El pleno del Congreso aprobó la ley básica de Empleo

La pugna entre dos concepciones políticas enfrentadas en torno al problema del desempleo y, más concretamente, a los sistemas de ayuda para paliar sus efectos, mantenida por UCD y PSOE, llegó hasta el final de la proposición de ley básica de empleo, cuyo debate y votación concluyó ayer, en el Pleno del Congreso. El antagonismo hizo que mientras el líder socialista, Felipe González, calificó el texto de regresivo, el vicepresiente económico del Gobierno, Fer nando Abril, lo definió como un proyecto progresista y ajustado a las necesidades de la realidad económica actual.

El Pleno reanudó su sesión con el debate de los dos últimos artículos y disposiciones finales de la proposición. Al hilo,de las explicaciones de voto de la disposición derogatoria, los líderes de la oposición mostraron su radical desacuerdo con el texto que se había aprobado. Marcelino Camacho, por el Grupo Comunista, insistió en sus argumentaciones, en el sentido de descalificar el texto por insolidarió y antiobrero. Nicolás Redondo, que hablaba en nombre de los socialistas vascos, mostró también su oposición; aseguró que la ley agravaría las tensiones sociales y se preguntó hasta cuándo puede resistir el entramado social con las condiciones económicas actuales y la política que adopta el Gobierno.Felipe González, como portavoz :de los Socialistas del Congreso, aseguró que había concluido el debate de «una ley mala por su contenido y por su proyección social», y anunció que iban a preguntar formalmente al Gobierno por el cumplimiento de los acuerdos de la Moncloa, y no sólo en los aspectos referidos a la Seguridad Social, sino al cumplimiento de aquellos acuerdos cómo conjunto, para exigir responsabilidades.

El líder socialista afirmó que no hay un jolo país europeo que haya reducido la cobertura al desempleo en época de crisis, y se preguntó si no se estarán trucando las estadísticas cuando se dice que se han creado decenas de miles de puestos que en la realidad pueden ser el resultado de cierres patronales, sustituidos por idénticas empresas, con la misma composición de capital y de personal. A continuación aseguró que la ley reducirá en un tercio aproximadamente la partida presupuestaria destinada a proteger el paro, y «es evidente», añadió, «que si se reduce la cobertura en esa proporción, se reduce en términos generales y en términos concretos respecto del número de personas afectadas, y ello sin contar con que ya es en este momento la más baja de Europa». La sensación de inseguridad, como aspecto psicológico importante, va a aumentar», prosiguió González; «y los efectos de esta ley serán profundamente regresivos, no sólo sobre los parados, sino sobre multitud de pequeñas actividades industriales y comerciales que, a la vista de esta ley, no confiarán en dar crédito a personas en paro porque saben que van a tener menos ayuda y por menos tiempo que hasta ahora.

Abril Martorell se mostró conforme con la petición socialista y aseguró que, aunque él sólo se había referido al cumplimiento de los pactos de la Moncloa en lo que concierne a la Seguridad Social, estaba dispuesto a un análisis global de los pactos.

Calificó la ley de progresista porque, en caso de no haberla aprobado, hubieran sido necesarios unos 200.000 millones de pesetas en 1980 con destino a los seguros de desempleo, pero frente a esa cantidad se apuntaba un desequilibrio de unos 100.000 millones que, con cierto voluntarismo -dijo-, puede pensarse que se reduzcan a 50.000 o 60.000 millones. Esos 100.000 millones habría que financiarlos repartiendo unos, 40.000 con cargo a la fiscalidad y unos 60.000 de la cuota de trabajadores y empresarios. Todo ello, siguió diciendo el vicepresidente económico, hubiera exigido aumentar esa cuota en unos dos puntos, lo que constituye un auténtico impuesto al trabajo «claramente reaccionario».

Concluyó explicando que es necesario enviar recursos a sectores generadores.de empleo y que así se ha hecho con los 50.000 millones de pesetas que en el segundo semestre se destinarán a construcción de viviendas. «Hay que ser consciente de la realidad que nos ha tocado vivir, y para esa realidad», concluyó, «esta es una ley positiva, exigente, pero ajustada a lo que razonablemente se puede hacer».

El secretario general del PSOE tomó la palabra brevemente y argumentó que no estaba de acuerdo con el razonamiento de Abril Martorell porque, en definitiva, una persona parada es una carga y, a la vez, una obligación moral para toda la sociedad, y no se puede legislar en dirección contraria a la sofidaridad que esta situación exige. «Es una barbaridad», concluyó, «penalizar al parado con argumentos que quieren llamarse progresistas».