La Sociedad de Aguas de Barcelona, obligada judicialmente a rebajar sus tarifas

La Sala Segunda de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona ha dictado un auto por el que suspende parcialmente una resolución del Gobierno Civil de Barcelona que autorizaba a la Sociedad General de Aguas un aumento en el precio del suministro de agua a sus abonados.La decisión judicial señala que el aumento no puede establecer el precio del metro cúbico de agua en más de 17,058 pesetas, una resolución del gobierno civil, efectuada el pasado diciembre, establecía esta cantidad en 20,32 pesetas el metro cúbico. El recurso, presentado por una empresa que se consideraba afectada, alegaba la ilegalidad del mismo en base a que superaba el incremento del índice de los precios al consumo.

El auto judicial lleva fecha del pasado 26 de julio. Pues bien, apenas transcurrido un mes desde aquella decisión, la Corporación metropolitana de Barcelona está estudiando la petición de la SGAB de aumentar nuevamente el precio del agua mediante un canon de 2,88 pesetas el metro cúbico.

El objeto de este incremento por parte de la corporación metropolitana -organismo que agrupa a veintiocho municipios del cinturón barcelonés y que preside el alcalde de Barcelona- sería el de financiar unas instalaciones realizadas en el término municipal de Abrera (Bajo Llobregat) por parte del llamado Consorcio de Abastecimientos de Agua del Río Llobregat, SA. Esta entidad, a pesar del nombre que lleva, no es sino una empresa privada con una ínfima representación de varias entidades locales, que forma grupo con la Sociedad de Aguas de Barcelona. Según se desprende de un dictamen emitido por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona José Ramón Parada Vázquez, tanto la constitución como las actuaciones del referido consorcio están llenas de irregularidades.

Por una parte, la suscripción de acciones del «consorcio» por las entidades locales que en él participan de Tarrasa, Sabadell y Martorell y la mancomunidad intermunicipal de Sabadell -Tarrasa no contó con los acuerdos corporativos pertinentes, ni con la preceptiva autorización ministerial.

En cuanto a su actuación, es de señalar que en 1976 el consorcio comienza a ejecutar a buen ritmo unas obras de gran envergadura, en el paraje denominado Can Moragues, junto al cauce del Llobregat, en el término municipal de Abrera, destinadas a la instalación de una planta de tratamiento de agua potable para abastecer a diversas poblaciones. El presupuesto total de las citadas obras asciende a 2.767.208.930 pesetas.

Irregularidades

Las obras en ningún momento han contado con los correspondientes permisos, por lo cual son contrarias a la ordenación urbana de la zona. La planta de tratamiento de agua no dispone de licencia municipal de apertura, no tiene autorización industrial y tampoco ha sido legalmente otorgada la concesión del caudal de agua que ha de tratarse en la planta.Tales obras han originado múltiples denuncias, especialmente por parte de los propietarios de las fincas colindantes con los terrenos del consorcio, ante la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental. Sin embargo, e incomprensiblemente, no ha habido respuesta de la Administración Por otra parte, el Consorcio está dirigido, en la actualidad, por el que hasta la fecha de su nombra miento fue comisario jefe de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental. Fue precisamente en esa época que el consorcio pudo realizar toda clase de obras dentro del río Llobregat y su zona de influencia. La única reacción conocida de la Comisaría de Aguas contra las actuaciones ilegales del consorcio fue la imposición de una multa por el leve importe de 10.000 pesetas.

Una de las obras que, según la corporación metropolitana, sería sufragada con el nuevo aumento de 2,88 pesetas el metro cúbico consiste, en una tubería de enlace Abrera-Barcelona, cuyo coste se cifra en varios miles de millones de pesetas. La citada tubería sería construida por la compañía Materiales y Tubos Bonna, SA, que también forma parte del holding de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. La citada fábrica, sin embargo, está construida en zona agrícola y, por tanto, sin licencia municipal posible, por lo que jurídicamente sería también susceptible de demolición.

En base a lo expuesto, de aprobarse un nuevo aumento de tarifas, la corporación metropolitana financiaría indirectamente las actividades de un grupo económico privado que, además, está afectado por graves irregularidades.

Durante años, la SGAB fue presidida por un amigo personal de Franco, Mariano Calvino de Sabucedo y Gras, uno de los muy pocos falangistas de primera hora que existieron en Cataluña. Jugó un papel destacado en relación a la presunta potenciación política del matrimonio de la nieta mayor del dictador con un miembro de la Casa Real. La amistad personal de Calvino con Franco situó a la SGAB en un lugar destacado.

Actualmente, la SGAB está presidida por Ricardo Fornesa Ribo, quien a su vez es secretario general de la Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro (la Caixa). En el Consejo de Administración ocupa también un lugar destacado Juan Antonio Andréu Bofill, quien en 1974 ocupara el alto cargo de director del gabinete de Presidencia del Gobierno con Arias Navarro.