Los fondos de empleo comunitario, fuente constante de tensiones en Andalucía

Las soluciones a los incendios de fincas en Andalucía deben buscarse en la disminución de un problema agrario en el que influye definitivamente el fondo para el empleo comunitario. En Sevilla, para 102 pueblos, hay once oficinas de empleo. En una provincia donde existen 494 fincas de mis de quinientas hectáreas hay 84.186 trabajadores agrícolas, de los que sólo 6.815 lo son por cuenta propia. Se habla de potenciar la industria de transformación agrícola, pero se ofrecen pueblos que, como Osuna, tienen agua un día sí y otro no. Se habla de aumentar el cultivo de regadío cuando la capacidad hidráulica del Guadalquivir está aprovechada al 50%. Se habla de la repoblación forestal en Andalucía, donde sólo el 5,7% de la superficie forestal es de propiedad estatal. Entre tanto, el Gobierno reconoce frecuentemente la deuda de Andalucía.

Los incendios de fincas en las provincias de Sevilla y Cádiz, que aún se siguen produciendo, sirven de base para reconsiderar el problema de fondo del campo andaluz. «Tanto el presidente del Gobierno como muchos de los miembros del Gabinete reconocen periódicamente la deuda pendiente con Andalucía. Creo que el Gobierno se debe dejar de promesas y paternalismo y decir cuándo y cómo se va a actuar en Andalucía». Son palabras del presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Sevilla (Asaga), Javier López de la Puerta.La actitud de determinados medios de comunicación y la autoridad gubernativa de las dos provincias (ayer el gobernador civil de Cádiz pedía a los empresarios que no cediesen a las presiones del SOC) han contribuido a creados protagonistas de la tensa situación andaluza. Tanto Asaga como el SOC insisten en buscar las raíces de los incendios por debajo de los trigos chamuscados. A finales del pasado mes de mayo, el gobernador civil de Sevilla decía que no había fondos para el empleo comunitario de junio, horas antes de que empezase la cosecha de cereal, cuando muchos parados habían trabajado en el empleo comunitario un máximo de veinte días en cinco meses y los comerciantes de los pueblos se desgañitaban en los ayuntamientos tratando de evitar el tener que cortar el crédito para alimentos a los parados, muchos de los cuales debían a sus tenderos más de lo que puedan ganar en lo que queda de año.

Menos fondos, más tensión

«El reparto de los fondos del empleo comunitario se hace de acuerdo con los ayuntamientos, dice Luis Fernández Madrid, gobernador civil de Sevilla. Nadie cree en este fondo, pero todo el mundo quiere especular con él. El empleo comunitario ha servido para asegurar clientelas, para que algunos sean diputados o para coaccionar a jornaleros para cortar carreteras. Este año se han reducido los fondos porque el plan económico del Gobierno habla de restricciones. Hay pueblos, con ayuntamientos de todo signo político, que emplean ejemplarmente los fondos y otros a los que ha habido que denunciar por dar como hechas cosas que no se han hecho. Hay gente que cierra sus tiendas durante los días que hay fondos y trabajan en las obras del ayuntamiento para ganarse un sobresueldo. En el empleo comunitario hay mucha picaresca y mucho fraude, pero también es cierto que hay mucho paro y que la asignación de fondos no debería ser rígida en cuanto a dar todos los meses lo mismo».Esta última idea es uno de los planteamientos fundamentales de Asaga respecto al empleo comunitario. «El Gobierno dice que la asignación presupuestaria hay que dividirla en doce cantidades iguales, para los doce meses del año. Ese legislador puede saber mucho de política presupuestaria, pero no tiene ni idea de lo que ocurre socialmente con el paro. Las necesidades de junio y de julio no son las mismas, porque las cosechas son distintas y, en consecuencia, la mano de obra empleada crece cuando hay tarea».

La postura de Comisiones Obras en Sevilla, por boca de Juan Antonio Romero, es que la irregularidad y escasez del envío de fondos genera tensiones. «Además de un reparto discriminatorio de los gobiernos civiles que aplican criterios Políticos, no hay forma de prever cuándo llegan los fondos y esto impide una planificación de las obras a realizar en los ayuntamientos. La escasez, la discriminación y la imposibilidad de prever crean tensiones que generan conflictos». Esta postura es compartida por el SOC.

