Fuegos en Andalucía

HASTA EL momento se desconoce si los recientes incendios de sembrados en Sevilla y Cádiz han sido provocados o fortuitos; y, caso de ser intencionados, quienes fueron sus autores. Las declaraciones del gobernador civil de Sevilla han tratado de responsabilizar a la izquierda extraparlamentaria y a centrales sindicales que se mueven en su órbita de esas acciones de piromanía política; pero no se dispone de pruebas materiales. En cualquier caso, la intencionalidad de estos incendios, por sí misma y por la inestabilidad política y alarma social que propician, no puede ser más condenable.El reciente homenaje a Juan Díaz del Moral, el ilustrado notario de Bujalance, ha devuelto a la actualidad su clásica Historia de las agitaciones campesinas andaluzas y ha refrescado la memoria colectiva acerca de las viejas tradiciones de revuelta en el Sur y sobre las raíces de las mismas. Las grandes emigraciones durante las tres últimas décadas desde los pueblos andaluces a las ciudades y zonas industriales españolas, primero, y a los países europeos, después, contribuyeron decisivamente a aliviar la presión de jornaleros y aparceros sobre la tierra y sirvieron de espita de una caldera en ebullición siempre a punto de estallar. El corte de la marcha hacia Europa, el regreso de numerosos emigrantes a España, el crecimiento del desempleo en los servicios y la industria, el desplazamiento de mano de obra por maquinaria y la expansión de cultivos altamente mecanizados amenazan, sin embargo, con reproducir las condiciones sociales y económicas que hicieron en el pasado de Andalucía un peligroso polvorín. Máxime si se tiene en cuenta que las vacas gordas de la prosperidad europea y del desarrollo económico inducido en España durante ese auge no fueron aprovechados para modificar la situación de Andalucía de forma tal que la etapa de las vacas flacas no la condenara al hambre y a la frustración.

Uno de los factores para la desestabilización de las instituciones democráticas de la Segunda República fue, precisamente, la infernal dialéctica de violencia y de odio producida en el Sur por la desigual distribución de la tierra, el paro agrícola y los bajos jornales. No resulta difícil predecir que la Monarquía constitucional podría pasar también por malos momentos si al terrorismo vasco se le sumara una ola de desórdenes, revueltas y agitaciones en Andalucía. Sobre todo si se recuerda la casi invencible propensión de nuestras autoridades a plantear siempre los problemas de orden público en términos de solución policial y no de soluciones políticas o económicas, a la inversa de la estrategia estadounidense, que afrontó los amenazantes desafíos de la década de los sesenta en los guetos y en las zonas de pobreza no sólo con medidas represivas, sino también con programas de ayuda y de reordenación urbana y rural. Como bien ha indicado un ciudadano tan poco sospechoso de promover revueltas campesinas como el señor López de la Puerta, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Sevilla, es preciso, sobre todo, buscar las raíces sociales de esos incendios eventualmente provocados y es necesario también exigir al Gobierno que abandone su pasividad y su resistencia a ocuparse de los problemas de la agricultura -tan estruendosamente silenciados por el Gobierno en los recientes debates- para enfrentarse con hechos que hoy ya son muy graves, pero que mañana podrían convertirse en dramáticos.

De añadidura, la crítica situación de desempleo, hambre y frustración de Andalucía no se limita a reproducir las viejas imágenes del pasado, coloreadas ahora por la sustitución de mano de obra por maquinaria y las transformaciones de los cultivos en esa dirección, sino que incluye además el hecho nuevo de la reivindicación autonómica insatisfecha. Hemos señalado en más de una ocasión que el objetivo de las instituciones de autogobierno, para Andalucía, en pie de igualdad con las de Cataluña y el País Vasco, olvida las sustanciales diferencias políticas, además de idiomáticas y culturales, entre aquella y estas realidades y puede desviar hacia la vía muerta de expectativas institucionales irreales la solución de los graves problemas económicos y sociales del subdesarrollo meridional. Sin embargo, la combinación de torpeza y malicia de la estrategia autonomista de UCD anterior al viraje de enero de 1980, el desprecio del Gobierno hacia los usos democráticos en la campaña previa al referéndum del 28 de febrero y el oportunismo competitivo del PSOE en los temas del autogobierno andaluz han transformado en un dato de la situación la artificial correlación entre la autonomía por la vía del artículo 151 y la lucha contra el hambre, la desigualdad y el desempleo.

Algo posiblemente peor que la figura del político acomodaticio y pragmático, insensible a cualquier principio que no sea conservar el poder, es la caricatura del político doctrinario, tercamente aferrado a posiciones superadas e invalidadas por la marcha de los acontecimientos e incapaz de buscar soluciones imaginativas para problemas nuevos. Sería malo para todos que el Gobierno y su partido decidieran sustituir ahora su oportunismo anterior a propósito de las autonomías por un rígido encastillamiento en actitudes simétricamente opuestas. Probablemente, la autonomía puede lograr pocas cosas para la mejora social y económica de Andalucía, tarea que sólo se puede acometer con los instrumentos de la política económica global del Estado. Pero la resistencia a dar una salida digna a la frustración colectiva del 28 de febrero de Andalucía no haría sino reforzar las artificiales expectativas despertadas por la presentación de las instituciones de autogobierno a la catalana o a la vasca como la escalera para subir desde el infierno de la pobreza hasta el paraíso de la opulencia.