"Stop " a la destrucción de la ciudad

El que hoy tiene ya oficialmente el largo título de Plan Especial de Conservación y Protección de Conjuntos de Interés Histórico-Artístico de la Villa de Madrid, comenzó su larga andadura hacia la legalidad en el año 1977. En septiembre de aquel año, el antecesor inmediato del Plan Especial, el archiconocido Precatálogo, fue aprobado por el pleno del ayuntamiento.No era, sin embargo, el Precatálogo -elevado después a la categoría de catálogo- mas que una simple relación puntual de edificios de interés histórico, artístico o arquitectónico que debían ser conservados en la ciudad.

El primer intento serio de darle categoría jurídica al catálogo fue la elaboración de un plan especial que desarrollara aquél. Sin embargo, los concejales madrileños de la época anterior a las elecciones municipales de 1979 vieron en aquel primer plan especial un duro enfrentamiento con superiores; normas jurídicas que impedían su desarrollo. El plan especial, en consecuencia, quedó recortado y congelado sin ninguna aplicación concreta mas que continuar con la protección puntual de edificios que ya había sido prevista por el catálogo.

El nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento, llegado a la Casa de Ia Villa después de las elecciones de abril del año pasado, puso c!n marcha de nuevo el plan especial y vio su posible diversificación de cara a una tramitación más efectiva y real: de esa forma, fue desglosado en ocho apartados; que, conjuntamente, pretenden una salvaguardia de la ciudad, si bien individualmente cada uno de esos apartados podrán tener una tramitación más agilizada.

Cada uno de esos apartados se refiere a la supresión de la Gran Vía Diagonal y la Gran Vía de San Bernardo, como fórmulas para evitar la destrucción indiscriminada de buena parte del centro de la ciudad; la modificación de los planes parcial de reforma interior del antiguo ensanche y del casco antiguo, para evitar la aparición desordenada de comercios y oficinas que reducen el centro de la ciudad a una simple zona comercial, y no de residencia; la creación de un fondo económico -35% a cargo del municipio, y el 65% restante con cargo al Estado- de quinientos millones de pesetas con que primar la conservación de los edificios integrados en la ciudad; la realización de un listado de edificios a proteger integralmente -el antiguo catálogo-, y el plan especial propiamente dicho, en el que se establecen tres categorías de protección para cada zona de la ciudad: integral -no se puede tocar ni un ladrillo-, estructural -es posible llegar hasta el vaciado total del edificio, siempre y cuando sea respetada la fachada- y ambiental -son posibles todo tipo de obras, siempre y cuándo el entorno al edificio afectado sea conservado tal cual. A todo ello se le añaden las modificaciones necesarias de las ordenanzas municipales que impidan que éstas pudieran entrar en algún momento en litigio con el plan especial, cosa esta última que podría dar al traste con el trabajo,de conservación propuesto desde hace ya casi cuatro años.