La Generalidad explicará mañana oficialmente sus criterios sobre el uso público del idioma

Después de semanas de contactos con partidos y especialistas, mañana la Generalidad de Cataluña hará pública su postura oficial respecto al decisivo tema de la normalización del uso público de la lengua catalana. Tras ello, el Gobierno autónomo intentará presentar, conjuntamente con todos los grupos parlamentarios, un proyecto de ley autonómica relativo a dicha cuestión específica. Las únicas reticencias apreciadas por parte de los partidos catalanes provienen de los socialistas del PSC-PSOE, quienes, en principio, se oponen a la simple existencia de una ley de este tipo, cuya discusión parlamentaria acentuaría sus contradicciones, su bipolarización interna.

La redacción del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña permite la elaboración de una ley de normalización lingüística muy aceptable para la lengua catalana. El Estatuto declara, en efecto, «lengua propia» de Cataluña el catalán, evidencia que, en cambio, bajo la Segunda República sólo pudo ser reconocida legalmente, con esta misma fórmula, en el denominado Estatuto interior, elaborado por el Parlamento catalán en 1932.La postura de la Generalidad se mueve, pues, entre las amplias posibilidades legislativas -superestructurales- y una realidad estructural, de base democrática, menos atrayente desde un punto de vista de defensa de la lengua y cultura catalanas. En este mismo sentido, cabe considerar el deliberado abandono de la defensa de la lengua catalana llevado a cabo por Josep Tarradellas, en unos momentos en que hubiese sido posible conjugar masivamente, e incluso confundir, renacimiento cultural y lingüístico catalán con la construcción del conjunto de la democracia.

En este marco, la Generalidad parte de la base de que, actualmente, cada ciudadano residente en Cataluña tiene derecho a usar su lengua materna, sin capacidad para imponerla a los demás. El derecho a conocer el catalán será, por ello, sólo exigible cuando la persona considerada haya tenido la ocasión de aprenderlo. De ahí, en consecuencia, el carácter progresivo del proceso y el papel decisivo que corresponde a la escuela. Esta postura queda complementada con el reconocimiento explícito por la Generalidad del derecho de los adultos residentes en Cataluña a recibir de la Administración la ayuda precisa para poder dominar la lengua catalana. En síntesis, para la primera etapa de normalización, la cultura de la Generalidad, tal y como será anunciada mañana, es de bilingüismo pasivo, tanto a nivel público como privado.

Respecto al funcionariado presente en Cataluña, masivamente castellanohablante, la posición de la Generalidad será de escrupuloso respeto a todos los derechos adquiridos. Pero si las necesidades del servicio lo exigen, los funcionarios dependientes de la Generalidad deberán seguir cursos de catalán, impartidos gratuitamente y dentro del horario laboral.

Funcionarios preferentes

Por otro lado, la Generalidad manifestará que debe ser estrictamente respetado el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua, para lo cual, en la contratación de funcionarios por las instituciones autonómicas, será mérito preferente el buen conocimiento del catalán y del castellano. En la práctica; la Administración central ya considera el catalán un mérito preferente para los funcionarios que desean ser destinados a Cataluña.El criterio de la Generalidad, según expresará públicamente mañana, es que para el ingreso de funcionarios en Cataluña, en tareas que estén en contacto directo con el público, deba superarse una prueba obligatoria de conocimiento del catalán. Asimismo, los profesores de los niveles educativos de enseñanza globalizada deberán demostrar, un conocimiento correcto de ambas lenguas.

La Generalidad expresará su confianza en que las relaciones entre los ciudadanos catalanes y la Administración estatal en Cataluña podrán llevarse a cabo prioritariamente en catalán. La actual situación de hecho es absolutamente antagónica, ya que la inmensa mayoría del funcionariado desconoce este idioma, por proceder de otras zonas de España.

La institución autonómica catalana expresará también mañana su voluntad de potenciar la labor del «servicio de normalización del uso oficial del catalán» y el «servicio de asesoramiento lingüístico», ambos de la Consejeria de Cultura y medios de comunicación social. Estos servicios colaborarán en las tareas de corrección de textos, traducción y asesoramiento general, en relación tanto a entidades como a particulares.

Señales de tráfico

Otras medidas de orden menor también serán regularizadas de forma inmediata. Se refieren a la rotulación y señalización prioritariamente en catalán de los servicios dependientes de la Generalidad (como son los sanitarios y los de transporte, entre otros). Asimismo, la Generalidad usará únicamente el catalán en sus comunicaciones con la Administración periférica del Estado en Cataluña, que sólo de ser preciso podrían ir acompañadas de una versión castellana. En las comunicaciones a ciudadanos particulares, la Generalidad usará el catalán, con la excepción de hacerlo en castellano cuando éste deseo se manifieste expresamente.Hasta ahora se ha dado un amplio acuerdo sobre estos puntos por parte de la mayoría de partidos catalanes. La única reticencia formal es la socialista. Esta opción política -así como, aun en mayor grado, la UGT- ve con prevención el tema, por cuanto cuenta con una aguda división interna entre catalanes e inmigrantes.