La oposición no logro modificar la filosofía de la ley básica de Empleo

Bajo la tónica general de la reivindicación por parte de la oposición de más extendidas, elevadas y duraderas prestaciones a los desempleados, y la respuesta rutinaria del partido gubernamental de que no existen medios económicos suficientes para atender estas demandas, el Pleno del Senado aprobó ayer el texto de la ley básica de Empleo. La modificación más importante sobre el texto del Congreso es fruto de la decisión adoptada por el grupo centrista -por votación y contra la opinión del ministro de Trabajo- sobre la duración de las prestaciones.

La sesión extraordinaria de la Cámara alta -convocada en período de vacaciones parlamentarias a petición del Gobierno y en trámite de urgencia- consumió ayer unas cinco horas en la discusión de los numerosos votos particulares y enmiendas, especialmente de los grupos de izquierda, encaminados a ampliar los efectos de un texto legal, inicialmente presentado por los socialistas del Congreso para compensar a los desempleados y al que Unión de Centro Democrático (UCD) dio la vuelta en el Congreso, de modo que sus proponentes lo calificaron de reaccionarlo, regresivo e injusto. En remedio del texto emanado del Congreso, los propios senado res centristas consiguieron modificar algún punto en la Comisión de Trabajo. El pasado miércoles, en la reunión interna del grupo centrista previa a la sesión plenaria, el ministro de Trabajo, Salvador Sánchez Terán, intentó, sin éxito, que el apartado tercero del artículo 19 volviera a la redacción que le dio el Congreso, según la cual se entendería por «ocupación cotizada aqueella en que, efectivamente, se realizó la cotización». (Dicha cotización se refiere a la realizada a la Seguridad Social y su importancia se deriva de que, las prestaciones a percibir están vinculadas a los períodos durante los que se cotizó.)

El grupo de senadores centristas votó mayoritariamente a favor del mantenimiento de la modificación introducida en la Comisión, que ayer fue ratificada por el Pleno de la Cámara. El nuevo texto señala que «en el supuesto de extinción del derecho a la prestación por realización de un trabajo de duración superior a seis meses, si la prestación anterior se hubiese percibido por un período de tiempo inferior al máximo al que tenía derecho, se conservará éste en la parte que le quede por percibir, pudiendo optar el trabajador, en caso de una nueva situación legal de desempleo, entre seguir percibiendo la prestación por el período de desempleo que le restaba o acogerse al nuevo período que hayan generado las cotizaciones efectuadas».

Otra modificación en el mismo artículo consiste en vincular la prestación por desempleo a los períodos de ocupación cotizada «en los últimos cuatro años anteriores a la situación legal de desempleo». Teniendo en cuentas estas alteraciones, la siguiente escala, aprobada por el Congreso y ratificada por el Senado, tiene un alcance más favorable para los perceptores de las prestaciones por desempleo:

Dentro de la filosofía general de UCD de rechazar las propuestas de la oposición encaminadas a regresar al espíritu inicial de la proposición de ley socialista, el Pleno del Senado aceptó algunas sugerencias, de entre las que destacamos las siguientes:

-Los trabajadores que hayan agotado las prestaciones y se encuentren inscritos en una oficina de empleo, tendrán derecho a las prestaciones médico-farmacéuticas de la Seguridad Social, siempre que no se les haya ofrecido colocación adecuada y no tengan derecho a dichas prestaciones por cualquier otra causa. (Propuesta de todos los grupos.)

- En 1980 se establecerá un nuevo sistema de ayuda al desempleo agrícola, forestal y ganadero, estableciendo prioridades para el trabajador agrícola con cargas familiares. (La referencia al desempleo forestal y ganadero fue fruto de una propuesta de Ramiro Cercós, del Grupo Mixto).

En cambio, no obtuvieron el apoyo de UCD, y por tanto fueron rechazadas, entre otras muchas propuestas, la defendida por Jaume Casademont (de Convergencia i Unió) para que fueran los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y preautonómicas los que pudieran formar sus propios institutos de empleo. El ministro de Trabajo dijo que este tema era objeto de las comisiones de transferencias, aunque el criterio aplicable sería que la política de empleo es de ámbito estatal. Asimismo, el intento del senador del Grupo Mixto José Luis Monge para que el Gobierno, en el plazo de tres meses, presentara un proyecto de ley para acabar con el pluriempleo en el campo laboral de la función pública, fue también rechazado.