La propuesta comunista exige mayor presión fiscal

El plan de urgencia contra el paro, cuya primera parte, referida al empleo y basada en un documento previo elaborado por CC OO y asumido por el PCE, se centra en la protección al desempleo existente, recoge en su segunda parte las acciones a corto plazo a realizar por el sector público para iniciar la inversión de la tendencia de agravamiento del paro y el modelo de asignación de recursos para financiar las medidas propuestas.

El plan de urgencia contra el paro del PCE, dado que, según señala, no es previsible una aceleración súbita de la inversión privada productiva, indica que la inversión pública será el parámetro indicador de la acción contra el paro. En esta línea propone un aumento de la inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado hasta alcanzar el 27,1 % del gasto público, lo que representa un incremento de 4,6 puntos en el peso relativo de los gastos de inversión, dentro de los gastos totales presupuestados.Así, el incremento de la inversión, en términos reales, respecto a la prevista para 1980 será del 47,9%, aproximadamente. El cumplimiento de este objetivo se considera compatible con la sustancial elevación que han de sufrir también las transferencias corrientes, como consecuencia de dos de los objetivos contenidos en el plan: la protección al desempleo y las actuaciones de la Seguridad Social, encaminadas a mejorar las pensiones mínimas y a sufragar los gastos de jubilaciones anticipadas (véase EL PAIS de 23-9-1980), lo que requerirá que el Estado aporte un 13% del presupuesto de la Seguridad Social, porcentaje que, por otra parte, el PCE considera necesario para que se cumpla el compromiso adquirido en los pactos de la Moncloa: llegar en 1983 a un 20% de aportación del Estado (la aportación actual es de un 8,6%).

Inversión selectiva

Los sectores a los que vaya dirigida la inversión deberán reunir, según el borrador del PCE, tres características fundamentales. Por un lado, deben permitir la rápida movilización de recursos materiales y humanos que presenten un alto efecto multiplicador de la actividad económica general y satisfacer necesidades sociales y económicas, aminorando simultáneamente el importante déficit en infraestructura y equipamiento. Al mismo tiempo han de ser sectores intensivos en factor trabajo, favoreciendo la modernización del conjunto de la producción y dando preferencia al desarrollo tecnológico propio.A todo ello hay que sumar las inversiones comprometidas en sectores básicos, como energía, transportes o comunicaciones.

En lo que respecta a la energía, el PCE señala como actuaciones inmediatas el dar prioridad a la autorización y construcción de nuevas centrales térmicas de carbón, que además pueden ser precisas para compensar los retrasos en otras instalaciones generadoras, así como acometer las inversiones más accesibles en centrales hidroeléctricas, agilizar el Plan de Electrificación Rural, racionalizar la minería del carbón y llevar a cabo la aplicación efectiva de los programas para mejorar la estructura de refino de petróleo y proceder a las inversiones en la red de transporte y distribución de gas.

La construcción de viviendas se sitúa como primer sector inversor durante el próximo año «por razones económicas y sociales». Al mismo tiempo, la demanda deberá ser impulsada a través de la creación de un mercado hipotecario que facilite la construcción y adquisición.

El déficit actual de viviendas se cifra en el citado borrador en 600.000, que exigiría la construcción de 325.000 viviendas anuales durante cinco años. De ellas, 180.000 podrían ser de construcción pública. En 1981, las inversiones en viviendas oficiales deberían estar comprendidas, según el PCE, entre 250.000 y 350.000 millones de pesetas, lo que generaría unos 140.000 empleos directos y unos 80.000 indirectos.

Especial énfasis se pone en el borrador del plan de urgencia del PCE al proceso de nueva estructura de sectores en crisis, tales como la siderurgia, la construcción naval, textil, electrodomésticos, vehículos industriales, calzado, etcétera. La reestructuración de estos sectores habría de hacerse manteniendo el mayor nivel de empleo y haciéndolo compatible con la modernización de la industria, evitando las reestructuraciones de plantilla. Al mismo tiempo, sería necesario centrar el esfuerzo económico en el saneamiento de los activos que sienten las bases de la futura rentabilidad, efectuando las mejoras de pasivo necesarias.

Por otra parte, el PCE propugna la creación de un fondo de inversión para la promoción de empleos alternativos en las zonas afectadas por la reconversión industrial y el establecimiento de una estrategia de negociación con centrales sindicales, ayuntamientos y Gobiernos autónomos, para los procesos de reconversión.

Financiación del plan

El plan de urgencia contra el paro requiere una aportación de medios considerable, según reconocen los autores del mismo. Esfuerzo que se materializa en el presupuesto del Estado. En este sentido, el plan parte de la hipótesis de un crecimiento medio del índice de precios en un 16% y aumento del producto interior bruto (PIB), en un 3,5%. Con ello, el PIB se situaría en 1981, en términos monetarios, en la cifra de 18,463 billones de pesetas.Por otra parte, se propugna un aumento de la presión fiscal directa en un 1% respecto al PIB previsto, con lo que se situaría en un 13,78% del mismo. La presión fiscal indirecta se aumentaría en un 0,5% del PIB logrado en base a la reducción de las desgravaciones fiscales. Incremento que supondría unos ingresos adicionales de 93.000 millones de pesetas. Dado que los gastos fiscales en 1980 han sido previstos en 349.000 millones, el PCE estima que se trata de una reducción de un cuarto, en términos monetarios.

Esta reducción descartaría el impuesto sobre el tráfico exterior y los impuestos de consumo. Las desgravaciones previstas en 1980 para ambos tipos de impuestos totalizaban 178.000 millones de pesetas. Con ello, la cifra de ingresos asciende, según el borrador del plan, a 2.640 billones, aproximadamente, en 1981.

El presupuesto de gasto público, de acuerdo con las medidas propuestas, quedaría situado en 3,250 billones de pesetas, aumentando en un 71,5% las inversiones y en un 55,5% las transferencias corrientes, y haciendo descender relativamente los gastos de funcionamiento (de un 42,9% a un 35,4%).

El déficit presupuestario previsto por el PCE totaliza los 610.000 millones de pesetas, que podría ser financiado mediante un fuerte aumento de la emisión de deuda pública, empréstitos exteriores de 90.000 millones de pesetas y unos recursos al Banco de España de 250.000 millones de pesetas.

Por último, dentro de las medidas encaminadas a financiar el plan, se señala que en el presupuesto de transferencias corrientes ha de preverse una aportación del Estado a la Seguridad Social de 175.000 millones de pesetas, y 400.000 millones al seguro de desempleo. La aportación a la Se guridad Social significaría pasar del 8,26 % al 13 %.

La fuerte aportación al seguro de desempleo sería la alternativa a los 295.000 millones de pesetas presupuestados para el INEM en 1981, y constituiría la financiación estatal necesaria para cubrir las previsiones de seguro de desempleo contenidas en el programa.