El Gobierno exige el abaratamiento de la vivienda y garantiza su financiación

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Jesús Sancho Rof, señaló en una conferencia de Prensa celebrada ayer que era intención del Gobierno propiciar el relanzamiento de la actividad promotora y lograr un abaratamiento de la vivienda.Explicó, en este sentido, que la autorización de 50.000 millones de pesetas adicionales dentro del crédito oficial, destinados a financiar viviendas de protección oficial, suponía, junto con la dotación presupuestaria del INV, un montante global de 167.000 millones de pesetas para 1980. Lo que significaba un incremento, en pesetas constantes, del 72% respecto a 1978, y del 22% respecto a 1979.

Dentro de las medidas encaminadas al relanzamiento del sector construcción, Sancho Rof destacó que existían conversaciones con las cajas de ahorro con el fin de conseguir el techo necesario de concesiones de préstamos en las condiciones cualificadas de las viviendas de protección oficial promovidas por la iniciativa privada. Techo que evaluó, en 1980, rondando los 110.000 millones de pesetas.

En cuanto a la promoción pública, el ministro aseguró que «va destinada, con prioridad, a aquellas familias cuyos ingresos no superen una vez y media el salario mínimo profesional estableciéndose, además, lo que denominó ayuda económica personal para aquellas familias cuyos ingresos no superasen las dos veces y media el citado salario.

Reducir los costes de la vivienda

Entre las medidas destinadas a reducir los costes de las viviendas de protección oficial, Sancho Rof anunció la próxima convocatoria por el Inur de un concurso público de oferta de suelo, con obligación de construir viviendas con precio máximo de venta limitado, capaz para nueve mil viviendas de protección oficial y a realizar por la iniciativa privada. «Esta medida», dijo, «hará tirar a la baja del resto de las viviendas».Especial énfasis puso sobre el real decreto aprobado por el último Consejo de Ministros que establece que la revisión del módulo en los diferentes regímenes de viviendas de protección oficial y su consiguiente incremento total anual sea distribuido por trimestres, lo que, a juicio de Sancho Rof, «es una medida más justa y contribuirá al abaratamiento de los costes».

El sistema anterior fija un módulo que afecta por igual en su incremento a las viviendas terminadas durante el año, con independencia del trimestre.

Finalmente, el ministro de Obras Públicas y Urbanismo hizo notar que el Gobierno pretendía fomentar el arrendamiento como forma de acceso a la vivienda, refiriéndose a una orden ministerial aparecida el pasado día 23 en el BOE, mediante la cual se establecía una equiparación en los regímenes a extinguir en cuanto a la cuantía del préstamo que puede disponer el adquirente de una vivienda en compra y el promotor de una vivienda destinada a alquiler.

Los promotores no están de acuerdo

En determinados medios del sector de construcción se han criticado duramente algunas de las medidas anunciadas dentro del programa de actuaciones del Gobierno en materia de vivienda. Y, en este sentido, el nuevo sistema de distribución del incremento del módulo ha sido calificado de «demagógico e intervencionista».«Muchos promotores», han asegurado en los citados medios, «han calculado sus costes en base a la legislación vigente. El nuevo sistema nos parece una medida más de desincentivar la vivienda».

Promoción de alquileres

En cuanto a la intención del Gobierno de promover el alquiler como forma de acceso a la vivienda, las mismas fuentes han mostrado sus dudas respecto a que las actuaciones en marcha sean las adecuadas, recalcando que hubiera sido más lógico abordar «de una vez la nueva ley de Arrendamientos Urbanos que se había comprometido a presentar en las Cortes antes del día 25 del pasado mayo».A este respecto conviene señalar que Sancho Rof, a preguntas de los informadores, anunció en la citada conferencia de prensa que existe un borrador de proyecto de ley referente a la actualización de alquileres, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Ministerio de Justicia, que será estudiado próximamente por el Gobierno.