Las fincas mejorables, otra forma de presión

No hay previsiones de lo que el Gobierno tiene presupuestado para la zona durante este mes. Estimaciones del SOC calculan que, sólo para la provincia de Sevilla, serán necesarios para el mes de junio 462 millones de pesetas y 198 en materiales. Según todos los sindicatos, la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables está políticamente relacionada con la asignación de fondos de empleo comunitario. Pocos días después de que las noticias de incendios de fincas comenzaran a hacerse alarmantes, fuera de lo normal en esta época del año, el Ministerio de Agricultura dio uña lista de 78 fincas de las provincias de Badajoz, Sevilla y Cádiz sobre las que se seguía expediente de expropiación por la ley ya mencionada. La finca de mayor extensión de las que figuraba en la lista era la de Alcornocalejo, propiedad de María del Carmen Pinillos, de 2.250 hectáreas. Al día siguiente de la publicación de la lista en EL PAIS, el delegado de Agricultura de Sevilla negaba que esa finca estuviera sujeta a expropiación. Uno de los responsables de la finca nos confirmó in situ que el día 2 de enero de este año se había presentado en el IRYDA un proyecto de mejoramiento de la finca y que con el trabajo realizado en ella se había acabado con el paro en Villanueva del Río, pueblo próximo, al tiempo que se calificaba con gruesas palabras al autor de la lista.«Esa ley de Fincas Manifiestamente Mejorables la aplica el Gobierno con criterios de estrategia política», piensa Francisco Casero, secretario general del SOC. «No son las 78 que dice,sino doscientas. Estamos elaborando un informe sobre fincas manifiestamente mejorables. A los empresarios que tienen conciencia social y que colaboran con los jornaleros les daremos un trato preferencial en este dossier, pero actuaremos contra los que se niegan sistemáticamente a colaborar. Las movilizaciones populares serán contra ellos. De hecho, los incendios se han producido en fincas de empresarios que no están dispuestos a colaborar». Nuevamente surge el tema de la autoría de los incendios.

CC OO, anteponiendo la afirmación de que «no creemos que el SOC haga los incendios», dice a continuación que «el que crea que los incendios son una forma de sindicalismo se equivocan». Finalmente, parece surgir la figura de los incontrolados, que para el señor Fernández Madrid son del SOC, a través de las asambleas de parados, para el SOC son jornaleros desesperados y empresarios pícaros, y para CC OO algo parecido, aunque sin pensar en la posibilidad de que las asambleas de parados actúen al margen ¿le los sindicatos. Todos los partidos políticos y centrales sindicales han solicitado una investigación sobre los incendios, incluido el SOC. Ayer, el PSA hizo público un comunicado en el que acusaba al gobernador de Sevilla de precipitarse al hacer acusaciones antes de haber concluido las investigaciones que lleven a descubrir los verdaderos culpables.

"El campo salva la papeleta al Gobierno"

«Lo que pasa hoy en Sevilla es consecuencia de una política agraria incoherente y, sin embargo, durante este año la agricultura será nuevamente la base de la disminución ' de la inflación». Javier López de la Puerta piensa que el Gobierno se sirve de la agricultura para sus «declaraciones triunfalistas sobre la inflación cuando ésta fue sólo del 15 % el pasado año gracias a la agricultura. Si no, podría haberse llegado a un 20 % o un 25 %, y la banda salarial estaría en esas cifras».Ante determinadas acusaciones de inhibición de empresarios ante el paro y el desempleo, el presidente de Asaga afirma: «En septiembre de 1977, un mes después de constituirse la asociación, se elaboró un informe que se envió al Gobierno sobre este tema. En 1978 se elaboró un informe sobre la forma de paliar el desempleo en los meses de junio, julio y agosto. El ministro nos dijo que si seríamos capaces de orientar un decreto-ley sobre el tema. Lo hicimos y no volvimos a saber nada. En mayo de 1979, Asaga, Huaga y Jóvenes Agricultores volvieron a insistir. En abril de este año, tras acuerdos con las centrales sindicales, se entregó un nuevo informe sobre el paro agrícola, se Insistía en que no estaba vinculado a la crisis económica, que no es imputable a los agricultores, que se genera por hechos ajenos a la agricultura y advertimos que debería actuarse antes de junio, porque ellos sabían que iba a haber problemas».