Nuevos gobernadores civiles en 22 provincias

El Gobierno acordó ayer una amplia combinación de gobernadores civiles, que afecta a veintidós provincias españolas, mientras que continúan pendientes los nombramientos de delegados gubernativos en las comunidades autónomas vasca y catalana. El secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, no quiso hacer comentarios a la pregunta sobre «si el Gobierno ha verificado» la posición de la Junta de Jefes de Estado Mayor, contraria a la proposición de ley de aplicación de la amnistía a los militares expulsados de la Unión Militar Democrática (UMD), y anunció una próxima declaración del ministro de Defensa.Sobre este tema, Meliá puntualizó que algunas referencias a supuestas presiones no son correctas. Reconoció que el ministro de Defensa ha compulsado la opinión y que en algunos sectores militares no existe entusiasmo sobre la proposición de ley suscrita por varios grupos parlamentarios, entre ellos el centrista. Meliá añadió que el futuro de la proposición está en el ámbito parlamentario, si bien estimó posible la introducción de modificaciones en su texto

El secretario de Estado para la Información destacó del Consejo de Ministros, iniciado a las once de la mañana y concluido poco después de las siete de la tarde, junto a la amplia combinación de gobernadores civiles y el nombramiento de Alejandro Nieto como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sendos informes del ministro de Hacienda, sobre la situación presupuestaria, y del de Eduación, sobre la enseñaza general básica.

Josep Meliá se refirió también al informe del ministro del Interior sobre el terrorismo de ETA y el de extrema derecha. En relación con este último, aludió a las gestiones realizadas cerca de las autoridades italianas sobre los contactos detectados recientemente en Cataluña entre ultraderechistas españoles e italianos. En torno a la delincuencia común, el portavoz gubernamental destacó la opinión del Gabinete sobre los beneficios de la aplicación de la reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El portavoz del Gobierno negó que el Consejo de Ministros se hubiera ocupado del posible pacto con la Minoría Catalana, «cuestión que corresponde a los rectores del partido», dijo, «y de la que el Gobierno sólo puede resultar afectado». Reiteró la voluntad gubernamental de modificar la adscripción de RTVE, pero estimó que previamente es preciso que «el tema se desbloquee parlamentariamente ».

Sobre la situación de los gitanos, Meliá expresó el apoyo del Gobierno a los derechos de estos ciudadanos y a su no discriminación. Declaró que el Gobierno conocía el entrenamiento de la futura policía vasca, «pero no desde la perspectiva que se le ha dado a este tema».

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