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JUSTICIA

Los fiscales quieren mayor comunicación con la sociedad

El conocimiento de la misión y funciones del ministerio fiscal por parte de la sociedad española es uno de los fines principales que contemplan los estatutos de la nueva asociación profesional que han puesto en pie un grupo de fiscales procedentes de toda España, y que se han reunido el pasado fin de semana en Sigüenza (Guadalajara). A lo largo de las reuniones también se abordó el estudio del estatuto del ministerio fiscal enviado por el Gobierno a las Cortes, el cual mereció una dura crítica por parte de los reunidos.

Durante las tres jornadas -de viernes a domingo- que duró la reunión, a la que asistieron unos cincuenta fiscales, han trabajado tres comisiones distintas, que elaboraron sendos documentos con las correspondientes conclusiones. Estas conclusiones serán enviadas al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado, al presidente del Congreso de los Diputados y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.La primera de las comisiones presentó a la asamblea de fiscales las bases y estatutos de la nueva asociación profesional, que fueron aprobados mayoritariamente. Los estatutos de la asociación proyectada rompen con toda idea de jerarquía dentro del ámbito asociativo y propugnan una mayor comunicación del ministerio fiscal con los diversos sectores sociales.

La segunda comisión redactó un documento donde se reflejan las aspiraciones mayoritarias de la carrera fiscal, y cuyo resultado global ha sido una crítica al proyecto del estatuto del ministerio fiscal elaborado por el Gobierno. En este sentido, los fiscales hicieron hincapié en que el ministerio fiscal debe estar integrado en el poder judicial como «magistratura específica» y en que su organización debe acabar en su propia estructura orgánica, sin ninguna prolongación fuera de la misma.

Finalmente, la tercera comisión analizó algunas disposiciones procesales ya en vigor o en proyecto, así como la ley orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la transferencia de las funciones instructoras del proceso penal al ministerio fiscal.

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