Proceso a la libertad

EN UN país con libertades públicas no es comprensible que se condene a un ciudadano a seis años de cárcel por publicar un artículo en un periódico, como le acaba de ocurrir a Francisco García Salve, uno de los líderes históricos de Comisiones Obreras, a cuenta de un texto tenido por ofensivo para el Rey. Como tampoco lo es -yéndonos a las antípodas ideológicas del «cura Paco»la sentencia recaída sobre el duque de tovar (en este caso un año de cárcel, cinco menos que al otro inculpado) por unas palabras mitinescas pronunciadas en un acto ultraderechista con claras connotaciones de golpismo y consideradas judicialmente como injuriosas para el Monarca.Ante los seis años de prisión que pesan sobre García Salve por lo que los jueces estiman que es un grave delito de opinión, ya no cabe entrar en lo afortunado o desdichado del artículo ni en la letra de las leyes. Esta condena marca con piedra blanca las segundas y hasta terceras lecturas de la Constitución que el ministerio público del señor Fanjul y algunos jueces y magistrados están dando al artículo 20 de la Constitución ante la satisfecha mirada del Gobierno. Las limitaciones genéricas y razonables que establece la propia Constitución a las libertades de expresión (derecho al honor, la imagen pública, respeto a la infancia, etcétera) no pueden ser interpretadas con el rigorismo imperante de quienes inhabilitan por 32 años a un periodista por publicar semidesnudos en una revista de desnudos o remiten películas históricas a la jurisdicción militar o pretenden enviar a prisión a directores de periódicos disecando los tropos editoriales en busca de un hálito de desacato en alguna metonimia o metáfora. El diccionario empieza ya a ser jurídicamente obligado por mor que la segunda o la tercera acepción de un adjetivo puede dar en la: cárcel con los huesos de cualquier pobrecito hablador.

¡Seis años de cárcel por un artículo! No llegó a cumplir tantos Quevedo por su memorial de la servilleta. No llegan a cumplirlos en penal cerrado la mayoría de nuestros actuales homicidas, y los militares sediciosos se conforman con un arresto de meses. ¿Quiénes son estos jueces que consideran tan frágil o quebradizo el honor del Rey para tener que protegerlo tan desmesuradamente de alguna critica deslizada en un suelto o un exceso verbal dictado en un mitin? Flaco favor se le está rindiendo a la Corona, y a la libertad. Aunque habría que ver qué concepto tienen en verdad de la libertad y la Corona tantos inquisidores legales como comienzan a proliferar alrededor. ¿Cómo es posible que el prestigio de nuestra judicatura, el de nuestros ministros o el que pueda otorgarse a nuestros gobernadores civiles o alcaldes obligue a una aplicación intolerante y casi marcial del delito de desacato? Los españoles demócratas nos sentimos desacatados en la inteligencia y el sentido común con estas sentencias. Según esta filosofía de la libertad de expresión, Ortega aún no habría terminado de purgar penalmente su artículo El error Berenguer, terminado con una advocación a la destrucción de la monarquía entonces vigente. Habrá que pensar que en las postrimerías de la monarquía alfonsina había guardias civiles que arrancaban confesiones falsas bajo tortura y se violentaba la Constitución desde la Capitanía General de Barcelona, pero hasta aquella dictadura reconocía sus errores policiales y judiciales y no sentaba en el banquillo a un escritor por solicitar la sustitución del régimen. Ahora, por el contrario, cincuenta años de historia y una Constitución democrática parecen no servir para recordar los errores del pasado o disentir de un juez de primera instancia.

Lo que está pasando en este país en matena de libertad de expresión no es sólo el amedrantamiento sistemático de un gremio de periodistas, cineastas o escritores. Ni las «campañas» pro libertad de expresión que tanto molestan a los órganos de expresión del más vergonzante franquismo, todavía vivo entre nosotros, son barricadas de asalto al poder o peanas personales. Cuando se restringe,. como se está haciendo, la libertad de expresión se está royendo el corazón de las libertades públicas y del régimen democrático. Cuando se defiende la libertad de expresión se está apuntalando la democracia, la tolerancia, la convivencia, el respeto por las opiniones ajenas, aunque nos sean contrarias y aunque nos parezcan deleznables. Este periódico tiene un archivo gráfico de cuatro años; si lo tuviera de cuarenta acompañaría estas líneas de una fotografía histórica que vale más que mil argumentos: la de los nazis británicos de sir Oswald Mosley desfilando por las calles de Londres en el año del bliz alemán. Desfilando protegidos por la policía británica.

Y es que en la libertad y en los valores democráticos y humanistas que aún conforman lo mejor del pensamiento europeo hay que ir siempre un poco más allá de lo que entienden los burócratas. La libertad -no sólo fa de Prensa- no se preserva encastillándola en límites leguleyos, sino adentrándose en ella aceptando los riesgos dé la andadura. No de otra forma puede entenderse la archicitada frase de Jefferson que algunos tienen por boutade: «Puesto que nuestro Gobierno está basado en la opinión pública, entre tener un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, me quedo con esto último». No hay opinión pública capaz en España de seguir sosteniendo a buena parte de nuestras instituciones que aún se alimentan de la encarnadura del franquismo. Larra redivivo no hubiera podido darse ningún pistoletazo por los fracasos de Javier Istúriz doblados con el desdén de Dolores Armijo. Larra, como cualquier otro de nuestros, mejores libelistas, estaría en la cárcel tras un proceso por desacato o injurias promovido a instancias del ministerio fiscal.