Iglesia y divorcio

Además de oportunista, la carta del cardenal primado se podría calificar de indignante e hiriente para la sensibilidad e ideología de las personas que no compartimos ni la .soberbia gnoseológica ni los puntos de vista del cardenal, y, por otra parte, es toda una aportación a la confusión entre la esfera civil y la esfera religiosa en la sociedad.Dice el cardenal que la conciencia de muchos católicos se ve «turbada por la confusión reinante», aduciendo a continuación las, según él, causas de esta confusión. Sobre este punto no merece la pena decir otra cosa que tanto la «turbación», por confusión, de esos muchos católicos, como las causas de esta confusión, son simples «presunciones» o «hipótesis» del citado cardenal, bastando alegar, a contrario sensu, que hay quien cree que no existe tal turbación en la conciencia de «muchos católicos», que quizás sólo sea en la de «algunos» católicos, y que, si no se anda alerta, casi seguro que habrá otro nuevo factor de confusión que hará languidecer a los demás: su perturbadora carta.

Respecto a lo que dice de que el magisterio de la Iglesia puede proclamar la ilicitud e invalidez de toda ley de divorcio, no sólo ante sus propios fieles, «sino ante la propia sociedad», el tema, si no fuera por sus connotaciones «pintorescas» y por su poca consistencia. teórica, sería más grave. Pero más vale reducirlo a sus justos términos y considerarlo como lo que es: un simple deseo, y por tanto en esto queda, del cardenal primado.

Además, señor cardenal, según el artículo 1.2 de nuestra Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado», y, de acuerdo con el 66.1 del mismo texto, «las Cortes generales representan al pueblo español» y no el magisterio de la Iglesia, por lo que dicho «magisterio» no puede pro clamar la «ilicitud» e «invalidez de toda ley de divorcio, y, si eso pretendiera, habría que considerarlo inconstitucional.

Cuando el cardenal primado di ce que un debate público sobre e tema no sería honesto, además de quedar patente el talante «democrático» del citado cardenal hay que decir también que lo que sí que no es honesto es decir, como se dice en su carta, que «la autoridad del Estado no puede introducir el divorcio en la legislación civil, puesto que ha de legislar atendiendo al bien común, y él divorcio es siempre el mal mayor». El cardenal primado no es quién, ni tiene derecho a privar del divorcio a quien voluntariamente quiera ejercitarlo./