Los afectados de Promocisa no renuncian a reclamar responsabilidades

Los casi 3.000 afectados por el caso Promocisa están dispuestos a aceptar cualquier tipo de solución que conduzca directamente a la terminación de sus viviendas, aunque no por ello renuncian por anticipado a ejercitar, una vez concluida la construcción, las reclamaciones de responsabilidades civiles y penales que, según ellos, se desprenden de la actuación de los tres componentes de la sociedad, según pudo saber ayer EL PAIS de fuentes próximas al consejo de afectados.Promocisa, una empresa inmobiliaria que, con anterioridad, había construido urbanizaciones de la importancia del Parque de Lisboa, en Alcorcón, dejó sin terminar 2.915 viviendas en tres urbanizaciones: Parque de La Coruña, en Villalba; Parque de Cataluña, en Torrejón de Ardoz, y Parque Estoril, en dos fases, en Móstoles. El motivo del incumplimiento de los compromisos con los compradores de los pisos residía en la falta de liquidez de la sociedad para atender a la construcción de las nuevas promociones, que venía dada por la inversión de las cantidades entregadas a cuenta por los compradores en la adquisición de nuevos solares. A resultas de ello, Promocisa se enfrentaba a un pasivo de 8.140 millones de pesetas que no era absorbible por su activo, totalmente irrealizable a corto plazo, de 10.508 millones.

Además de insistir en la consideración de que existió estafa en la gestión de Promocisa, los compradores afectados por la no construcción de esas casi 3.000 viviendas intentan, por medio de las negociaciones entabladas entre las partes implicadas -bancos, compañías aseguradoras, compradores y la propia sociedad-, con la mediación de la Administración central, conseguir la terminación de las viviendas.

La posible solución al tema, presentada por las compañías de seguros en la reunión mantenida el jueves pasado en la sede de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y fruto de anteriores negociaciones a título privado, propone que la gestión del patrimonio de Promocisa para la total terminación de las viviendas pase a manos de un consorcio, en el que se integren todas las partes interesadas, bajo la tutela del Estado. El punto de discrepancia de esa solución parece estar en la posibilidad de que el patrimonio sobrante, una vez concluida la construcción de las viviendas, sea cedido al Estado, cosa esta que no aceptan los representantes legales de Promocisa.

A partir de ahora, una vez abierta la vía del arbitraje gubernamental en el tema, las negociaciones habrán de sucederse hasta encontrar una solución que, sin pasar por el juzgado de guardia, contente a todas las partes, independientemente de que, al final de ese proceso negociador, los compradores de viviendas decidan reclamar las responsabilidades.