215 muertos y 64 heridos, balance de la tragedia

El 11 de julio ocurría cerca de San Carlos de la Rápita, provincia de Tarragona, una de las tragedias de tráfico más estremecedoras que se recuerdan, al hacer explosión un camión-cisterna cargado con 43.000 metros cúbicos de propileno -gas muy inflamable- en el momento en que éste circulaba por una carretera lindante con el camping Los Alfaques, lleno en esas fechas a rebosar. sobre todo de turistas europeos. A la explosión de la cisterna se añadieron los estallidos en cadena de las bombonas de butano y depósitos de gasolina de los coches aparcados. La violentísima deflagración y posterior lluvia de fuego produjeron la muerte instantánea de 103 personas.En días posteriores, los heridos graves fueron engrosando la lista hasta un total de 215 muertos y 64 heridos, cifra que parece ser el balance final de la catástrofe. Un año después habían sido identificados todos los cadáveres excepto dos, a pesar de la dificultad que supuso el estado de los cuerpos, completamente destrozados y diseminados en un área de 150 metros.

Los doce abogados de la acusación han pedido un total de 2.410 millones de pesetas de indemnización, si bien la cifra es provisional, ya que la cuenta de gastos de los heridos todavía no ha sido cerrada. La empresa Empetrol hizo entrega de 1.200 millones en enero de 1979 para responder de la fianza provisional inicial, que fijó el Juzgado de Tortosa; Cisternas Reunidas tuvo que ser embargada para responder a costos de novecientos millones, ya que los trescientos millones restantes fueron satisfechos.

A raíz de¡ accidente de Los Alfaques, el Consejo de Ministros dictó, con fecha 29 de diciembre de 1978, una serie de normas dirigidas, entre otros aspectos, a la realización de un plan de redes arteriales y vías de circunvalación, una reglamentación más estricta para los conductores -con unos cursillos especiales de formación, encomendados a la Dirección General de Tráfico-, nuevas normas de carga y descarga, plan de inspección de las cisternas, etcétera. La Dirección General de Tráfico, por su parte, prohibió estos transportes durante sábados y festivos, y dictó otras disposiciones de vigilancia y control.