Las autoridades buscan una solución al problema de los túneles del Tibidabo

El gobernador civil, el presidente de la diputación y el alcalde de Barcelona se reunieron para buscar una posible solución al delicado tema de los túneles del Tibidabo. Estos túneles -en proyecto desde 1957 y en construcción entre 1971 y 1976- están destinados a unir la ciudad de Barcelona con la comarca del Vallés, atravesando la sierra de Collcerola, cuyo pico más destacado es el Tibidabo, situado al noroeste del casco urbano. El de mayor longitud sería de dos kilómetros y medio.

Respecto a la reunión, la oficina de prensa de la diputación indicó que «se decidió no aprobar la liquidación de presupuestos de los años 1975 al 1979, ni el presupuesto de 1980 del Consorcio de los Túneles del Tibidabo». Este organismo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona -un 73%-, la diputación provincial -un 24%- y la corporación municipal metropolitana -un 3%. Lo preside el gobernador civil.En cambio, fuentes próximas al gobierno civil se mostraban optimistas respecto al hallazgo de una solución, que desde luego pasa por una fuerte contribución del Estado. Estas fuentes precisaron que en diez días estaría elaborado un nuevo presupuesto en el que se especificarían, puestos al día, los intereses, porcentajes y detalle de gastos que corresponden a cada organismo consorciado, con el fin de, a continuación, negociar la liquidación de sus responsabilidades económicas con la empresa concesionaria. Este problema configura uno de los mayores desaguisados heredados por Barcelona del franquismo. Como en tantos otros grandes proyectos de infraestructura de Cataluña, el primer interés económico afectado es el del grupo Banca Catalana, cuyo principal accionista es el actual presidente di2 la Generalidad, Jordi Pujol.

En 1967, siendo alcalde Porcioles, las obras y la posterior explotación privada de los túneles a construir, fue concedida, en un controvertido concurso, a la empresa Túneles y Autopistas de Barcelona, SA (Tabasa), de la que actualmente es accionista mayoritario el grupo Banca Catalana, a través del Banco Industrial de Cataluña, en delicada situación, y su empresa Infraestructuras, SA. El registro mercantil indica el nombramiento, enjunio de 1970, del actual diputado Miquel Roca Junyent como representante legal de Tabasa. Profesionalmente, Roca compartió en el pasado un importante despacho con Narcís Serra, dedicado a temas urbanísticos privados.

Las obras, paradas

Desde hace más de cuatro años las obras de construcción de los túneles están totalmente paradas. Las inversiones ya efectuadas por Tubasa serían de alrededor de 4.000 millones de pesetas, a los que se deberían añadir importantes cargas financieras. La recuperación de estos desembolsos es vital para el grupo de Banca Catalana, según indicaron diversas fuentes financieras catalanas. De ahí uno de los grandes intereses favorables a un planteamiento inmediato del pago a la empresa concesionaria. que resolvería parte de los problemas de liquidez del grupo bancario.Las obras fueron paradas en 1976 porque el municipio barcelonés no podía aportar las contribuciones económicas a que se había obligado contractualmente el ayuntamiento de Porcioles. Formalmente, los actuales problemas concretos son fijar el montante de la cantidad por la cual pueden ser rescatadas por el sector público las inversiones realizadas y fijar el tipo de financiación que permita la conclusión de parte del proyecto (un eje en vez de tres), ya como obra pública y no como túneles y vías de peaje.

Principio de acuerdo

Posteriormente, Tabasa solicita la consignación en los presupuestos municipales y provinciales de las cantidades que contractualmente los entes locales se obligaron a entregar a la empresa. Pero estas solicitudes caen en saco roto, habida cuenta la total precariedad de los presupuestos municipal y provincial.En noviembre del pasado año, el alcalde Narcís Serra, tras una estancia en Madrid, manifestó públicamente que se había logrado un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para rescatar las obras realizadas por Tabasa mediante el pago de la correspondiente indemnización, que entonces se fijaba en unos 3.000 millones de pesetas. El alcalde añadía que las obras necesarias para la conclusión del túnel de Vallvidriera -del que ya existe la galería de avance que atraviesa toda la montaña- se llevaría a cabo con una aportación del 65% por parte del Estado, y el resto, el municipio.