Intereses urbanísticos privados, a punto de congelar un importante polígono del MOPU en León

Un proyecto para construir 2.300 viviendas sociales en un polígono de propiedad privada -el número 58 del actual plan de urbanismo- podría paralizar la puesta en servicio de ochenta hectáreas de terrenos urbanizados hace más de quince años por el Ministerio de Obras Públicas, que permanecen todavía sin edificar debido a la oposición de una parte de los antiguos propietarios.

La operación está protagonizada por diez empresas constructoras y ha sido dirigida por personas vinculadas a la patronal leonesa CELE, cuyo titular, Angel Panero Flórez, es también presidente del sector de construcción y propietario de gran parte de los terrenos. El coste del proyecto, que será desarrollado por una «sociedad de empresas», actualmente en fase de constitución, se sitúa en torno a los 7.000 millones de pesetas a invertir en los próximos seis años, en cuya financiación podrían tomar parte un grupo de entidades bancarias, entre las que figuran el Banco de Vizcaya, Banco Pastor, Banco de Crédito a la Construcción y la Caja de Ahorros de León.Fuentes de estos últimos han señalado que el proyecto carece todavía de un plan de financiación concreto y que, por el momento, no ha habido negociaciones oficiales sobre el tema. La nueva sociedad, por su parte, ha sido presentada como un proyecto que permitiría a los pequeños y medianos empresarios competir con las grandes constructoras nacionales y desarrollar actuaciones de gran envergadura, capaces de mantener la actividad del sector y dar trabajo a más de quinientos trabajadores. Paralelamente se indica que la iniciativa tiene un carácter estrictamente particular, al margen de las vinculaciones que puedan existir entre sus promotores y la CELE, y que su origen data de octubre de 1979.

Los terrenos donde se espera construir las nuevas viviendas sociales están situados en la margen derecha del río Bernesga, frente a un polígono de iniciativa estatal -el de Eras de Renueva-, cuyas parcelas están inicialmente reservadas a una docena de cooperativas y al propio Instituto Nacional de la Vivienda. Se da la circunstancia de que este último polígono, concebido como una alternativa a los problemas de especulación del suelo y costeado íntegramente por el MOPU a mediados de la década de los sesenta, ha recibido la calificación de zona urbanizable en el plan de ordenación que actualmente tramita el ayuntamiento, mientras que el primero está considerado como zona urbana, con muy escasas aportaciones para equipamientos colectivos.

Sorpresa en los medios urbanísticos

El hecho de que ambos polígonos hayan recibido distinta calificación ha sorprendido tanto al MOPU como al Colegio de Arquitectos, que han presentado, junto con el PCE, otras tantas impugnaciones durante el período de información pública. En todos los casos se destaca el tratamiento discriminatorio que ha recibido el polígono estatal que, incluso, ha perdido su antigua calificación de zona urbana sin posibilidad de que el ayuntamiento conceda licencia de construcción antes de que se amplíe su infraestructura viaria. Este condicionamiento supone un nuevo retraso en la puesta en marcha del polígono, con capacidad para 4.500 viviendas y unos 20.000 habitantes, cuyas instalaciones han sufrido un grave deterioro desde su construcción.Por el momento sólo el PCE, entre los partidos políticos representados en el ayuntamiento, se ha mostrado oficialmente contrario a esta situación, mientras que el PSOE, UCD y CD han decidido no hacer públicas sus respectivas posturas hasta la celebración del pleno extraordinario en el que se decida la aprobación del plan de urbanismo, previsiblemente antes del 15 de julio. Los dos últimos partidos controlan actualmente el Ayuntamiento de León, cuya alcaldía se encuentra en manos de un antiguo asesor jurídico de la CELE, Juan Morano Masa (UCD), mientras que como primer teniente de alcalde por CD figura un hermano del actual presidente de la patronal, José Panero Flórez.

El proyecto de las 2.300 nuevas viviendas sociales ha sido acogido también con desconfianza en un sector del empresariado, por considerar que la iniciativa encubre un intento de monopolizar el mercado de la construcción en un momento en que la demanda es extremadamente baja. En los mismos medios se recuerda la posición privilegiada que mantendrá la futura «sociedad de empresas» en los órganos de gobierno de la CELE, que ha sido utilizada como plataforma para desarrollar la operación en detrimento del resto del sector, del que dependen alrededor de 350 empresas y 8.000 trabajadores.

Un proyecto similar había quedado paralizado a finales de 1979, cuando un grupo financiero encabezado por el Banco Atlántico intentó atraerse a las cooperativas que habían solicitado terrenos en el polígono del MOPU. También en aquella ocasión los costes financieros se situaban en torno a los 7.000 millones de pesetas.