Multa de 41 millones a Frigelsa por contrabando de carne

A 41 millones de pesetas asciende la multa impuesta por la Delegación de Hacienda de Lérida a la empresa Frigoríficos del Alto Urgel, SA (Frigelsa), acusada de contrabando de carne. Al mismo tiempo, en la Delegación de Hacienda de Barcelona comenzaban los trámites para realizar un nuevo juicio por exactas razones a la misma empresa, que podría llegar a alcanzar una multa de 161 millones de pesetas, según informaron altos funcionarios de Hacienda a este diario.

El juicio celebrado el pasado martes en Lérida estuvo presidido por el delegado de Hacienda, que asimismo ejerce las funciones de presidente del Tribunal de Contrabando. A él asistieron personalmente Francisco Javier Solé Pons, propietario de Frigelsa, así como su hombre de confianza, Ramón Fierro. Su abogado defensor fue Ignacio Rubio, hombre muy relacionado con la extrema derecha catalana, así como asiduo defensor del ultra Alberto Royuela. A lo largo del juicio, que se debía haber celebrado el pasado día 8 pero que fue suspendido por un intento de suicidio del culpable, Francisco Javier Solé Pons, se fue dando por hecho de que se trataba de carne de contrabando, sin que ningún abogado defensor pudiese demostrar lo contrario.La parte acusada sólo se supo defender diciendo que dicha carne, que fue encontrada el pasado mes de marzo en Frigoríficos Leridanos, SA, y que pasaba de los 68.000 kilos, había sido comprada a Sebastián Chías Grau, propietario de nueve paradas de carne en los mercados barceloneses, el cual recio muerto el pasado 6 de enero en el interior de su automóvil, en la autopista de Molíns de Rey.

Tras diversas investigaciones llevadas a cabo por la policía judicial, ésta intuyó que se trataba de un suicidio, pero nunca de forma concluyente. En defensa de éste apareció ante el tribunal su hermano Pedro, el cual no pudo aportar ningún dato importante en defensa de su hermano. Al parecer, Sebastián Chías era el que proporcionaba la carne ilegal a la empresa Frigelsa, la cual se ocupaba de venderla a bajo precio en el mercado español.

El hecho de que estos 68.000 kilos de carne, fuesen hallados en Lérida y no en la propia Frigelsa, que tiene su sede en Seo de Urgel, se debía a que la familia Solé Pons tenía absolutamente todos los frigoríficos repletos de carne, y por esta razón tuvieron que depositar la mercancía en un frigorífico de Lérida.

En ningún momento del juicio se pudo despejar la incógnita del trayecto que había llevado dicha carne. Tan sólo se pudo averiguar que su procedencia era de Nueva Zelanda, ya que tanto en las cajas como la propia carne, iban selladas. Asimismo, como testigo de Francisco Solé Pons, apareció Francisco López Molero, gerente de la empresa de transportes Molero, el cual era acusado de transportar la carne. Este fue defendido por el abogado barcelonés Juan Pique Vidal, consejero personal de Francisco Javier Solé Pons. Dicho abogado fue el que recomendó a la familia Solé Pons la presentación de tres suspensiones de pagos que ascendían a 732 millones de pesetas (véase EL PAÍS de 15 de julio de 1980).

Estas suspensiones de pagos afectan al 75% de la población de Seo de Urgel, y a un 90% de los ganaderos de la comarca del Alt Urgell. Asimismo, se han visto afectados numerosos bancos, como por ejemplo el grupo bancario Banesto, con 398 millones de pesetas; el Banco de Madrid, con 82 millones; la Caixa de Pensions, con 44 millones; Banca Catalana, con 43 millones, y Bankunión, con unos veinte millones. La empresa Frigelsa es la segunda en importancia de España, en cuanto a carné se refiere, y fue fundada por la familia Solé Pons, la cual, al mismo tiempo, posee numerosos negocios en la zona del Alt Urgell.

Pero, al mismo tiempo que la delegación de Hacienda imponía sentencia, la de Barcelona comenzaba todos los trámites para poder celebrar el próximo septiembre un nuevo juicio contra Frigelsa, y concretamente, contra su propietario. Francisco Javier Solé Pons, acusado por tercera vez de contrabando de carne. En esta ocasión se trata de veintitrés millones de pesetas en carne que entraron sin licencia en España por el puerto de Barcelona, pero con la intención de estar en territorio español en tránsito, ya que debían salir en un corto período de tiempo por Cádiz hacia un país suramericano.

Pero una vez descargada la carne, que también llevaba sellos de Nueva Zelanda, desapareció tras pasar varios días en un depósito frigorífico de Barcelona. En este caso, Francisco Javier Solé Pons deberá pagar una multa que podrá oscilar entre los 92 y los 138 millones de pesetas. De ello dependerá la defensa que pueda hacer el abogado defensor, siempre teniendo en cuenta que se trata de un caso de reincidencia, por lo que fuentes del Ministerio de Hacienda afirman a este diario que la multa está más próxima a los 138 millones que a los 92. Asimismo, Solé Pons deberá pagar los veintitrés millones del valor de la carne desaparecida.

A lo largo de este mes de julio, Francisco Javier Solé Pons pagó también a la Delegación de Hacienda de Barcelona una multa de 839.715 pesetas, impuesta el 27 de mayo de este año, correspondiente al expediente 290 de 1980, con las mismas acusaciones que en los expedientes anteriormente citados.