Los islotes tributarios vasco y catalán pueden resultar perjudiciales
Los Estatutos de Autonomía ya aprobados (vasco y catalán) son islotes tributarios con un tratamiento distinto que pueden resultar perjudiciales para la solidaridad entre los españoles. Es una de las conclusiones de una reunión celebrada estos días cerca de Avilés sobre los aspectos financieros de las entidades autónomas.Para que la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas españolas se convierta en una realidad, hace falta, mediante cuotas de resarcimiento, elevar las proporciones de inversión que recibirían los territorios menos desarrollados desde la entrada en vigor de la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Por otra parte, es preciso aumentar la proporción de la inversión pública asignada a las zonas menos desarrolladas, con la finalidad de reducir paulatinamente los principales desequilibrios interterritoriales.
El curso sobre estudios presupuestarios y financieros de las autonomías se celebró la semana pasada en La Granda (Avilés), dentro de los seminarios de verano organizados por la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos.
A los cursos asistieron representantes de las consejerías de Hacienda de varias comunidades autónomas y altos funcionarios del ministerio de Hacienda. Vicente Querol, director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, dio una importancia excepcional a la regulación de fondo de compensación interterritorial, porque la LOFCA, que esboza dicha regulación, permite, pero no garantiza, la aplicación del principio de solidaridad.
Control interno
Santiago Herrero, director del curso e inspector de servicios del Ministerio de Hacienda, dedicó su intervención al control de la actividad financiera. Las comunidades autónomas deben dotar al órgano de control interno de unas estructuras y una titularidad que abarque, por lo menos, el dominio de la contabilidad y la información, personal especializado, independencia e inmovilidad de su titular. La organización del control interno debe responder a los criterios de máxima unidad y coherencia orgánica: autonomía funcional, paralelismo competencial subjetivo y objetivo con el órgano específico de control externo (Tribunal de Cuentas) y coordinación institucional en sentido vertical y horizontal. El control económico financiero externo corresponde al Tribunal de Cuentas, que ejerce sobre la comunidad las mismas funciones que le confiere la Constitución respecto al Estado, extendiendo su ámbito y acción a la hacienda de la comunidad y a todo el sector público autonómico.Antonio López Díaz señaló la exigencia de elaborar un sistema contable para la Administración Pública. Para ello será necesario homogeneizar las estructuras presupuestarias, los códigos y las clasificaciones de actividades económicas. La elaboración del modelo contable debe realizarse en dos etapas; en la primera, las comunidades autónomas realizarán su propio plan o elevarán sugerencias para elaborar el plan global, que será articulado, posteriormente, por el Instituto de Planificación Contable, en colaboración con la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales y la Intervención General de la Administración del Estado.
Reforma urgente
Para Francisco Sosa, profesor de la Universidad de Oviedo, la reforma de la Administración Pública es urgente y el proyecto de ley que se encuentra en las Cortes no es válido para la solución de los problemas actuales, Hoy, el cumplimiento de la coordinación entre las distintas haciendas no está asegurado suficientemente ni en los Estatutos de Autonomía ni en la LOFCA. La organización financiera de las comunidades autónomas requiere la armonización de los distintos regímenes fiscales, que deberán estar sujetos a la LOFCA. Sin embargo, los Estatutos de Autonomía ya aprobados (vasco y catalán) son islotes tributarios con un tratamiento distinto que pueden resultar perjudiciales para la solidaridad entre los españoles.
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