EI Parlamento sienta las bases de negociación con el Gobierno para la reintegración foral

Después de tres semanas de intensos debates, la comisión de régimen foral del Parlamento de Navarra ha dictaminado un proyecto de bases para la reintegración foral, que, en el supuesto de que sea aprobado por el pleno de la cámara, constituirá el mandato sobre el que la Diputación de Navarra negociará con el Gobierno la recuperación de competencias. El proyecto de bases, aprobado gracias al consenso entre UCD, PSOE, UPN y Zufía, del Grupo Mixto, asegura que corresponde a Navarra todas las facultades y competencias que no sean exclusivas del Estado dentro del marco constitucional, cuestión que no ha sido aceptada por los grupos abertzales, quienes entendían que el viejo reino tiene unos derechos originarios supraconstitucionales.

De acuerdo con el texto aprobado, los derechos históricos de la comunidad foral de Navarra serán respetados y amparados por los poderes públicos en base al respeto y garantía de todas aquellas facultades y competencias que, conforme a lo establecido en la ley de 16 de agosto de 1841 disposiciones complementarias, son propias del régimen foral de Navarra y de la integración en el régimen de la comunidad de todas aquellas facultades y competencias que no sean inherentes a la unidad constitucional española. En este sentido, el proyecto considera que corresponden al Estado todas las competencias «estrictamente imprescindibles para garantizar la satisfacción de los intereses generales, la solidaridad y el progreso de los pueblos de España». La delimitación de las facultades que deben corresponder con carácter exclusivo al Estado se efectuará mediante una negociación, y posteriormente, un pacto, que deberá ser ratificado por el Parlamento de Navarra y Cortes Generales, a través de una ley «de rango jurídico suficiente». Cualquier modificación posterior de esta ley deberá ajustarse a un procedimiento idéntico al seguido para su aprobación.Al margen de que Navarra se atribuya todas las facultades y competencias que no sean exclusivas del Estado, el proyecto de bases precisa que deberán corresponder a la comunidad navarra las competencias que se le atribuyan, trasfieran o deleguen, y también las que pudieran corresponder a las comunidades autónomas en relación con materias que actualmente se reserva la titularidad del Estado. Estas facultades se trasferirán mediante acuerdos entre la Diputación Foral de Navarra y el Gobierno del Estado, en los que se fijarán los plazos y medios para el ejercicio de las competencias.

Por otra parte, el proyecto establece que Navarra contará con un tribunal superior de justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo. Todas las cuestiones que se puedan suscitar entre la Administración del Estado y la de Navarra respecto a la aplicación e interpretación del nuevo pacto foral serán resueltas por una junta arbitral, integrada por un número igual de representantes de la Diputación Foral y el Gobierno, bajo la presidencia de un magistrado designado por el Tribunal Supremo.

Conciertos económicos

La actividad financiera y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional de los convenios o conciertos económicos. En éstos se determinará la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado, así como los criterios de armonización del régimen tributario navarro con el del Estado. La deuda pública de Navarra y los títulos valores de carácter equivalente, según se indica en el proyecto de bases para la reintegración foral, gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública del Estado.Con respecto a las relaciones con la comunidad autónoma vasca, el proyecto precisa que Navarra, desde su propia personalidad, podrá llevar a cabo convenios con el País Vasco o con cualquier otra comunidad «para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a las materias de su competencia». La vía de los acuerdos en temas específicos de interés común ha sido propuesta reiteradamente por el PSOE, y en la actualidad ha sido aceptada por UCD, aunque por el momento no se ha determinado ni el procedimiento ni las materias que podrían quedar englobadas en los convenios.