposición fue el del vicepresidente segundo del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, ausente también, y que había dejado el mecanismo electrónico de votación de su escaño en posición afirmativa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de octubre de 1980