La comparsa del desarrollo: el caso andaluz / y 2

La actuación del sector público en Andalucía, consecuentemente con la primacía dada por la política, económica al crecimiento per se, ha carecido y carece de instrumentación compensadora en su triple dimensión de suministrador de servicios públicos, autoridad económica y fiscal y en su participación directa en el proceso productivo.La infraestructura, en general, mantiene su déficit en relación con la media nacional, y no hablemos del equipamiento en sanidad y enseñanza. La red de comunicaciones sólo se desarrolló en la medida de los requerimientos turísticos.

Como autoridad económica, se encargó de asignar a Andalucía un papel de proveedora de materias primas, mano de obra y de un mercado cautivo para los productos industriales del resto del Estado español.

Exceptuando los incentivos fiscales de los polos de desarrollo, que deben su fracaso principalmente a la falta de una acción económica coordinada del sector público que suministrara paralelamente la infraestructura necesaria, Andalucía, a igual que otras áreas subdesarrolladas, contó con menor o similar ayuda pública que las otras áreas industriales. Pero esto no sólo fue en el pasado, sino, lo que es peor, se mantiene en nuestros días.

Hoy, como el Gobierno reconoce en programa económico, existe una insuficiente atención a las exigencias del desarrollo regional. El único instrumento específico son las Sociedades de Desarrollo Industrial (Sodian para Andalucía). Pues bien, este instrumento de acción regional, de escasa dimensión financiera (la inversión prevista por Sodian para 1980 es de 3.795 millones de pesetas, cifra inferior a sólo el crédito oficial excepcional concedido a Altos Hornos de Vizcaya en 1978, por un valor de 4.500 millones), tiene serias limitaciones en cuanto a su actividad financiera: aún no se reglamentó su posibilidad de acceso a los préstamos de regulación especial de las cajas de ahorro ni a líneas especiales de crédito oficial, posibilidades reconocidas en los reales decretos de su creación. Y aún más, en su acción promotora se le exige una actuación de estricta rentabilidad económica a corto plazo, pues su participación accionaria debe ser minoritaria y temporal.

Por lo demás, la actuación del INI en Andalucía se limita a mantener su inmovilizado (4,2% del total nacional en 1975) en industrias contaminantes (ENCE en Huelva), «elefantes blancos» (AESA en Cádiz y Sevilla y Bazán en San Fernando) y servicios (Iberia, Butano y Artespaña), conservando también una congruente presencia testimonial en el sector minero.

Por vía del crédito oficial, los empresarios andaluces tienen en 1978 un saldo en cuentas de crédito por importe de 134.000 millones de pesetas, es decir, un 13,4% sobre el total concedido. Participación nada compensadora, pues Cataluña recibió el 12,3% y Madrid el 27,8% (2). Por la vía extraordinaria, tampoco disfrutó Andalucía de especial atención. El Instituto de Crédito Oficial ha concedido, entre otros créditos excepcionales, para damnificados de Vizcaya (1.050 millones de pesetas), Bazán (3.000 millones), Altos Hornos del Mediterráneo (8.000 millones), Ensidesa (11.000 millones), Altos Hornos de Vizcaya (4.500 millones), Echevarría (3.750 millones) y Babcok y Wilcox (2.200 millones).

