Aprobado un procedimiento más rápido para los juicios de delitos menores

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer tarde el dictamen del proyecto de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes. Tanto los socialistas como los comunistas vieron prosperar a lo largo de la tarde varias enmiendas a algunos de los once artículos que integran este proyecto, que viene a introducir un novedoso procedimiento para delitos de escasa o relativa importancia, con el que se introduce un riguroso principio de oralidad en el procedimiento, para dar cumplimiento al mandato de la Constitución frente al carácter mixto, es decir, escrito y oral, que predomina en los procedimientos penales vigentes.

El comunista Josep Solé Barberá comenzó por defender una enmienda a la totalidad del proyecto, argumentando que se emprendía un mal camino, porque la ley de Enjuiciamiento Criminal, que es «un monumento al liberalismo y que sigue siendo válida, respeta los derechos de la persona y las garantías del procedimiento judicial» con mayor rigor que este proyecto de ley.Añadió que el proyecto gubernamental instituía las facultades del Poder judicial y reducía al ministerio fiscal a un papel meramente acusatorio. Todo ello, dijo Solé Barberá, en beneficio del Cuerpo General de Policía, «y vaya por delante que no tenemos nada contra la policía, pero es desmesurada y peligrosa su intervención tal y como la configura el proyecto, porque la convierte prácticamente en instructora del sumario».

Los comunistas pretendían introducir un proyecto alternativo por el que el procedimiento oral se reservase exclusivamente para los delitos cometidos con ocasión del uso y circulación de los vehículos de motor.

Javier Moscoso, en nombre de UCD, se opuso a la enmienda a la totalidad, por entender que era contraria al reglamento de la Cámara, ya que éste exige que la enmienda a la totalidad se contraiga o bien a proponer la devolución del proyecto al Gobierno o a ofrecer un texto alternativo sobre las mismas bases, mientras que, en opinión de Moscoso, el proyecto comunista era radicalmente distinto y en ningún modo alternativo.

El proyecto, añadió Moscoso, pretende atender a la demanda social de seguridad, todo ello sin merma de los derechos y garantías de los justiciables. «El proyecto, frente a lo que sostiene Solé Barberá, es probablemente la ley procesal más constitucional que vamos a tener, porque todas las exigencias -de la Constitución se cumplen en el espíritu y en la letra». Esas tres exigencias, que son la publicidad, la oralidad y la sentencia fundada, están ampliamente garantizadas en el proyecto de ley.

«Esta ley», continuó, «fortalece el principio acusatorio, y siempre que esto ocurre se potencia el papel del ministerio público. No hay tampoco demérito para el poder judicial en favor de la policía judicial, porque el artículo tercero del proyecto establece que ésta actúa exclusivamente a las órdenes del juez y de forma ajustada a lo establecido en la ley de Enjuiciamiento Criminal».

Solé Barberá replicó que no aceptaba los razonamientos, que tenemos ya procedimientos de urgencia que no han resuelto el problema de la seguridad frente a la delincuencia común, «y este proyecto tampoco lo va a resolver. Tenemos un cuerpo judicial excelente», dijo, «al que hay que dotar de medios y ése es el verdadero problema». Moscoso replicó que el diputado comunista no había entendido el fondo del proyecto, ya que «se trata de un procedimiento esencialmente oral, con lo que se cumple el mandato constitucional para los procedimientos criminales».

En el descanso de la sesión, algunos diputados socialistas se quejaron, en privado, de la actitud del diputado comunista Solé Barberá, porque, en su opinión, mantenía criterios contrarios a la finalidad que se pretende con el proyecto de ley. Incluso llegaron a afirmar que se abstuvieron en varias de las enmiendas comunistas, por cortesía.

El diputado socialista Joaquín Navarro fijó su posición respecto del, conjunto del texto y señaló que entendían como «peligrosa y arriesgada la técnica del Gobierno de la reforma parcial de las leyes procesales, porque, las reformas parciales, asistemáticas, arriesgan no sólo la sistemática, sino también la seguridad Jurídica».

«El actual proyecto», dijo, «tiene una extensión desmesurada y nosotros entendemos que debe reducirse a los delitos menos graves y flagrantes, pero, ya que se amplía la flagrancia, entendemos que la llamada cuasi-flagrancia debe desaparecer del apartado tres del artículo uno».

Concluyó felicitándose de que la Mesa hubiera aceptado la petición socialista de conceder rango orgánico a esta ley y advirtió que, si UCD «insiste en mantener la extensión desmedida de la flagrancia, el Grupo Socialista, que se va a abstener en la votación de la enmienda comunista a la totalidad, podría votar en contra de este proyecto». La enmienda comunista a la totalidad fue rechazada con veintiséis votos a favor, 153 en contra y 106 abstenciones.

Joaquín Navarro defendió, en el artículo primero, una enmienda para que se suprimiese el párrafo tercero, que introducía la llamada cuasi-flagrancia, que afectaba a los que «aparezcan como presuntos culpables. Solé Barberá se unió a esta petición y Carmelo Casaño anunció, en nombre de UCD, que se aceptaba la enmienda, por entender que el proyecto introducía un concepto atípico en la doctrina y en la dogmática.

En los artículos dos, tres y cuatro, Solé Barberá insistió sobre la necesidad de garantizar la instrucción previa a la celebración de la vista oral, y Moscoso volvió a insistir en que se trataba de un proyecto esencialmente oral. Las enmiendas comunistas fueron rechazadas. Rodolfo Guerra, en nombre de los socialistas de Cataluña propuso que se crease un cuerpo especial con destino a elaborar informes sociológicos, sobre el presunto delincuente, que se facilitara al juez antes de celebrar la vista. Moscoso replicó que esta posibilidad se contemplaba en el proyecto de la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal. Se aprobó una transaccional en el artículo sexto, propuesta por UCD, que sustituye la expresión «acta de acusación», por «escrito de acusación». Se aprobó también un voto comunista al artículo siete, sobre el procedimiento de designación de abogado y procurador, y más tarde otro al artículo once, por el que se amplía de tres a cinco días el plazo para apelar.