Los partidos mayoritarios consideran urgente la elección del Consejo de Administración de RTVE

La elección de los doce vocales del Consejo de Administración de RTVE por la mayoría de dos tercios del Congreso y Senado se encuentra bloqueada desde el pasado 12 de febrero, fecha en que figuró por vez primera en el orden del día del Pleno del Congreso. La inexistencia de acuerdo previo entre Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), necesario para obtener la mayoría de dos tercios, impide que la ley de Estatuto de Radio y Televisión tenga plena aplicación ocho meses después de haber entrado en vigor.

El Consejo de Administración de RTVE se configura, junto a la dirección general y a los tres consejos asesores (para Televisión Española, Radio Nacional y Radio Cadena), como el máximo órgano de «funcionamiento, administración general y alta dirección» del ente público RTVE.Las principales competencias del consejo de administración, según dispone la ley, son velar para que la programación cumpla la ley, emitir su parecer previo, no vinculante, sobre el nombramiento del director general; recibir notificación previa del nombramiento y cese de los directivos con nivel de directores; aprobar planes de actividades, memorias anuales, plantillas y sus modificaciones, régimen de retribuciones y aprobar los anteproyectos de presupuestos; fijar los «principios básicos y líneas generales de la programación»; dictar normas respecto a la emisión de publicidad; «determinar semestralmente el porcentaje de horas de programación destinadas a grupos políticos y sociales significativos»; conocer y resolver conflictos en materia de derecho de rectificación y determinar anualmente el porcentaje de producción propia a emitir por los tres medios.

El primero, único hasta el momento, desarrollo de la ley fue la constitución de la Comisión parlamentaria de Control (a tenor del artículo 26), que, como su nombre indica, vigila la actuación de RTVE, «de tal modo que no impida el funcionamiento de los medios». Asimismo se publicó, el pasado 5 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 1.615/1980, de 31 de julio, por el que se crean las tres sociedades anónimas estatales, y se adscribe RTVE al Ministerio de la Presidencia a partir del próximo 1 de enero. Las tres sociedades, con capital íntegramente estatal, deberán presentar solicitud de inscripción en el Registro Mercantil antes del próximo 6 de enero, con lo que se iniciaría la reestructuración de RTVE, que prevé el estatuto. Los representantes de los cuatro grupos parlamentarios con mayoría en el Congreso -que, por acuerdo tácito desde que se dictaminó la ley en la Comisión de Cultura del Congreso, estarán representados en proporción de seis vocales por UCD, cuatro por el PSOE, uno por el PCE y uno por CD (salvo modificaciones)- reiteran el deseo de elegir cuanto antes el consejo de administración. Todo ello hace suponer que este mismo mes debería llegarse a un acuerdo.

El secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, y negociador, con el socialista Alfonso Guerra, declinó su opinión a EL PAIS en el diputado José Miguel Bravo de Laguna, portavoz centrista en las comisiones de Control e Investigación de RTVE en el Congreso. «Es urgente y necesario elegir el consejo de administración. Confío», afirma el diputado Bravo de Laguna, «que se desbloquee el tema. En el caso contrario habría que recurrir a la proposición no de ley de que las funciones del consejo de administración sean asumidas provisionalmente por la Comisión de Control o modificar la ley y proponer que los vocales sean elegidos no por mayoría cualificada. Pero UCD prefiere mantener la letra y el espíritu del estatuto, y piensa que no es misión del Parlamento, de la Comisión de Control, constituirse en órgano de funcionamiento y administración de RTVE. El nombramiento del director general tiene un mecanismo distinto a la elección del consejo de administración. El estatuto prevé un equilibrio de poder entre el director general, consejo de administración y consejos asesores, corno un conjunto de órganos para el recto funcionamiento de los medios. El nombramiento del director general», añade el diputado centrista, «fue muy debatido por la comisión. Llegamos al acuerdo de que fuese nombrado por el Gobierno, oído el consejo de administración, y que el número de vocales de éste se ampliase a doce, en vez de los ocho que inicialmente proponía UCD. Para nosotros hubiera sido más sencillo aceptar el criterio de Coalición Democrática: elegir a los vocales por mayoría simple y obtener así un consejo dócil. Pero, al pedir la mayoría de dos tercios, optamos por una forma de participación pluralista, porque entendemos que la radio y la televisión son medios de comunicación tan importantes que exigen una participación más que mayoritaria para el órgano colegiado de RTVE. UCD es el único, hasta ahora, que ha propuesto nombres concretos. Entendemos que el PSOE debe proponer los suyos cuanto antes para así llegar a un acuerdo en la Cámara de dos tercios. Respecto al director general, está claro que nunca será una persona que pueda tener la hostilidad del consejo de administración». Los candidatos de UCD a vocales elegibles por el Congreso son los mismos que presentó el 15 de abril: José María Alvarez del Manzano, Miguel Doménech y Carlos Plaza.

