La sobrecarga ilegal del camión cisterna que explosionó en los Alfaques era fácilmente evitable

Hoy se cumplen dos años del accidente ocurrido en el camping de Los Alfaques, en Tarragona, donde la explosión de un camión cisterna cargado de propileno causó 215 muertos y 67 heridos de diversa consideración, que, en la mayoría de los casos, todavía deben recibir cuidados médicos periódicos. Dos de los fallecidos no pudieron ser identificados. El juicio oral del caso se celebrará, probablemente, el próximo año judicial. La cisterna que hizo explosión a las dos y media de la tarde del 11 de julio de 1978, en el kilómetro 159,400 de la carretera nacional 340, fue cargada en la factoría de Enpetrol de Tarragona, de donde provenía, con 23.470 kilogramos de propileno chemy, mientras que su capacidad era de 19.350 kilogramos, según se encuentra acreditado en el sumario instruido a raíz de la catástrofe, como informó EL PAIS en enero de 1979.

De acuerdo con diversos peritajes, la causa del accidente se derivó del sobrellenado, que, unido a las condiciones climatológicas del día, soleado de verano, produjo «sobrepresión por desaparición de la fase gaseosa del fluido». Un informe pericial firmado por los ingenieros industriales Javier Busquets Fontgibell, Manuel J. Cisterio Bahima y Bartolomé Sigales Pueyo, en representación del Colegio de Ingenieros, dice que, «dadas las características de rigidez de la cisterna y la cantidad cargada en la misma, ésta es la probable causa del fallo».En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal recoge estos extremos y dice que «por los efectos de la alta temperatura del día se produjo un aumento paulatino del volumen del líquido, que elevó la presión interior de la cisterna y que, al carecer de válvulas de seguridad, inevitablemente, en tiempo previsto pericialmente, produjo una fuga en la generatriz inferior de la cisterna». La fuga «hizo saltar la rueda de repuesto, cuya huella quedó marcada en la carretera y, a poco menos de cien metros más de recorrido, kilómetro 159,400, explosionó».

En enero de 1979 fueron procesados seis altos cargos y técnicos de las empresas Cisternas Reunidas y Enpetrol como presuntos responsables del accidente. El auto de procesamiento fue dictado por el titular del juzgado número 2 de Tortosa, Agustín Ferrer Barriendos. contra Sócrates Argüelles Domaica, director gerente de la empresa Cisternas Reunidas. SA, Alfonso Hernández Sánchez, ingeniero industrial y director técnico de dicha empresa; Alfredo Ortí Noe, ingeniero industrial y director de la factoría de Tarragona de Enpetrol; Francisco Molinos Ortega, ingeniero industrial y jefe de seguridad de la mencionada factoría; Alfredo Marco Rodríguez, técnico de seguridad de Enpetrol, y José Villalba Parra, empleado de esta empresa. El auto decretó libertad provisional para los seis procesados, cuatro empleados de Enpetrol, empresa estatal propietaria del propileno que produjo la explosión, y dos altos cargos de la empresa privada propietaria del camión que transportaba el líquido explosivo de Tarragona a Puertollano.

Anomalías en la cisterna

La agencia Efe ha tenido acceso a la primera declaración prestada ante la autoridad judicial por uno de los procesados en la causa, Alfredo Marco Rodríguez, asesor de seguridad de Enpetrol. La declaración dice textualmente en uno de sus párrafos: «Su señoría le pregunta si desde el punto de vista técnico podía ser racionalmente previsible lo relativo al peligro que puede conllevar una sobrecarga del propileno de autos, y responde que es algo que podía haberse previsto.Por otra parte, el dictamen pericial firmado por los tres ingenieros mencionados se refiere a ciertas anomalías detectadas en la cisterna. Se dice, entre otras cosas, que su volumen real, «a partir de los planos constructivos, se ha calculado en 44.416 litros, cantidad que difiere en más del 1% de la capacidad nominal de 45.000 litros». Se añade que «los procedimientos de soldadura aportados por el constructor, algunos de ellos homologados en fecha posterior a la construcción de la cisterna, no corresponden a las soldaduras realmente efectuadas», y que «los soportes exteriores que unen el recipiente con la infraestructura rodante y elementos de engahche al tractor no estaban realizados de acuerdo con la buena práctica para la construcción de cisternas de este material». En cuanto a cómo fue posible que la carga se efectuara «sin dejar el suficiente volumen libre de seguridad» en el interior de la cisterna, el fiscal dice, en su escrito de conclusiones provisionales, que «el servicio de cargadero carecía de contador, no poseía parada automática de llenado ni sistema compresor que permitiera eliminar posibles excesos de carga en circuito. La eventualidad de sobrellenado», afirma seguidamente, «sólo podía ser constatada en báscula a la salida de la factoría, por la diferencia de peso en tara y peso en carga, y remediada mediante decisión del conductor, exigiendo la destrucción del exceso a través de antorcha».

José Villalba, otro de los procesados, persona que solía intervenir en las operaciones de carga, dijo que «el tope de llenado es distinto para cada cisterna y que el cargadero no tiene constancia de la cantidad de líquido suministrado, ya que no tienen en esta sección un medidor de fluido».

Francisco Molinos Ortega, jefe de seguridad de la factoria de Tarragona, también procesado, declaró ante el juez instructor que «el que determina en el cargadero la carga que desea es el chófer de la cisterna, por cuanto que es a él a quien le consta la capacidad, pues todas las cisternas no son iguales». Molinos dio dos razones para que «no se haya adoptado medida de seguridad sobre la capacidad de las cisternas»: que no hay normas concretas sobre la medición de la carga y que hasta el momento no parecía exigir una mayor seguridad al sistema aplicado. Alfonso Hernández Sánchez, director técnico de Cisternas Reunidas, SA, dijo que los conductores desconocen las circunstancias de una sobrecarga en la cisterna, por no ser técnicos en la materia; pero posteriormente afirmó que «no ignoran las consecuencias posibles».