El coste de la jubilación a los 64 años debe ser asumido por la Administración, según UGT

El coste de la jubilación a los 64 años, que UGT calcula en 13.800 millones de pesetas para el segundo semestre de 1980, debe ser asumido íntegramente por la Administración, en función de la situación de empleo, ya que crearía potencialmente 60.000 puestos de trabajo, según un documento elaborado por la central socialista y que da respuesta al informe preparado por el Instituto Nacional le la Seguridad Social (INSS) sobre el mismo tema (EL PAÍS 7-6-1980).El coste directo que supondría para el presente año la reducción de la edad de jubilación a los 64 años calculado por el INSS se situaba en torno a los 11.500 millones de pesetas para el régimen general de pensiones. Según UGT, en 1979 había en España una población activa, situada entre los 63 y los 67 años, de 363.320 trabajadores. De ellos, un 35,5% (106.771) de 63 iños; un 35,1% (104.347) tenían 64 años; un 22,4% (65.110) de 65 años; un 16% (46.646) contaba 66 años, y el 14,3 % (40.646) tenía 67 años.

Al adelantar un año la edad de jubilación, los descensos que actualmente se producen entre los 64 y 65 años pasarían a los 63 y 64 años, con lo que se crearía, señala el documento de UGT, unas expectativas de generación de empleo de 59.651 puestos de trabajo. Multiplicando esta cifra por la media anual percibida en 1978 (año último del que se dispone de datos) por los nuevos jubilados, que se situaba en 185.000 pesetas, revalorizada en un 25%, el coste total de la media según la central socialista, quedaría estimada en 13.800 millones de pesetas.

Para UGT el procedimiento seguido para el estudio elaborado por el INSS, analizando conjuntamente el coste de anticipar la jubilación a los 64 años con el coste que va a suponer el precepto del Estatuto de los Trabajadores haciendo obligatoria la jubilación a los 69 años, «resulta cuando menos sospechoso, toda vez que, a renglón seguido, se estudia la posibilidad de cambiar el régimen legal de la jubilación en las líneas básicas». Por un lado, «modificando la actual base de cálculo de los pensionistas como promedio de veinticuatro mensualidades, a una nueva base que se situaría con el promedio de 36 mensualidades, con el consiguiente deterioro de las pensiones futuras (un 10% menos en términos reales)».

Y, por otro lado, «eliminando la posibilidad de jubilarse con coeficientes reductores para los trabajadores con edades comprendidas entre los sesenta y 64 años. Todo esto», continúa el documento de UGT, «parece dar a entender que, ante la elevación de las obligaciones que la Seguridad Social ha de asumir, se tienen que arbitrar algunas normas que minimicen la incidencia financiera de tales medidas y para eso se introduce colateralmente la posibilidad de cambiar las bases de cálculo y el régimen de los coeficientes reductores».

«El coste de la jubilación a los 64 años», señala UGT en sus conclusiones, «debe ser asumido íntegramente por la Administración, en función de la situación de empleo, ya que crearía potencialmente unos 60.000 puestos de trabajo». Asimismo, el citado documento subraya que «es inadmisible que el Gobierno utilice esta medida como coartada para modificar el régimen legal de los futuros pensionistas de jubilación, bien modificando negativamente el sistema de las bases de cálculo, bien eliminando el derecho a la jubilación con coeficientes reductores, bien incrementando las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social».

Por último, UGT destaca que la financiación debe realizarse a través del incremento de la aportación del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social.

El informe del INSS calculaba que el coste de la jubilación a los 64 años sería, en 1980, de 11.580 millones de pesetas, y de 27.610 millones, en 1981, que supone un 1,98% y un 3% del capítulo de pensiones, y algo menos del 2% sobre el presupuesto de la Seguridad Social.