La falta de dinero hace ineficaces los centros de promoción de la salud

Los cuatro primeros centros de salud programados por el Ayuntamiento de Madrid están ya en funcionamiento, aunque de forma más que precaria, después de los actos protocolarios del jueves y el viernes, en los que el concejal responsable de la sanidad municipal les dio el banderazo de salida. Sin embargo, con el enfrentamiento político que han protagonizado los centros de promoción de la salud como fondo, esos nuevos centros -situados en los centros asistenciales de los distritos de Tetuán, Vallecas, Chamberí y Latina-, que pretenden conseguir una ciudad preventivamente más sana, van a permanecer como un invento sin aplicación directa, en tanto en cuanto no cuenten con el dinero suficiente para su desarrollo, dinero que les ha de llegar por la vía del presupuesto ordinario del ayuntamiento.

Los centros de salud comunitaria surgieron a la luz pública, como idea, al poco de tomar posesión de la alcaldía de Madrid José Luis Alvarez y posteriormente preincluido en el programa político de UCD para las elecciones municipales de 1979. Su impulsor fue el, en aquel momento, delegado de Sanidad del ayuntamiento, Manuel Evangelista, quien después pasaría a desempeñar un cargo de director general en el ministerio del ramo.Pero la estructura de los nuevos centros de salud tenía que pasar necesariamente por una reestructuración de las plantillas de médicos de la beneficencia municipal, para ajustarlas a las nuevas necesidades que se iban a crear. Los centros de salud habían de afrontar, según el nuevo esquema, las campañas de educación sanitaria y vacunación, la asistencia social en el distrito en que se ubicaran, la puericultura y la protección a la madre durante el embarazo, la planificación familiar, la medicina interna y el diagnóstico precoz del cáncer y la orientación de la salud mental de los ciudadanos.

En el organigrama de la beneficencia municipal existían veintiuna plazas de médicos que se encontraban sin cubrir y que, según podía calcularse, no iba a ser necesario cubrir nunca, habida cuenta de la estructura de funcionamiento de la asistencia médica municipal. Para poder dar entrada a nuevos profesionales sin necesidad de aumentar, aunque sólo fuera nominalmente, la plantilla de los facultativos dependientes del ayuntamiento, éste propuso a la Administración central que aceptara un cambio de asignación profesional de esas veintiuna vacantes de médicos y fuera posible contratar a seis ginecologos, siete psiquiatras y ocho psicólogos que se encargaran de realizar las funciones encomendadas a los nuevos centros.

Pero la recalificación de los puestos de trabajo, unido a que se aumentaba en una hora -de dos a tres- el horario de trabajo de los médicos, hizo que éstos pusieran el grito en el cielo. Además, el nombramiento de un técnico de salud comunitaria que coordinara la actuación de los distintos servicios del centro hizo que vieran en él una especie de comisario político que controlara la actividad profesional de los médicos de los centros de salud.

Por otra parte, el hecho de que los centros de salud se configuraran también como centros de planificación familiar hizo que los médicos sospecharan (ante una posible negativa a la utilización de drogas) de que fueran obligados a imponer los dispositivos intrauterinos (DIU), considerados como abortivos por una buena parte de la clase médica.

El Colegio de Médicos, gobernado por la extrema derecha después de las elecciones celebradas el día 9 de este mes, ha tomado parte en el tema, en defensa de los médicos que se oponen a los centros de salud aunque sólo sea en base a sospechas. Incluso ha llegado a amenazar a los médicos que trabajen en los centros con la retirada del carné profesional, que equivale a la inhabilitación, por espacio, de cinco años.

El concejal de Sanidad del ayuntamiento, Juan Francisco Pla, aseguró reiteradamente que no habría ningún tipo de interferencia política en la actuación profesional de los médicos, y que a nadie se le obligaría a la colocación de un DIU.