El papel del sistema financiero

Como contrapartida al escaso apoyo oficial que recibe de la Administración central, Andalucía aporta su mano de obra y sus recursos financieros al desarrollo industrial de otras áreas del Estado El tradicional saqueo del ahorro andaluz queda confirmado con los datos del Banco de España sobre inversión bancaria regional, hasta ahora guardados celosamente y publicados por J. Muñoz, S Roldán y A. Serrano (3). Como apuntan sus autores, de cada cien pesetas captadas por la banca, se invirtieron al final del primer semestre de 1978: 74,7, en Andalucía; 143,3, en Madrid; 121,3, en Barcelona, y 180,5, en Bilbao. Datos más recientes indican que la proporción de los depósitos nacionales captados y de las inversiones son aún más desiguales: para Madrid, respectivamente, de 16,1% y 35,1%; para Barcelona, del 7,2% y 20,7%, y para Bilbao, de 4,4% y 7,4%. Respecto a las cajas de ahorro, de las que se desconoce su inversión regional, se puede estimar en base a sus aplicaciones obligatorias (60% de los recursos ajenos). Estas van destinadas a financiar viviendas, autopistas, obligaciones INI y los endeudamientos de las principales corporaciones locales (Madrid, Bilbao y Barcelona). Comportamiento que, con vistas al futuro, viene a consolidar la OM del 21 de diciembre de 1979 sobre la expansión regional, según la cual se mantiene el control de la penetración interregional en manos de las grandes cajas. Sólo podrán abrir libremente oficinas en su región o en capitales de más de 400.000 habitantes de fuera de la región diecisiete cajas de ahorro entre las cuales, cuatro son catalanas; cuatro, vasco-navarras; dos, gallegas, y dos, andaluzas (Ronda y Granada). Se legitima así la exclusividad del flujo financiero interregional a las grandes entidades de ahorro, que son, por este orden: Caixa y las Cajas de Madrid, Zaragoza, Aragón y Rioja, Barcelona y Valencia, todas ellas con más de 100.000 millones de pesetas de depósitos.

La financiación de las comunidades autónomas ofrece problemas de dos niveles distintos. En primer lugar, las indefiniciones existentes en la ley correspondiente respecto a la determinación de conceptos tales como porcentaje de participación en ingresos estatales, participación y dotaciones al Fondo de Compensación Interterritorial, etcétera. En cualquier caso, y como consecuencia del desfase temporal en la «carrera» autonómica de las distintas regiones, dejando aparte el tratamiento muy particular previsto para el caso vasco, puede determinar que por las indefiniciones señaladas sean las primeras comunidades autónomas las que, al precisar estos conceptos y al estar las arcas del Estado más repletas, sean las que de verdad tengan una cierta autonomía financiera, siendo las restantes regiones las que financien a las primeras en llegar.

El segundo grupo de problemas proviene de la existencia de un Estatuto de Autonomía para el País Vasco completamente atípico por la vigencia del régimen de conciertos, del cual disponemos de una experiencia reciente, como es el caso alavés, donde se especula con un superávit de unos 5.000 millones de pesetas. Tienen su origen también en la posibilidad de cesión a las comunidades autónomas de impuestos como el del patrimonio, que puede estar gravando elementos patrimoniales situados fuera del territorio de la comunidad al atender al domicilio fiscal del sujeto pasivo para afectarlo a una u otra región. Si tenemos en cuenta la concentración relativa de contribuyentes de otras áreas en centros como Madrid, Bilbao y Barcelona, podemos concluir que se puede ver reducida la capacitación recaudatoria de regiones como Andalucía, agudizándose aún más las desigualdades antes mencionadas.

Lo dicho aquí no corresponde sino a una rápida síntesis de aspectos parciales de algunos hechos referentes al tratamiento discriminatorio aplicado a Andalucía, pero que, sin duda, son relevantes para .mostrar el grado de dependencia económica y sumisión política de una región española con entidad cultural, ambiental y económica propia demostrada a lo largo de su historia y reconocida internacionalmente, que además cuenta con un potencia¡ humano superior al de cerca de cien naciones. (4).

Se ha tratado también de demostrar aquí que la explotación de Andalucía ha sido deliberadamente alentada y promovida por los poderes públicos centrales. Actitud que contrasta diametralmente con la seguida por los Gobiernos de otros países, reflejada, por ejemplo, en la ayuda permanente y masiva al sur italiano, o, más recientemente, en el plan francés para el Suroeste. Las decisiones que se adopten en la aplicación de la financiación de las autonomías permitirán probar la voluntad del Gobierno de dar un giro completo a la «contrapolítica» regional mantenida hasta ahora.

(2) La participación de Madrid posiblemente esté sesgada al alza por la localización de las sedes sociales en la capital.

(3) «La decadencia económica andaluza», en Tribuna Libre de EL PAIS, 6 de marzo de 1980.

(4) Véase UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics 1979, Nueva York, 1979.