La izquierda recela sobre la voluntad del Gobierno de aplicar el plan de urgencia

«No hay ninguna razón para que los andaluces desconfíen del Gobierno», declaró el pasado domingo en Sevilla el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, tras haberse entrevistado durante dos horas con una delegación de la Junta Preautonómica, encabezada por su presidente, Rafael Escuredo, para iniciar formalmente la discusión del Plan de Urgencia para Andalucía (PUA), aprobado de forma unánime el viernes último por el consejo permanente del citado organismo. Mientras tanto, la izquierda recela sobre la voluntad del Gobierno de poner en práctica el plan.

En su encuentro con los informadores, el ministro separó la posible virtualidad del PUA de la crisis autonómica andaluza -«creo que los problemas de Andalucía no se resuelven exclusivamente con una solución al tema autonómico», afirmó- y destacó que el plan de urgencia, al que calificó de realista y viable, nace de la unanimidad de las fuerzas políticas y de la voluntad de colaboración de la Junta con el Gobierno, «que abre una puerta a la esperanza para Andalucía».Lamo de Espinosa subrayó que «lo importante es que existe una conciencia clara y total por parte del Gobierno de que debe hacerse un esfuerzo extraordinario para ayudar a Andalucía», y matizó que, no obstante, es preciso conjugar las necesidades y legítimas aspiraciones de esta región con las limitaciones impuestas por la actual situación económica de nuestro país y, por tanto, no hay que descartar que algunas partidas financieras del PUA no se reflejen en los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, Rafael Escuredo aceptó que lo realmente importante es que los fondos necesarios para la financiación externa del PUA lleguen a Andalucía.

Hay que señalar, sin embargo, que la izquierda continúa en una actitud de prudente recelo sobre la voluntad gubernamental de aplicar el PUA. Como ya publicó este periódico, tanto él PSOE como el PSA hicieron constar su escepticismo al respecto en la propia acta de la última reunión de la comisión.

También la resolución política aprobada por el comité central del PCA, reunido el pasado fin de semana en Granada, tras valorar positivamente el PUA, anuncia movilizaciones cívicas y de masas en los próximos dos meses, en exigencia del cumplimiento del plan, así como de la autonomía por el 151.

La desconfianza se convierte en abierta hostilidad en el caso del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), cuyo secretario general, Francisco Casero, se puso en contacto telefónico con EL PAÍS, desde la población balear de Mahón, para manifestar su extrañeza de que derecha e izquierda puedan coincidir en un programa de reforma agraria.