El Gobierno mantiene el proyecto de ley básica de empleo

El Gobierno no retirará del Parlamento el proyecto de ley básica de empleo, según confirmó ayer tarde el presidente Adolfo Suárez a la delegación de UGT que recibió en el palacio de la Moncloa. Por el contrario, los responsables del Ejecutivo han asumido prácticamente la reducción a 64 años la edad de jubilación y se han comprometido con la central a mantener nuevas reuniones durante las próximas semanas para relanzar el empleo, analizar la situación de los funcionarios y hacer partícipes a los trabajadores en el control de los precios.

«En líneas generales», aseguró el señor Redondo al término de la reunión, «este contacto ha sido positivo, porque el Gobierno se ha comprometido en algunas cosas, pero ha sido decepcionante en lo relativo a la ley básica de Empleo, que definitivamente no puede ser aceptada por nuestra central». UGT solicitó del presidente Suárez la retirada para su remodelación, pero los representantes gubernamentales confirmaron rotundamente que lo llevarán adelante porque supondrá -según sus cálculos- una reducción de 50.000 millones de pesetas al ano en el déficit por seguro de desempleo, que ahora asciende aproximadamente a 113.000 millones anuales.El presidente Suárez aseguró a los ugetistas que se limarían algunas aristas de este proyecto, oferta que no les satisfizo, puesto que, en su opinión, es una reforma esencial la que necesita el texto.

El relanzamiento del empleo fue otro de los temas tratados en la reunión. Si no se ponen remedios urgentes, este año finalizará con 300.000 nuevos parados, según UGT. En este sentido, Gobierno y UGT acordaron la celebración de una reunión monográfica para estudiar medidas de relanzamiento en dos sectores muy empleadores de mano de obra: los de la construcción y la energía.

En este sentido, el Gobierno se comprometió a presentar un plan de inversiones que genere nuevos puestos de trabajo.

En el mismo ánimo, los representantes gubernamentales asumieron la propuesta ugetista de rebajar la edad de jubilación a los 64 años, medida que supondría la liberación de 60.000 puestos de trabajo. UGT se ha comprometido a presentar antes de que finalice junio un informe sobre los costes económicos de la operación, que sería financiada con el incremento de la aportación del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social. Según señalaron los representantes ugetistas, esta medida podrá ser realidad antes de que finalice el año.

Los sindicalistas y el Gobierno estuvieron de acuerdo en la necesidad de revisar el salario mínimo interprofesional, que quedará establecido en casi 25.000 pesetas mensuales ante, de que finalice el año (unas 830 pesetas diarias). Los representantes del Gobierno aceptaron la participación de las centrales sindicales en la Junta Superior de Precios, en todos aquellos temas relacionados con el índice de precios al consumo.

UGT solicitó del Gobierno la negociación del Estatuto de la Función Pública con los sindicatos representativos, en orden a una racionalización del gasto público.