Los funcionarios de la diputación tendrán que cumplir su jornada laboral de seis horas

La diputación provincial, aprobó, en el transcurso de un pleno celebrado ayer, la obligatoriedad para los funcionarios de cumplir el horario legal que tienen estipulado, y que es de seis horas diarias. Tan sorprendente acuerdo ha sido necesario para acabar con una situación anómala de hecho, pero que se había convertido en norma por la fuerza de la costumbre: los funcionarios de la diputación sólo trabajaban -hasta que la nueva medida entre en vigor- unas cinco horas diarias, situación permitida, e incluso fomentada, por las anteriores corporaciones.

La comisión de personal, presidida por el socialista Sócrates Gómez, ha venido trabajando durante meses en este delicado asunto. El señor Gómez declaró hace unos días a EL PAPIS que en absoluto se puede acusar globalmente a los funcionarios de aprovecharse de un relajamiento de la disciplina laboral, que, en todo caso, habría que achacar a las anteriores corporaciones. Tal vez por un sentido dislocado de política paternalista, o para ganarse la adhesión del funcionariado, lo cierto es que desde la década de los sesenta se permitió que la jornada laboral se acortara de hecho, si no de derecho, en una hora. Teniendo en cuenta que la práctica cotidiana de salir a tomar café o hacer un recado, o cosas similares, no era tampoco infrecuente, se podía dictaminar, sin duda, que los funcionarios de la diputación trabajaban poco.Gómez añadió a continuación que la normalización del horario no ha producido resistencias importantes en contra, lo que habla en favor de su espíritu de servicio. Asimismo es frecuente que en los plenos de la corporación se resalte la dedicación que, al menos en esta etapa, están mostrando los funcionarios. La puesta en marcha de la medida aprobada ayer se hará en los próximos días, con la inclusión del reloj para fichar, cosa que hasta ahora tampoco existía.

Por lo demás, el pleno de ayer transcurrió dentro de la más absoluta calma, y es de destacar los reconocimientos mutuos entre la coalición de izquierdas y, UCD sobre la colaboración que se han prestado unos a otros en distintos temas.

En ruegos y preguntas, el portavoz en funciones de UCD, Juan Manuel Santos, pidió que al próximo pleno se traiga un informe detallado de la cuenta de la Banca March que tanta polémica ha suscitado (véase EL PAIS de 26 y 28 de septiembre), «para que ningún ciudadano pueda sospechar que toda la corporación está implicada en esas supuestas irregularidades».

En una conferencia de Prensa posterior, el señor Revilla declaró que no tenía nada que decir sobre la posibilidad de que sea apartado de la presidencia de la diputación, tema que está en manos de los órganos competentes del partido, y que «he preferido mantenerme al margen de la polémica, precisamente por mi posición como presidente». Revilla sólo manifestó su opinión de que la actuación del grupo de diputados comunistas en este asunto «no ha sido muy feliz».