Los nuevos órganos creados por la Constitución, esperanza para la consolidación de la democracia

Hasta ahora, la pervivencia de los usos jurídicos preconstitucionales y la inaplicación efectiva de la Constitución han contribuido de modo destacado a fomentar la falta de credibilidad en la democracia. El principal responsable de la iniciativa legislativa del Gobierno, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, afirma que «la Constitución ha introducido tantos cambios en la realidad jurídica española que, hasta que no se convierta en vida social, no se cumplirá». Para el ministro de Coordinación Legislativa, por muchas leyes que se hagan, sólo cuando los principios constitucionales hayan logrado arraigar en los hábitos sociales, la Constitución será una realidad eficaz.Las nuevas instituciones

Desde esta perspectiva, más que la letra de unas leyes que desarrollen la Constitución -con el peligro de que los desarrollos se impregnen de recortes y limitaciones-, será el funcionarmento vivo de las criaturas institucionales que dimanan de ella lo que contará con fuerza para arraigar en la sociedad la nueva legalidad. En el caso del Tribunal Constitucional, definido por su ley orgánica como «Intérprete supremo de la Constitución», su actividad suscita toda clase de esperanzas. Ya desde el acto de su constitución para elegir presidente y vicepresidente, los diez primeros magistrados del Alto Tribunal han convertido en realidad lo que el artículo primero de la ley predica respecto a su independencia «de los demás órganos constitucionales». No se han sentido atados por pactos políticos previos.

La innovación básica que el Tribunal Constitucional traerá a la vida social española -tras la experiencia republicana, que no tuvo tiempo de madurar, del Tribunal de Garantías Constitucionales- será la posibilidad de que se planteen jurídicamente cuestiones eminentemente políticas. El recurso de amparo, en defensa de los derechos y libertades, es pieza esencial de este engranaje. Puede plantearlo directamente la persona afectada, y entre los efectos que la resolución del Tribunal Constitucional es capaz de producir figura la «nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos».

La peculiar situación jurídica española por el desfase entre la legislación ordinaria y la constitucional, unido a la práctica viciosa de algunos órganos jurisdiccionales que continúan aplicando leyes obsoletas, puede producir una auténtica inflación de recursos de amparo. Fuentes jurídicas de toda solvencia han advertido que en el derecho comparado existe un índice muy alto de no admisión a trámite de demandas por parte de los tribunales de este carácter, que en el caso español podría acentuarse a causa de la falta de práctica en la interposición de este tipo de recursos. En todo caso, la inadmisión de las demandas de amparo -contra la que no cabe recurso alguno- está objetivada y tasada en la ley del Tribunal Constitucional, considerada por los especialistas como muy perfecta técnicamente.

Otra institución creada por la Constitución y muy importante para su correcta aplicación es el Consejo General del Poder Judicial, cuya ley orgánica regula el autogobierno del poder judicial y el nombramiento y régimen de su miembros, que compete al Consejo General. La reciente ruptura del consenso entre centristas y socia listas ha impedido el acuerdo parlamentario sobre los ocho consejeros que corresponde proponer a la Cámaras. En consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial no ha podido constituirse ni, por tanto, proponer los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden. La regulación de la justicia se completará en su día cuando se apruebe el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, actualmente en trámite en la Comisión de Justicia del Congreso. El proyecto de ley citado establece, entre otras líneas maestras, la plena independencia del poder judicial respecto al Gobierno y la Administración.

La arquitectura institucional del nuevo régimen se completa con otra ley orgánica ya vigente, la del Consejo de Estado, mientras que se encuentran también en tramitacion los proyectos de ley del Tribunal de Cuentas, del Estatut orgánico del ministerio fiscal y del Goblerno, de la Administración del Estado y de la función pública

45 leyes en un año

Durante los dos últimos períodos de sesiones, entre septiembre y junio, al margen de los crédito extraordinarios y la ratificación de convemos de segundo orden, han sido aprobadas por el Parlamento un total de 45 leyes, cuya iniciativa se distribuve así: treinta corresponden a otros tantos proyectos remitidos por el Gobierno a la Cortes Generales, trece son consecuencia de proposiciones de ley planteadas por el propio Parlamento (de ellas, cinco son de procedencia socialista: cuatro, centrista: una comunista; otra compartida por socialistas y comunistas: otra de Coalición Democrática,y una úlrtima a iniciativa del Senado) y dos proceden de la iniciativa originaria de las asambleas de parlamentarios del País Vasco y de Cataluña, que, tras el proceso de tramitación de los respectivos estatutos de autonomía, produjeron sendas leyes orgánicas.

