La empresa que abastece de agua a Barcelona se niega a rebajar sus tarifas

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) no ha procedido aún a modificar la tarifa por consumo de agua a particulares, a pesar de que el Gobierno Civil de Barcelona comunicó el pasado día 20 de agosto a la citada compañía el auto de la sala segunda de lo contencioso-administrativo que disponía tal medida. Según la decisión judicial, la tarifa debía ser rebajada de 20,31 pesetas el metro cúbico, a 17,05 pesetas el metro cúbico. El cobro de la diferencia estaría reportando a la Sociedad General de Aguas de Barcelona unos ingresos suplementarios de tres a cuatro millones de pesetas diarios.

Fuentes económicas consultadas y conocedoras de la situación real del grupo Aguas de Barcelona, señalaron que no estaba en el ánimo de los directivos de SGAB modificar la tarifa, por el momento. A la imposibilidad técnica para efectuar el abono -por otra parte, no ha habido reclamaciones- se une la difícil situación económica de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.Medios económicos y municipales confirmaron a este diario que la SGAB se encontraba en la antesala de la presentación de la suspensión de pagos. La situación crítica de la empresa seria el fruto de haber comprometido el dinero de sus accionistas e importantes préstamos de entidades de ahorro catalanas y de crédito internacional -evidentemente por valor de miles de millones de pesetas- en la formación y posterior funcionamiento del llamado Consorcio de Abastecimiento de Agua del Río Llobregat. En realidad, y a pesar del pomposo nombre, se trata de una filial de la empresa privada SGAB, si bien con una minoritaria participación de varios ayuntamientos (Tarrasa, Sabadell, Martorell, entre otros).

La única realización del llamado consorcio ha sido la construcción de una planta de tratamiento de aguas en Abrera de Llobregat, instalaciones que fueron construidas sin contar con los permisos de obras en zonas calificadas urbanísticamente como zonas verdes, sin deslindar el cauce del río, de propiedad pública de las propiedades privadas colindantes y sin tener la concesión de aguas a que obliga la ley. Aparte de que existen serias dudas sobre la necesidad de la planta de tratamiento y sobre el proyecto técnico en sí. El azud o presa de la planta de agua de Abrera se ha construido de tipo fijo y no abatible, como viene haciéndose desde hace tiempo en todos los proyectos importantes. Ello representa un serio peligro en un río como el Llobregat, de tipo torrencial, y cuyas avenidas pueden oscilar entre los catorce y los 3.000 metros cúbicos de agua por segundo.

El consorcio pretende, además, la construcción de una tubería de enlace entre la estación de Abrera y la depuradora de Sant Joan Despí, situada en el mismo río, aguas abajo. La construcción de esta tubería ha sido calificada por portavoces de la corporación municipal metropolitana como «no estrictamente necesaria». Sin embargo, el consorcio -en la práctica la SGAB- insiste en ello. La razón que subyace en tal insistencia no es otra que salvar la maltrecha situación de Tubos Bonna, una filial del grupo a la que se ha encargado el proyecto.

Metropolitanizar el servicio

La difícil situación del grupo de la Sociedad General de Aguas de Barcelona quedaría salvada si la Corporación Municipal Metropolitana (CMM) -organismo integrado por veintisiete municipios del cinturón de Barcelona, y que preside el alcalde Narcís Serra- municipalizara, o mejor metropolitanizara, el servicio de distribución del agua en alta, lo cual ya ha propuesto a la citada corporación la compañía de aguas. La corporación ha aceptado negociar la operación, y, en estos momentos, existe ya un proyecto de protocolo sobre los primeros acuerdos.De asumir la CMM el servicio de distribución en alta, la Sociedad de Aguas recibiría una importante inyección de miles de millones de pesetas -la cifra podría alcanzar los 10.000 millones de pesetas-, en un momento extremadamente delicado para la continuidad de la empresa. Una de las entidades más interesadas en el feliz cierre de la operación sería la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro (la Caixa), la cual, ha comprometido importantes intereses en el consorcio, por lo que algunos de sus altos cargos lo son a su vez de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Así, el secretario general de la Caixa, Ricardo Fornesa, es, a su vez, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad General de Aguas de Barcelona.

El consorcio hizo asimismo una emisión de obligaciones por valor de quinientos millones de pesetas, que habrían sido suscritas por la Caixa, siendo nombrados comisarios del sindicato de obligaciones Ignacio Barjáu Civil e Ignacio Farreres Bochaca, ambos empleados de la citada entidad de ahorro.

Las conversaciones entre la Corporación Municipal Metropolitana y la Sociedad General de Aguas de Barcelona se iniciaron hace nueve meses y existe verdadera prisa por ambas partes para cerrar la operación. La situación de las conversaciones es, en estos momentos, y según portavoces de la corporación, muy fluida. Sólo la continua salida de irregularidades en el citado consorcio aplaza la adopción de acuerdos en firme.

Temor a irregularidades

La corporación teme que una vez asumido el servicio en alta -lo que conlleva quedarse con la planta de Abrera- surjan nuevas irregularidades que se añadan a las ya conocidas. Por ello, se han realizado dos auditorías que han revelado la difícil situación, tanto del consorcio como de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Uno de los datos que ya puede adelantarse es que en el consorcio el pasivo es superior al activo; ello significa que la corporación adquiriría un servicio ruinoso y unas instalaciones ilegales y, por ley, afectadas de demolición, mientras que la Sociedad General de Aguas de Barcelona vería saneada su situación económica y continuaría distribuyendo, prácticamente en monopolio, el agua a la baja.Por otra parte, varias fincas colindantes con la estación de Abrera tienen entablados pleitos con el consorcio. Los responsables de estas fincas aseguran que la estación de tratamiento y el sistema que se ha empleado en su construcción provocan serios daños a sus propiedades. Las reclamaciones por daños suman varias decenas de millones de pesetas anuales. Lógicamente, al asumir los servicios y la planta de Abrera, la corporación pasaría a ser objeto de tales reclamaciones.

En resumen, la corporación convertiría un servicio privado en público, pero a un precio excesivamente alto. Debería cargar con unas obras -planta de Abrera- ilegales, asumir los compromisos crediticios del consorcio e intentar luego solucionar los problemas con terceros surgidos a causa de la gestión de sus anteriores dueños.