El presidente italiano, Pertini, apoya las reformas legislativas de los radicales

El presidente de la República italiana, Sandro Pertini, apoyó ayer al pequeño pero agresivo Partido Radical, que completó una campaña de recogida de firmas para la celebración de diez referendos que deroguen otras tantas leyes.
La posición favorable de Pertini para con los radicales se produjo cuando el presidente italiano se negó a firmar un decreto-ley, preparado con toda celeridad, que cambiaba el procedimiento de recogida de firmas para solicitar un referéndum nacional.Hasta ahora, la recogida de firmas la controlaba un tribunal en Roma. La nueva ley pedía que lo hicieran más de cien tribunales repartidos en todo el país. Tal operación es muy delicada, porque depende a veces de un criterio discutible el que algunas firmas se consideren válidas o no. El tribunal que en los últimos referendos examinó las firmas descartó sólo una media de 30.000 de un total de 600.000.
La primera protesta firme contra el jefe del Estado llegó de los comunistas, quienes han puesto en tela de juicio que se haya tratado de una «decisión autónoma» del presidente Pertini, insinuando que han sido más bien los socialistas quienes han apoyado esta operación, como acción benefactora hacia los radicales, que en las últimas elecelones regionales y municipales habían aconsejado el voto nulo o «votar socialista», ya que ellos no se presentaban con listas propias.
Los radicales, que desde el primer momento han usado el arma del referéndum como una expresión de democracia directa, esta vez se han lanzado nada menos que a recoger firmas para diez referendos y, al parecer, las firmas van a ser suficientes, ya que bastan medio millón y han recogido 850.000 para el referéndum contra la caza, 611 .000 para abolir la vieja ley fascista contra los delitos de opinión, 640.000 contra las centrales nucleares, 600.000 para abolir la ley Cossiga sobre el orden público, 585.000 para que desaparezca el permiso de licencia de armas privadas, 540.000 contra la cadena perpetua, 5 80. 000 para cambiar la ley sobre el aborto en el sentido de hacerla más liberal, 570.000 a favor de la desmilitarización de la Guardia de Finanzas y 545.000 para la liberación de las drogas llamadas «blandas», como la marihuana.
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