"Operación Galaxia" y perplejidades jurídicas

No soy un técnico en cuestiones de justicia militar ni civil, por supuesto, pero no acabo de entender la «perplejidad jurídica» que ha hecho presa en uno de los letrados defensores de los dos oficiales del Ejército encartados en ese polémico juicio con nombre de película de ciencia-ficción. El que un capitán general de una región militar disienta de una sentencia dictada por un tribunal del Ejército no parece ser una extraña argucia legal que haya de ser buscada en la letra pequeña o en el pico doblado de alguna hoja de un código. Es la persona señalada por la ley para aprobar o rechazar dicha sentencia. Y si de perplejidades hubiera que hablar, no sería menor la sentida por innumerables ciudadanos de a pie ante la disparidad entre la pena nacida en el mencionado juicio y las que han recaído sobre otras espaldas menos notorias, pero indudablemente mucho más sufridas. Treinta y cuatro años de inhabilitación para ejercer la profesión de periodista por haber publicado un desnudo, por más pornográfico que éste pudiera ser, o seis años de cárcel por un artículo metiéndose con los indultos reales parecen dar suficiente base para que hasta un capitán militar pueda dar estado oficial a este manifiesto agravio comparativo y estimar insuficientes las condenas recaídas en los oficiales antes citados, y ello, sin «extravasarse en su disenso», como dice el letrado defensor en un original y delicioso eufemismo.Cuando EL PAIS publicó por vez primera el disentimiento del capitán general de la región militar madrileña respecto a la sentencia a la que nos estamos refiriendo, destacaba lo insólito de tal medida. Pues bien, me voy a permitir traer a colación otro caso similar, que, acaecido en pretéritos años - 1966-, si suscitó perplejidades jurídicas, no pudieron acceder a la Prensa, y las que llegaron a reflejarse en un periódico, provenientes de los estamentos civiles, fueron reprimidas con la contundencia y celeridad propias de la época. El diario fue secuestrado.

En 1965, el poeta canario Pedro Lezcano publicó un libro titulado Consejo de paz, aparecido con todas las bendiciones censoriales. Los poemas recibieron elogios en la Prensa nacional, entre ellos uno muy valioso de Gerardo Diego. El libro pasó más o menos inadvertido, como desgraciadamente suele suceder con la poesía por estos lares. Pero uno de los poemas contenidos en el mismo, que llevaba precisamente el título que había servido para darle nombre, Consejo de paz, fue considerado como injurioso para el Ejército por algunos ultras isleños, fruta que también se da en la isla de los plátanos. Había sido reproducido a toda página en unos de los más importantes periódicos de Gran Canaria, El Diario de Las Palmas, por un jovencísimo y casi meritorio periodista, Salvador Sagaseta, sin que el autor del mismo ni siquiera se hubiera enterado. Las protestas verbales y algunos injuriosos artículos contra el poeta llegaron hasta el entonces capitán general de la región, quien, ni corto ni perezoso, sometió el poema Consejo de paz a un consejo de guerra, paradoja que hubiera hecho las delicias de nuestro gran Unamuno. Fueron encartados en el juicio el director del periódico en el que se reprodujo el poema y el periodista que lo publicó.

La composición poética no pue de decirse que fuera un himno a la milicia, pero tampoco una injuria para el Ejército, y mucho menos con localizaciones geográficas concretas. Arranca de una supuesta guerra atómica mundial. «Llegará la hora cero de ser héroes cualquier día, cruzando cualquier calle». Aconseja al joven que olvide el viejo concepto heroico del corcel y la espada, que ya no serán necesarios en este tipo de guerra. «La nada entre los hombres» será decretada por "misteriosos contables". Pero el fragmento del poema que desencadenó las mayores iras fue el siguiente: Negación de los nombres / Negación de las frases. / Si no sois primavera, espuma o viento, / Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, / si el vendaval no sois, ni la semilla, ni la lluvia que nace de los mares, / usurpadores sois de las palabras / nobles y elementales.

Fácilmente se ve la tentación poética de jugar con la similitud entre las Fuerzas -con mayúsculas- por las que en todos los países se reconoce al Ejército y esas fuerzas negativas de la destrucción que en una guerra actuarán por el aire, el mar y la tierra, y que en tal caso están usurpando las palabras elementales, los nombres de los elementos naturales: viento, primavera, lluvia, semilla..., los elementos creadores del mundo. Celebrado el consejo de guerra en junio de 1966, el tribunal militar absolvió a los encartados, pero el capitán general disintió del fallo recurrió contra él al Consejo Supremo de Justicia Militar, que decretó la nulidad de las actuaciones. Al año siguiente se celebraba un nuevo consejo de guerra, pero esta vez se enjuiciaba también al poeta Pedro Lezcano. Fueron inútiles las alegaciones de los implicados, la nianifestación del autor del poema de que ni siquiera se había enterado de su reproducción en el periódico y las doctas explicaciones de escritores y catedráticos que trataban de hacer llegar al tribunal la diferencia entre una licencia poética, una metáfora y una injuria. El fiscal consideró a los encartiados -el director fue absuelto- culpables de un delito de injurias a los Ejércitos, previsto en el artículo 317 del Código de Justicia Militar, solicitando se impusiera al poeta Pedro Lezcano la pena de seis meses y un día, y al periodista Salvador Sagaseta, la de un año. Reunido el conselo de guerra en sesión secreta, dictó sentencia, confirmando la pena del primero y elevando la del segundo -ioh, perplejidad jurídica!- al doble de la solicitada por el fiscal.

A renglón seguido -era el 20 de junio de 1967- se publicaba en El D¡ario de Las Palmas un editorial sobre el caso, en el que se decía que la tal sentencia era «una prueba insólita de inseguridad hacia el orden y respeto a las normas que aseguran la convivencia en el futuro cle nuestra Patria», poco más o menos lo mismo que el letrado Stampa manifiesta en relación con el disentimiento de la causa de la que es defensor. Pero en aquellos tiempos no se tenía el derecho a dudar de que vivíamos en un Estado de derecho, y El Diario de Las Palmas fue secuestrado. Las «perplejidades jurídicas» no eran admisibles en la vida legal militar, ni en la civil, por lo visto.