La Comisión de Justicia del Congreso comienza a debatir el tema del divorcio

El ministro de Justicia, Iñigo Cavero, calificó ayer el proyecto de ley de reforma del matrimonio, que incluye el tema del divorcio, presentado por el Gobierno a las Cortes como «una norma equilibrada, prudente y flexible, adaptada a las exigencias de la sociedad española», en un discurso de 35 folios que leyó durante una hora de forma atropellada -hasta el punto de que llegó a aludir al «matrimonio por mero disenso»-, ante la Comisión de Justicia del Congreso. El ministro, que hizo reiteradas alusiones al derecho canónigo, presentó así el proyecto, al que se han formulado ocho enmiendas a la totalidad y más de trescientas al articulado. Hoy se iniciará el debate de las enmiendas a la totalidad de devolución al Gobierno.

Cavero destacó que el proyecto contempla modificaciones sobre el matrimonio, separación, nulidad y causas de disolución, por lo que designarlo «simplemente como ley de Divorcio, salvadas las lógicas consideraciones de interés meramente periodístico, supondría falta de un mínimo rigor jurídico y político». El ministro atacó a quienes piensan que la misma voluntad que hace a los cónyuges contraer matrimonio debería poder llevarles a disolverlo, porque, dijo, «del contrato o pacto conyugal surge, con entidad propia y superior, un estado matrimonial institucionalizado, con un contenido esencial en sus fines, efectos jurídicos, estabilidad y disolución sustraído al mero poder dispositivo de las partes y a la autonomía de la voluntad de los propios contrayentes».El ministro de Justicia se mostró también en contra del matrimonio civil obligatorio frente al matrimonio canónico con efectos civiles, que ha quedado aceptado a raíz de la firma de los acuerdos con la Santa Sede, en defensa, según afirmó, del principio de libertad religiosa, porque, a su juicio, «el sistema de un estatuto matrimonial personal en función de las religiones» escindiría a los ciudadanos, que, «aunque después del matrimonio hayan cambiado de religión o abandonado la que profesaban, siguen sometidos al ordenamiento jurídico de la religión que pueden ya no profesar». Defendió por ello que la posibilidad de disolución del matrimonio afecte también a quienes lo contraigan canónicamente, dentro del principio de igualdad ante la ley y el derecho de cada persona a utilizar o no el divorcio, según sus creencias.

Ante las acusaciones de que en el proyecto de UCD se apreciaba una considerable influencia del Derecho canónico, como incluir la simulación del matrimonio entre las causas de nulidad, Iñigo Cavero anunció que el grupo parlamentario centrista ha planteado una enmienda de supresión de dicha causa, por lo que el tema, de acuerdo con las sugerencias de otros grupos, puede replantearse en el seno de la ponencia y de la comisión.

El ministro de Justicia reiteró la creencia centrista de que el divorcio no es un derecho fundamental de la persona, mientras que sí lo es el contraer matrimonio, y opinó que apoyar la tesis contraria a la suya conduciría «a aceptar como válido no sólo el matrimonio (quiso decir el divorcio) por mero disenso, sino también el repudio y la ruptura unilateral del vínculo, lo que no se acepta en ninguna legislación divorcista del mundo occidental». En todo momento defendió lo que llamó «divorcio de constatación de la ruptura irreparable de la comunidad conyugal».

Iñigo Cavero reiteró el contenido del proyecto de divorcio de UCD, la necesidad de la separación previa, los plazos y la necesidad de mantener el concepto de culpabilidad de uno de los cónyuges. Precisamente habló de la propuesta comunista de «exclusión de cualquier referencia culpabilística» y e mantenimiento de la quiebra irreparable del matrimonio como única causa genérica objetiva para solicitar el divorcio, y dijo que «tal planteamiento conduce a consecuencias, a mi julcio, absolutamente inmantenibles».

El ministro consideró, no obstante, un error «reducir todos los supuestos de fracasos matrimoniales en términos de culpabilidad», porque llevaría a las «comedias judiciales», en virtud de las cuales los propios cónyuges se pondrían de acuerdo para repartirse los papeles, como, según Iñigo Cavero, ha sucedido «en los países en que se ha implantado como modelo único el divorcio-sanción». El ministro opina que ello no implica que deba desaparecer totalmente el sistema de la separación por hechos imputables a un cónyuge, pues sería, a su juicio, desconocer la propia realidad de las cosas.

Este reconocimiento del mantenimiento de la culpabilidad en el proceso de disolución del matrimonio responde por sí mismo a algunas fuentes del Ministerio de Justicia y del propio Grupo parlamentario Centrista, que, en diferentes ocasiones, han querido mantener que el proyecto de UCD desterraba la necesidad de culpa de uno de los cónyuges en el proceso de separación. El hecho de que el proyecto eluda, desde el punto de vista terminológico, toda referencia al cónyuge culpable, pero utilice otros conceptos equivalentes, hizo, no obstante, matizar al ministro Cavero, con respecto al divorcio, que «no aparece entre las causas referencia alguna a elementos culpabilísticos» y afirmar que «se mantiene así el principio del divorcio sin culpa», aunque a continuación manifestara que «tal principio quiebra de cierta forma indirecta en aquellos casos en los que la separación se haya producido por unas causas originadas por hechos imputables notoriamente a uno de los cónyuges y solamente para dilatar el plazo previo al ejercicio de la acción».

Acciones contra Fuerza Nueva

Con anterioridad al tema del divorcio, la Comisión de Justicia, presidida por el centrista Pío Cabanillas, estudió una proposición no de ley de los socialistas para que el Gobierno instara al ministerio fiscal para llevar a cabo investigaciones tendentes a interponer acciones de oficio sobre actuaciones y supuestos hechos delictivos de miembros de Fuerza Nueva. El diputado Blas Piñar, presidente de este partido, afirmó que «Fuerza Nueva sufre la violencia más que la ejerce»,

UCD y Coalición Democrática propusieron sendas enmiendas transaccionales de sustitución a la redactada por los socialistas y al final la refundieron en una, que fue aprobada por dieciocho votos a favor, uno en contra y catorce abstenciones. La enmienda quedó redactada así: «Que el Gobierno inste al ministerio fiscal para llevar a cabo las investigaciones precisas a fin de poder interponer ante la autoridad judicial competente la acción de oficio que le corresponde de conformidad con la legislación vigente, respecto a aquellos partidos políticos o asociaciones en general que, por sus fines o actividades, puedan infringir lo establecido en los artículos 6º y 22 de la Constitución». Fue derrotada por quince votos a favor, diecisiete en contra y una abstención la propuesta de Gregorio Peces-Barba de añadir «al partido Fuerza Nueva».

Los representantes de la Minoría Catalana, comunistas, socialistas y Bandrés, del Grupo Mixto, criticaron la. actitud de UCD de querer diluir las propuestas contra Fuerza Nueva y convertirlas en un «echar sobre los partidos políticos la duda de la sospecha», según dijo el catalán Roca. El que Piñar pidiera «que se proyecten todas las luces sobre nosotros» hizo añadir al socialista Peces-Barba que «UCD ha impedido el planteamiento de un hecho concreto, siendo más papista que el Papa».