Inminente publicación de dos decretos sobre los consorcios que recaudarán las contribuciones urbana y rústica

Es inminente la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos decretos desarrollando los «consorcios para la gestión e inspección de las contribuciones territoriales», formados a partes iguales por el Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos de toda España. Ambos decretos, que completan el decreto ley 11/1979 de 20 de julio, sobre medidas urgentes de financiación de las corporaciones locales, han sido ya aprobados por el Consejo de Ministros.La creación de los consorcios Hacienda-ayuntamientos no tiene precedente conocido y supone un reto importante de cara a la financiación de los municipios.

El primer decreto crea 54 consorcios que coinciden con las delegaciones provinciales de Hacienda, excepto en el caso de Madrid, Sevilla y Valencia, donde habrá dos consorcios, el provincial y el de la capital. Barcelona también tendrá dos consorcios, el provincial y el de la corporación metropolitana -la «gran Barcelona»-, incluyendo ayuntamientos adyacentes. Ceuta y Melilla no tendrán consorcio. Tampoco en Navarra surtirá efecto el decreto, debido al concierto económico especial de 1969. En el caso del País Vasco se ha preferido no incorporar los nuevos consorcios para no interferir en las negociaciones del concierto económico pendiente.

El segundo decreto trata de la estructura, funciones y competencias de los consorcios. Su competencia es total en la gestión e inspección de las contribuciones territoriales rústicas y urbanas. En cuando a su estructura, estarán compuestos por diez miembros, cinco representantes locales y cinco de la Administración central del Estado. La presidencia corresponderá en todos los casos al delegado de Hacienda, excepto en Madrid y Barcelona, que serán presididos por los alcaldes respectivos. Entre los representantes del Estado estarán los del Ministerio de Obras Públicas y de Agricultura, como anticipo de lo previsto en el proyecto de ley del Suelo, actualmente en tramitación en el Congreso. Cada municipio elegirá sus propios representantes en el consorcio, cuyo consejo de dirección está previsto que sea abierto a los representantes de los municipios cuyos temas estén sometidos a examen. El gerente, nombrado por el consejo de dirección, será una pieza clave, con voz, pero sin voto, y deberá ser funcionario de un cuerpo superior de la Administración destinado en Hacienda. Tendrá la responsabilidad de planes, personal y temas generales y su categoría será de subdelegado de Hacienda.

Los consorcios constarán de tres servicios: gestión tributaria, valoración de la contribución urbana y valoración de la contribución rústica. Estos dos últimos servicios deberán realizar estudios sobre los índices básicos del suelo, construcción e índices correctores, así como la evaluación de las cuotas y las tareas de inspección, actualización y puesta al día de los catastros. Colaborará también con los servicios técnicos en la valoración de solares y plusvalías. El servicio de gestión tributaria será el encargado de las notificaciones, asesoramiento a los contribuyentes, tramitaciones y altas y bajas.

Los consorcios tendrán carácter de organismo autónomo y elaborarán sus propios presupuestos, intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Estarán financiados al 50% por Hacienda y los ayuntamientos respectivos. Su puesta en marcha será, según ha podido saber EL PAÍS, inmediata, ya que incluso en los presupuestos de 1980 está prevista su financiación.

Uno de los temas más, importantes para solventar los problemas graves que los ayuntamientos tienen es la revisión de los catastros, revisión que les procurará ingresos muy superiores a los actuales, ya que las bases de cotización son muy bajas y el desorden en la recaudación era muy importante, según las versiones recogidas en algunos ayuntamientos. «A veces no se cobraba la contribución urbana», ha declarado a EL PAÍS, un concejal del Ayuntamiento de Madrid, «porque ni siquiera se pasaban los recibos correspondientes a los contribuyentes. Y no se recaudaba precisamente porque los encargados de recaudar, inspectores del Ministerio de Hacienda, lo hacían con escaso interés, ya que el resultado de lo recaudado iba a parar a las arcas municipales y no a las de Hacienda».

A partir de ahora, los ayuntamientos, la mayoría de los cuales están gobernados por la izquierda, tendrán voz y voto en la gestión y recaudación de sus contribuciones urbanas y rústicas, con lo que se subsanarán en parte sus futuros déficit.