Divorcio y libertad

COMIENZA HOY el estudio en la Comisión de Justicia del Congreso del proyecto de la llamada ley del Divorcio. Aguada ya, reducida en todo cuanto ha sido posible, retardada, se expone ahora a sufrir las consecuencias de la nueva hostilidad entre UCD y el PSOE; o más bien que esa hostilidad parlamentaria sea utilizada, o sirva de pretexto, para desvirtuar el divorcio y para retrasarlo más aún. Un sector tradicional de UCD y de dentro mismo del Gobierno tiene reparos de conciencia; otro tiene temor de desagradar a grupos de presión que lo combaten y han hecho de este tema de costumbres una bandera política y un test de lo que consideran peligrosas permeabilizaciones del Gobierno y su partido hacia una izquierda que les parece disolvente de la sociedad: entendiendo, lógicamente, por sociedad su propio modelo, que difiere poco del establecido por el antiguo régimen. La insistente toma de posición del Papa contra el divorcio y las relaciones sexuales externas al sacramento ha acrecentado, en los últimos tiempos, problemas de conciencia y aprovechamientos integristas y ha permitido que la Iglesia española, en conjunto, vea este tema con muchas más reservas que cuando se inició el nuevo régimen. La resistencia al divorcio no es un hecho aislado: forma parte de una política general de retraso en la profundización de la democracia. Porque no cabe duda de que el divorcio forma parte del sistema de libertades individuales y colectivas de la democracia, y en todas partes ha caminado a la par de ella; dentro de ella.Es inútil repetir, una vez más, argumentos de orden moral que abonen la necesidad de una ley de Divorcio amplia y generosa como una parte del derecho humano a limitar en el tiempo las obligaciones contractuales, y el alivio de tensiones en la sociedad que puede representar. Todo ello se sabe. Pero conviene insistir en que la ausencia de divorcio está enrareciendo y falseando todo el sistema de relaciones en nuestra sociedad. Como la fuerza de la necesidad es superior a la carencia de leyes, hay un elevado número de parejas que viven en irregularidad jurídica, y este número crece cada vez más. Al mismo tiempo, se está produciendo un número creciente de uniones libres en la juventud; parejas que, ante el temor de que sus contratos matrimoniales tengan un carácter de eternidad o hipotequen sus vidas para siempre, prefieren unirse sin ningún lazo civil o religioso, con el consiguiente perjuicio al no poder acomodarse a unas leyes de protección civil -laborales, de seguridad social, sistemas de propiedad, etcétera- que continúan dentro de la filosofía jurídica del matrimonio indisoluble. Se ha popularizado también un sistema de declaraciones notariales, depositadas en el momento de contraer matrimonio, dando cuenta de irregularidades o faltas de voluntad real, con la intención de utilizarlas como disolventes el día en que el vínculo deje de funcionar. Los matrimonios en el extranjero tienen también partidarios. Es decir, que se produce una especie de busca de situaciones que tienden de alguna forma a reparar lo que la ley, todavía, hace irreparable.

Esperemos que los legisladores que tienen que arbitrar esta cuestión adviertan que su conciencia no tiene nada que ver con este tema, y que cumplirán muy bien con ella no divorciándose ellos mismos, pero que condenando a un infierno en vida a los que tratan de resolver sus situaciones personales se echan encima otra carga. Y la muy grave de falsear la sociedad española como lo están haciendo y de contribuir a ese complejo de inferioridad tan frecuente en el español que contempla las diferencias de su libertad permitida con las de otros países.