Numerosos bancos, afectados por tres suspensiones de pagos de Frigelsa

Como consecuencia de unas amplias investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda, se descubrió a finales del año pasado unas fuertes importaciones clandestinas de carne procedente de Nueva Zelanda y Argentina. Uno de los principales implicados era el empresario catalán Francisco Javier Solé Pons, propietario de Frigelsa (Frigoríficos del Alto Urgel, SA), el cual, tras ser multado por más de 188 millones de pesetas, presentó tres suspensiones de pagos, afectando a numerosos bancos, así como al 90% de los ganaderos de la comarca del Alt Urgell.

A mediados de 1979, el Ministerio de Hacienda iniciaba una investigación sobre la posible entrada de carne de forma clandestina procedente de Nueva Zelanda y Argentina, países con producción excedente. Esta investigación estuvo motivada al aparecer en los mercados de Barcelona, Madrid, Valencia e Ibiza carne a precios muy bajos. Una vez concluida la investigación, aparecieron como presuntos implicados Jaime Pinol Arumi, Augusto Babot (propietario de la empresa Ateca, de Valencia), Juan Antonio Medina, Antonio Martínez, Francisco Molero (propietario de Transportes Molero) y Francisco Javier Solé Pons. Pero, una vez sacadas estas conclusiones, el caso quedó en situación de impasse hasta que en la madrugada del 6 de enero de este año apareció muerto en el interior de su automóvil Sebastián Chías Grau, propietario de nueve paradas de carne en los mercados del Ninot y de Sant Antoni, de Barcelona. Según uno de los abogados de Francisco Javier Solé Pons, éste le proporcionaba carne a su cliente tras haberla comprado a la empresa Ateca, de Valencia, que era quien la importaba. Al parecer, el dueño de esta empresa, tras las investigaciones de Hacienda, huyó a Guinea.Sebastián Chías Grau murió víctima de un disparo que le penetró por la parte superior del oído izquierdo, saliendo la bala por el oído derecho. El tiro fue efectuado con su propia pistola, que, según explicó su familia a este diario, acostumbraba a llevar, ya que solía salir muy de madrugada de su casa y con importantes cantidades de dinero. Tras diversas investigaciones llevadas a cabo por la policía judicial, ésta intuyó que se trataba de un suicidio, pero nunca de forma concluyente, por lo que se dejaba una puerta abierta a la duda. Asimismo, la familia Chías Grau descartaba ante este diario la posibilidad de un suicidio, argumentando que Sebastián Chías no era zurdo y, por tanto, que era un tanto difícil que se hubiese disparado él mismo.

Coincidentemente, tras la aparición del cadáver de Chías Grau, las investigaciones de Hacienda sobre el posible contrabando de carne siguieron adelante, descubriendo, entre otras cosas, que el empresario Francisco Javier Solé Pons llevaba doble contabilidad en su empresa, Frigelsa, y, como primer paso, le impusieron una pequeña multa de 500.000 pesetas. Más tarde le ponen dos más, que tendrá que pagar a finales del presente mes la primera y a principios de septiembre la segunda, por un importe de 74 y de 114 millones, respectivamente.

Ante estos hechos, Francisco Javier Solé Pons se desplaza a Barcelona en busca de un abogado. Tras varios rechazos, acepta el caso el abogado Juan Piqué Vidal, recomendándole la presentación de tres suspensiones de pagos: una, que afecta a Frigelsa, por valor de 335 millones de pesetas; la segunda, a su propia persona, por valor de 322 millones, y la tercera, a su madre, María Pons, por valor de 75 millones de pesetas.

Como segundo paso, Francisco Javier Solé Pons vende las Instalaciones Agropecuarias de Hostelets a la familia andorrana Molines Cardelus por más de cien millones de pesetas. Estas instalaciones fueron compradas hace unos años por Solé Pons a la familia Roca, propietarios de Radiadores Roca, por diecisiete millones de pesetas. Asimismo, Francisco Javier Solé Pons realiza ventas ficticias de sus tierras, poniéndolas a nombre de familiares de su madre de la Cerdaña y especialmente a nombre de su amigo Ramón Fierro, el cual había comenzado a trabajar desde muy joven con la familia de Solé Pons como ayudante de matadero. Pero estos traspasos son rápidamente descubiertos por los inspectores de Hacienda, que se personan inmediatamente en Seo d'Urgell para entrevistar a los nuevos propietarios.

Las mencionadas suspensiones de pagos afectan a un 70% de la población de Seo d'Urgell y a un 90% de los ganaderos de la comarca del Alt Urgell. Asimismo afectan de forma muy especial a numerosos bancos. Por ejemplo: el grupo bancario Banesto, con 398, millones de pesetas; el Banco de Madrid, con 82 millones; la Caixa de Pensions, con 44 millones; Banca Catalana, con 43 millones, y Bankunión, con unos veinte millones.

Frigelsa, un negocio familiar

Además de la empresa Frigelsa, Francisco Javier Solé Pons es propietario de un matadero, de varias granjas en Lérida, del hotel K-05, de Seo d'Urgell, así como concesionario en esta misma población de Seat, Ebro y Ford. La empresa Frigelsa, la segunda en importancia de España en cuanto a carne se refiere, fue fundada por el padre de Francisco Javier y por un hermano de éste. En aquel entonces la empresa era muy pequeña y lo siguió siendo hasta que el padre dé Solé Pons murió, hace unos quince años, y pasó a dirigirla su hijo Francisco Javier, el cual, como primer paso, apartó a su tío de la empresa. La familia Solé Pons consta de cuatro hermanos. El mayor, Francisco Javier, de 36 años, que es el que se ocupa de los negocios con la colaboración técnica de su hermano Joan, que es veterinario. Los dos hermanos restantes, Clemens e Inmaculada, están completamente al margen de los negocios. Clemens es abogado y trabaja en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, e Inmaculada es todavía menor de edad. Junto a Francisco Javier desempeña un papel muy importante su madre, María Pons, la cual es la principal consejera de su hijo.En estos momentos, Francisco Javier se encuentra bajo tratamiento médico tras haberse intentado suicidar el pasado día 8, cuando debería haberse presentado ante el tribunal de contrabando de la Delegación de Hacienda de Lérida acusado de tráfico ilegal de carne. Por esta razón, el juicio ha quedado aplazado hasta el próximo 29 de julio.