Descubierto un desfalco de siete millones de pesetas en una empresa propiedad del PSC-PSOE

La comisión revisora de cuentas del PSC-PSOE informó a puerta cerrada al reciente congreso del partido de la existencia de un presunto desfalco en una empresa propiedad del partido y fundada para la financiación del mismo. Por su presunta implicación en el tema, el PSC-PSOE expulsó a un dirigente y un militante. Uno de ellos, entonces teniente de alcalde de Barberá del Vallés, desapareció súbitamente y, al parecer, se encuentra en Venezuela.

Pese a la importancia de la cuestión, la dirección del partido ha mantenido un absoluto silencio frente a sus propios militantes, hasta que la comisión revisora de cuentas investigó el tema. La empresa afectada, Caryn, SA (Comercial de Automóviles, Remolques y Náutica, SA), fue fundada por miembros de la antigua federación socialista catalana del PSOE, entre los que se encontraban Leandro Cerdán y José María Triginer, aunque de forma aislada, ya que la mayor parte de los integrantes de esta ejecutiva no estaban al corriente de este negocio.Más tarde, la comisión de unidad del PSC-PSOE, que redactó las bases de la fusión entre ambos partidos, tampoco trató el tema, pero al realizarse aquélla, Caryn, SA, pasó a pertenecer al PSC-PSOE, también con el desconocimiento de la mayor parte de la ejecutiva.

El escándalo salió a relucir dentro de la ejecutiva del PSC-PSOE cuando, de forma inesperada, ésta se encontró con que debía al PSOE estatal más de catorce millones de pesetas, cuando todos creían que se debían sólo 7.810.000 pesetas. A pesar de que esta diferencia no estaba justificada, se enviaron a Madrid 6.190.000 pesetas a cuenta de los catorce millones. Más tarde hubo un desembolso del PSC de trece millones de pesetas a Caryn, SA, que el PSC adelantaba en nombre del PSOE, a quien debían devolverse. El PSOE decidió ceder este dinero para poder pagar a los acreedores de Caryn, SA, ya que esto sucedía en plena campaña electoral y temían una posible campaña de desprestigio por parte de los acreedores.

La denuncia de los dos posibles estafadores fue llevada a cabo dentro de la propia comisión ejecutiva por Leandro Cerdán, secretario de finanzas en aquel momento, y José María Triginer, diputado y secretario de relaciones con la Generalidad, los cuales se han visto implicados en el tema sin tener ninguna responsabilidad directa, excepto la de permitir una desastrosa gestión de la mencionada empresa. Automáticamente, los dos presuntos implicados en la posible estafa o desfalco, Santiago Quintana, teniente de alcalde de Barberá de Vallés, y Antonio Paredes, militante de base del partido, fueron enviados a la comisión de conflictos y expulsados del mismo.

Indignación en el congreso

En el pasado congreso socialista, el tema fue denunciado por la comisión revisora de cuentas, y creó una gran indignación entre los delegados del congreso. Una vez leído el informe, Joan Reventós tomó la palabra para decir que la presunta estafa era real, que se seguía investigando y que los dos militantes implicados habían sido ya expulsados. Asimismo, añadió que aceptaba todo tipo de críticas por no haber detectado antes el desfalgo, pero que no aceptaba ningún interrogante respecto a la honorabilidad de José María Triginer y Leandro Cerdán.

En el momento en que se llevó a cabo el presunto desfalco, el presidente del consejo de administración era Leandro Cerdán, y tanto José María Triginer como Santiago Quintana y Antonio Paredes eran miembros del mismo, pero los que realmente se ocupaban de la gestión de Caryn, SA, eran estos dos últimos. Dicha empresa se dedicaba a la compra-venta de automóviles y a la compra-venta de terrenos en los términos municipales de Sitges y San Pere de Ribas. También tenían la intención de abrir en breve un nuevo establecimiento en Baricentro, importante centro comercial situado en el término municipal de Barberá del Vallés, localidad de la que el militante en, paradero desconocido era teniente de alcalde de Gobernación.

El principal local de Caryn, SA, que, por cierto, no fue hallada en el Registro Mercantil de Barcelona, se encuentra en el número 588 de la calle de Mallorca, de esta capital, pero desde hace un mes y medio sus puertas están cerradas, ya que han sido desahuciados por la empresa que les alquilaba el local -Ibusa-, después de ocho meses sin pagar el alquiler ni los recibos del agua y de laswuz, y de haber entregado Antonio Paredes, al responsable de la inmobiliaria un talón sin fondos de 200.000 pesetas contra una cuenta en el Banco Hispano Americano. También le debían el alquiler de ocho meses correspondiente al aparcamiento del edificio, que utilizaban para guardar coches y barcas.

Santiago Quintana llegó a Barcelona en el año 1975, tras haber residido varios años en Argentina, donde ya se dedicaba a la compraventa de automóviles. Al llegar se instaló en Ciudad Badía, ciudad-dormitorio eminentemente obrera, situada entre Cerdanyola y Barberá del Vallés, con su mujer y sus dos hijos. Al poco tiempo ingresaba en el partido socialista, se presentaba a las elecciones municipales y salía elegido como teniente de alcalde de Gobernación. Entre sus compañeros de ayuntamiento, y especialmente con el alcalde, el comunista Antonio Lobo, presumía de tener negocios tan rentables e importantes como Caryn, SA, y de vender terrenos, pero justificaba el vivir en Ciudad Badía diciendo que «en el fondo» se sentía identificado con los trabajadores.

Al año y medio de haber salido elegido desapareció sin dar ningún tipo de explicación al consistorio, llevándose alrededor de siete millones de pesetas, según se informó en el congreso socialista.

En estos momentos se encuentra, al parecer, en Venezuela, mi.entras que su mujer, argentina de nacimiento, y sus dos hijos siguen viviendo en Ciudad Badía.

Durante el pasado congreso socialista también se informó sobre unas deudas injustificadas, que ascienden a más de trece millones de pesetas, correspondiente a la revista L´Hora y al boletín del partido, L'Opinió.

También se dijo que, antes de la fusión, la federación catalana del. PSOE dio tres millones de pesetas a Ingemesa, empresa distribuidora del grupo Mundo. La entrega se llevó a cabo por tres miembros de la ejecutiva, sin conocimiento del resto.