PSOE: "Nada nuevo"

Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, manifestó a EL PAIS: «No hay nada nuevo respecto al consejo de administración. Ni siquiera han llamado por teléfono para tener conversaciones después de la última inclusión del tema en el orden del día del Pleno. Tenemos la impresión de que UCD no tiene interés en resolver el asunto del consejo de administración. Mientras tanto, la televisión se deteriora cada vez más. Por otra parte», añade Alfonso Guerra, «nosotros no podemos estar en un consejo de administración como la minoría que avale la continuidad de esta situación. Sólo aceptaremos formar parte del mismo si se acuerda que en la televisión va a penetrar la honestidad y la honradez. UCD sigue con la idea de que RTVE tiene que continuar politizada, y nosotros con la idea de que hay que profesionalizar los cargos de la dirección. Yo les dije hasta la saciedad: ¿por qué no proponéis a alguien de allí, del medio, que pueda dirigir aquello? "Del medio, ni hablar", fue lo que me contestó Calvo Ortega. Nuestro deseo es que haya consejo de administración este mismo mes». UCD habría propuesto, al parecer, como candidatos a director general de RTVE a Apostua Oliart Escudero y, por último, a Fernando Castedo. Respecto a la actual situación de RTVE, Alfonso Guerra comentó: «Es muy importante, desde el punto de vista político, que el Tribunal Supremo no sólo haya admitido a trámite la querella presentada por los socialistas contra altos cargos de RTVE, sino también que, sin esperar a diligencias, haya acordado incoar sumario y nombrar un juez especial.Alfonso Guerra informó también que los socialistas tenían noticia de que Rafael Ansón, ex director general, sería defendido por el abogado José María Stampa; Fernando Arias-Salgado, por el letrado Horacio Oliva, mientras que Ignacio Martínez Echevarría, subdirector general, y Francisco López Arenosa, director de Administración y Finanzas, encomendaron su defensa a Rodrigo Mourullo. El vicesecretario general del PSOE criticó duramente que Fernando Arias Salgado haya mandado imprimir unos 9.000 ejemplares de la titulada Memoria de contabilidad de RTVE. Ejercicio económico 1979. El director general ya había presentado los primeros ejemplares el pasado mes de junio ante la Comisión de Control. Alfonso Guerra preguntó entonces al director general por qué la había impreso en Raycar, SA, y no en el Ministerio de Cultura. La Memoria, profusamente ilustrada en color, con vistas generales y parciales de las instalaciones de RTVE, en varios casos repetidas o semejantes, distribuida gratuitamente a todos los trabajadores de RTVE, es calificada por Alfonso Guerra como «autopropaganda y autobombo» de Arias-Salgado a costa del dinero de todos los españoles. El vicesecretario general del PSOE criticó también que Fernando Arias Salgado haya encargado al ex ministro Villar Palasí, de quien precisó que es cuñado de Luis Ezcurra, subdirector general de RTVE y director en funciones de Televisión Española, un dictamen para interponer un recurso contencioso administrativo contra la multa que le impuso el Tribunal de Cuentas. Alfonso Guerra manifestó que Televisión Española cuenta con una asesoría jurídica y abogados del Estado y que, pese a ello, ya había pagado 500.000 pesetas al señor Villar Palasí por la elaboración del proyecto de Estatuto de Radio y Televisión. « Se van a meter en un contencioso administrativo», dijo Alfonso Guerra, «que va a durar años y que va a costar a todos los españoles un dineral. Mucho más que las 20.000 pesetas de multa».

Pilar Brabo, diputada comunista, manifestó: «Desde nuestro punto de vista, el problema es angustioso. El consejo de administración tiene una serie de competencias, como presupuestos y programación para 1981, la creación de las tres sociedades estatales y adscripción del personal, temas en los que ya no podrá hacer, prácticamente, nada el consejo de cara al próximo año. El absurdo está en que el decreto del 31 de julio pone en marcha la aplicación del estatuto sin que exista el consejo de administración. El personal de RTVE se encuentra, por otra parte, en una situación de incomodidad, nerviosismo y desmoralización. Retrasai la elección de los vocales juega a favor de UCD, que, mientras tanto, manipula todo lo que puede y aprovecha que no exista el consejo para marcar todo el año 1981 con su impronta. Si se elige el consejo en noviembre, no podrá hacer nada hasta 1982. Es necesario que exista un acuerdo cuanto antes». El candidato del PCE a vocal es Manuel Serrano, programador de Televisión Española.

Antonio de Senillosa, diputado de Coalición Democrática y presidente de la Comisión de Control, manifestó a EL PAIS: «UCD no ha sido muy partidaria de constituir el consejo, porque el partido socialista ha querido meter dentro del paquete de negociación el nombramiento del director general, que, entiendo que, equivocadamente, se dejó en manos del Gobierno. Yo siempre dije que era el Parlamento el que debía nombrar al director general. Yo era partidario de que el consejo fuese más reducido y que fuese elegido no por dos tercios, sino por la mitad más uno. La Comisión de Control, mientras no exista el consejo de administración, tendrá que asumir sus funciones. Nos hemos planteado el tema de nuestros representantes, pero tengo la sensación de que está medio apalabrado que nosotros tendremos un puesto. No queremos que los vocales sean antiguos técnicos, funcionarios o pequeños empleados de los ministerios».