De las leyes debidas a la iniciativa gubernamental cabe destacar, jurito a las ya citadas de carácter institucional, las que afectan más directamente al desarrollo de la Constitución, como la ley de libertad religiosa (pendiente de publicación en el BOE). caracterizada por su flexibilidad; la que regula la.s distintas modalidades de referéndum, ajustada según el Gobierno a la Constitución, pero impugnada por las fuerzas políticas autonomistas, especialmente enAndalucía; la que incorpora a los planes de estudio de bachillerato y formación profesional de primer grado el conocimiento del ordenamiento constitucional y la ley de la Defensa y la Organización Militar (todavía no publicada en el BOE), que establece las competencias de los distintos órganos del Estado en ma.teria de defensa nacional y especifica la estructura y funciones de las Fuerzas Armadas.

Por el carácter polémico que presidió su tramitación parlamentaria y la importancia social de los temas que regulan, resaltan tres leyes que reúnen la denominación cornún de estatuto: el de centros escolares, que será objeto del primer recurso de inconstitucionalidad contra una ley, planteado por los socialistas, el de los trabajadores, que dividió a la izquierda -socialistas a favor, comunistas en contra- durante los debates, y el de Radio y Televisión, para cuya vigencia efectiva es precijso el acuerdo UCD-PSOE. La imposibilidad de obtenerlo hasta ahora para elegir, por mayoría de tres quintos del Parlamento, los consejeros de administración de RTVE, puede inclinar al Goberno a rebajar este quórum, mediante la reforma de esta ley.

Entre otras leyes producidas por el Parlamento durante el último año legislativo figura la ley sobre fincas manifiestamente mejorables, que ya ha comenzado a surtir efecto sobre los propietarios de latifundios en Andalucía y Extremadura, que están percibiendo indicios de que si no mejoran sus explotaciones serán expropiados. La ley que crea el Consejo de Segur¡dad Nuclear tiene la importancia de que este órgano deberá informar sobre las nuevas instalaciones nucleares que se proyecten.

En sus respectivos ámbitos ofrecen interés la ley sobre el régimen jurídico del control de cambios; las reformas parciales del Código Penal -en materia de delitos relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación- y de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que reduce la discrecional idadjudicial para decretar la libertad provisional; el convenio europeo para la represión del terrorismo, hecho en Estrasburgo, y la carta social europea de Turín.

Entre las leyes que provienen de iniciativa parlamentaria, el máximo interés general corresponde a la de extracción y trasplantes de órganos (socialista), complementada con la de autopsias clínicas (centrista). Otras dos leyes de iniciativa-socialista afectan a las pensiones y asistencia a los familiares de españoles fallecidos a causa de la guerra civil y a la situación de los militares que intervinieron en ella. Los comunistas promovieron la ley sobre funcionarios de las corporaciones locales y a Coalición Democrática se debió la que reglamenta las encuestas electorales.

El criterio gubernamental en orden a la actividad legislativa es en este momento no contribuir al atasco del Parlamento, en donde está pendiente de tramitación la parte más importante de los paquetes de leyes remitidos por el ejecutivo desde el comienzo de la legislatura. Concretamente en las distintas comisiones del Congreso se encuentran penclientes de estudio para septiembre nada menos que veintiséis proyectos de ley, algunos de ellos tan trascendentes como el nuevo Código Penal, la ley orgánica del poder judicial, la de financiación de la enseñanza obligatoria, la del divorcio y la de seguridad ciudadana.

El Gobierno tiene conciencia de que las leyes importantes, especialmente las orgánicas, o se pactan con la oposición, fundamentalmente con el PSOE, o experímentan retrasos considerables. Ante la ingente cantidad de proyectos legales pendientes de discusión y de alcanzar el míninic, de consenso necesario, el Gabinete va a detener relativamente su capacidad de y va a dedicar este esfuerzo a contribuir al máximo grado posible de agilidad legislativa en las Cámaras. Previsoramente, el ministro adjunto para la producción legislativa optó por la denominación de Coordinación Legislativa, que se adapta mejor a la función que va a corresponder al equipo dirigido por Juan Antonio Ortega, con Manuel Villar Arregui y Carlos García Valdés como pn ncipales colaboradores. Los tres son personas aptas para intentar forzar el consenso, necesario en determinados temas y cada vez más difícil de alcanzar.

Para el caso improbable de que la tramitación parlamentaria se haga fluida, sobre la mesa de despacho del ministro adjunto para la Coordinación Legislativa hay diez anteproyectos, pendientes sólo de los últimos toques para someterlos al Consejo de Ministros y remitirlos a las Cortes Generales. Regulan el medio ambiente, la huelga (ley complicada y que requiere un «previo enfriamiento», según Juan Antonio Ortega), archivos y patrimonio documental, extranjería, consumidores, protección de la infancia y, menores, patrimonio artístico, a:rbitraje, patrimonio nacional y patrimonio del Estado.

Otra reserva legislativa reside en los grupos parlamentarios. En este momento, entre las proposiciones de ley pendientes de estudiar destaca la socialista sobre el defensor del pueblo, una de las instituciones creadas por la Constitución de 1978. Por su parte, el grupo centrista del Senado está dando los últimos toques a su Estatuto de Libertades Públicas. La agenda legislativa para septiembre está repleta.