La Diputacion Foral de Navarra inicia acciones judiciales en el asunto FASA-Del Burgo

Un mes después de que la corporación foral acordara encomendar a dos destacados catedráticos de Derecho administrativo y penal el estudio de las acciones legales que podrían ejercitarse en el asunto FASA-Del Burgo, en orden a recuperar los 81 millones adelantados en junio de 1979, la propia Diputación Foral de Navarra adoptará, según se espera, la próxima semana, una resolución sobre el tema, sobre la base de iniciar las acciones judiciales que estime convenientes y puedan poner fin al largo contencioso iniciado en febrero de este año.

Según los datos obtenidos por EL PAÍS, la empresa Fundiciones de Alsasua, Sociedad Anónima (FASA), adeuda a la diputación foral algo más de 150 millones de pesetas, de los que una pequeña parte están avalados solidariamente por siete consejeros o ex consejeros de la sociedad, entre ellos el ex presidente de la corporación foral, Jaime Ignacio del Burgo. En los primeros días de agosto, al término de las vacaciones legales, la diputación tomó el acuerdo de requerir notarialmente a siete avalistas de FASA, los señores Lizarza, García Munte, Ronzón, Sánchez, Marquina, Esparza y Del Burgo, para que en el plazo de quince días procedieran a hacer efectivo en la Hacienda de Navarra la primera anualidad de un anticipo sin interés, concedido en 1976, por un importe total de 7.149.800 pesetas.De esta forma, los avalistas de FASA debían haber entregado a la diputación, el pasado mes, la cantidad de 1.429.960 pesetas, punto que no se ha cumplido, por lo que la corporación foral está estudiando las acciones legales a ejercer contra FASA y contra los avalistas del préstamo de 7.149.800 pesetas, de acuerdo con los informes realizados por el catedrático de Derecho penal, José María Stampa Braun.

Por otra parte, FASA adeuda a la diputación otros tres millones de pesetas, en concepto de anticipo reintegrable sin interés, así como 10.214.000 pesetas, adelantadas en 1976, con la condición de cumplir con un plan de ventas -cuyos objetivos no se han realizado-, que fue presentado en aquella época a la diputación. De igual modo, FASA tiene contraídas con la diputación deudas por otros cincuenta millones de pesetas, de los que treinta están avalados por accionistas, que, junto a los 81 millones concedidos como anticipo, en junio de 1979, y que fueron el origen del escándalo político que costó la presidencia a Jaime Ignacio del Burgo, suponen 151 millones de pesetas.

En la última sesión ordinaria de la Diputación de Navarra, celebrada el pasado jueves, la corporación acordó aceptar y adherirse al convenio de acreedores que ha formulado Fundiciones de Alsasua, Sociedad Anónima, en la tramitación del expediente judicial de suspensión de pagos. El convenio ha sido aceptado por la diputación, «al estimar que es la manera de propiciar la continuidad de la empresa y la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo, aspecto que la diputación considera primordial sobre cualquier otra consideración de índole económica». «En el texto de¡ acuerdo adoptado», señala una nota oficial de la diputación, «la corporación declara que el hecho de que se incluya en el citado convenio el anticipo de 81 millones, concedidos por la diputación el 18 de junio de 1979, no implica prejuzgar ni renunciar a las acciones frente a terceros que se trata de salvaguardar, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de 5 de julio del presente año». Este acuerdo se refiere a la resolución adoptada por la corporación en orden a ejercitar las acciones legales pertinentes, con el fin de recuperar para la Hacienda foral el anticipo concedido a FASA, por importe de 81 millones de pesetas.

Sin embargo, lo más destacable del asunto FASA-Del Burgo es la crisis institucional que se ha producido en la Diputación Foral de Navarra, desde que se hiciera público el tema, el pasado mes de febrero. Tras el acuerdo de la diputación, del 28 de abril, que ratificaba una resolución del Parlamento foral, por el que se destituía a Del Burgo como presidente, la corporación se encuentra en una peculiar situación funcionando por inercia.

Después de cinco meses, la corporación continúa con un presidente en funciones, Juan Manuel Arza (UCD), si bien existe un compromiso formal desde hace exactamente un mes para elegir al nuevo presidente en el plazo más breve posible. Esta situación de interinidad ha provocado que el diputado foral de Sanidad. Angel García de Dios (Herri Batasuna), no acuda a las sesiones, postura que mantendrá hasta que no se convoque un pleno extraordinarlo en el que se trate de la elección de presidente.

La responsabilidad de convocar un pleno para tratar de este tema es del presidente en funciones, Juan Manuel Arza, quien no parece decidido a tomar un acuerdo en este sentido, en tanto el sector crítico de UCD, que tiene la mayoría en la diputación, no proponga un candidato, que podría ser el propio Arza o el diputado foral de Hacienda, Angel Lasanción.

"Situación insostenible"

En relación con la crisis institucional de la diputación, el secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Navarra y diputado a Cortes, Gabriel Urralburu, aseguró ayer a EL PAÍS que su partido va a adoptar medidas enérgicas si para final de este mes la diputación no ha elegido nuevo presidente.