El desconocimiento del acuerdo España-EFTA

Hoy se ponen en vigor las reducciones arancelarias pactadas entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA) en el acuerdo de Madrid de 26 de junio de 1979.La noticia ha recibido muy poca atención aunque el nuevo acuerdo comercial preferencial constituye un nuevo paso en la apertura exterior de la economía española inicida tímida pero ininterrumpidamente en los últimos veinte años de política comercial.

Es evidente que la gestación del acuerdo con los países de la EFTA no ha revestido la espectacularidad de otras decisiones de política exterior de toda la discusión que ha seguido a las declaraciones de Marcelino Oreja del 15 de junio, anunciando el ingreso de España en la OTAN, o de las secuelas de la declaración de Giscard d'Estaing del 5 de junio anunciando una pausa en el proceso de ampliación de la Comunidad Europea que de las rebajas arancelarias que va a comportar el acuerdo con la EFTA y que, para colmo, llegan con cuatro meses de retraso respecto del calendario inicialmente previsto.

El propio alcance de las rebajas arancelarias que se ponen en vigor el 1 de julio justo veinte años después de iniciado el desmantelamiento aduanero entre los países fundadores de la EFTA- no parecía considerarse importante por las autoridades, pues el texto del acuerdo no había sido todavía publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo que nadie estaba obligado a conocer su contenido y preparar su aplicación y -ésto es lo más curioso en este caso- la propia Administración aduanera desconoce los documentos y procedimientos administrativos que comporta el nuevo acuerdo.

No es que yo vaya a decir que una reducción de aranceles del 10%, el 20%, el 25% ó el 60%, que es lo que acordamos a los «siete», o el desarme algo mayor, que damos a Portugal, tenga un impacto decisivo sobre el comercio exterior español, pues con la rebaja arancelaria coyuntural en vigor y la marcha a la baja de la cotización de la peseta probablemente se incide más en la protección exterior de nuestra industria que lo que se pueda atribuir al acuerdo con la EFTA; pero lo que no parece admisible es que se desprecie hasta tal punto el tema -por no hablar ya de las repercusiones jurídicas que de ello se deduica- que el texto del acuerdo no haya sido, publicado hasta ayer en el BOE.

Y tampoco, probablemente, las rebajas arancelarias que nos dan los países de la EFTA -bastante similares al trato que nuestras exportaciones reciben en los países de la CEE, en virtud del acuerdo de 1970- van a dar un impulso decisivo a nuestras exportaciones, pero así y todo, nada explica el que las empresas no hayan conocido con la sulente antelación el texto.

Quiero también referirme a la importancia del comercio sobre el que van a incidir las reducciones arancelarias pactadas y que dista mucho del afectado por el acuerdo España-CEE, pero que no por eso puede tratarse con el desprecio con que se hace. En 1979 los países de la EFTA absorbieron el 6,1% de las exportaciones españolas y suministraron el 5% de nuestras importaciones totales. Si tenemos en cuenta que las reducciones arancelarias se aplican a productos industriales -los productos agrícolas sólo han sido cubiertos por ciertos arreglos bilaterales- es conveniente recordar que el 93% de las importaciones que España efectúa de los países EFTA, y el 78% de nuestras exportaciones a tales países, son productos industriales de los capítulos 25 a 99 del arancel. Ello implica que, con cifras de 1979, son casi 2.000 millones de dólares de intercambio que quedan sometidos al nuevo acuerdo.

Con este comentario no he querido, desde luego, sobreestimar el alcance del acuerdo España-EFTA en unos momentos en que los problemas de los camiones españoles en Francia o la posición de Giscard d'Estaing sobre la segunda ampliación de la CEE tienen preocupada a la opinión.

Pero, y quede esto bien claro, una cosa es sobreestimar y otra muy distinta el ver la indiferencia con que se acoge el nuevo acuerdo que ni siquiera se publica a tiempo en el Boletín Oficial del Estado.