El oportunismo en materia de suelo y vivienda

La presentación, a mediados de marzo, de un decreto-ley sobre creación del suelo y agilización de la gestión urbanística no puede pasar inadvertido ante los sectores de la opinión pública más sensibilizados con la cuestión urbanística, la problemática de la vivienda y la crisis del sector de la construcción. Cuando la sociedad española lleva esperando meses una política de vivienda y suelo acorde con la nueva realidad constitucional, he aquí que nos encontramos con un decreto-ley de imprevisibles consecuencias, y que hurta a la opinión pública y al Parlamento un debate abierto y profundo sobre este sector de la actividad.Mientras que los proyectos de ley de protección pública a la vivienda y el de valoración del suelo, hasta el momento bases de discusión propuestos por el Gobierno, siguen «aparcados» en el Parlamento, se nos ha sorprendido con un decreto-ley de creación de suelo para viviendas, industria y servicios que se salta todas las previsiones, proyectos o borradores de ley anteriores, y que pretende vender barato o regalar literalmente el patrimonio público de suelo existente con él pretexto de relanzar el sector construcción.

La ocurrencia de regalar o vender a bajo costo el suelo público al sector inmobiliario -para que éste siga produciendo viviendas como forma de garantizar la tasa de beneficio- recuerda las mejores épocas del franquismo, cuando, a través de la influencia de los grandes promotores sobre el Estado, se fraguaron negocios y fortunas.

Probablemente, los autores de esta ley pretenden colarnos una política encubierta de suelo y vivienda a corto plazo, sin denominarla por su nombre, sin debate público y sin que los sectores afectados por la misma puedan expresar sus opiniones, a excepción de la Asociación de Promotores y Constructores. Así, cuando la situación actual viene a cuestionar el papel contradictorio de los diversos agentes privados que intervienen en el sector; cuando el sistema de financiación es una nueva sangría para el comprador, que acaba por renunciar a serlo; cuando todos reconocen la profunda crisis de la lógica desarrollista de los años sesenta, basada en el crecimiento y en la política despilfarradora de construir más y más polígonos de nuevas viviendas en los extrarradios de las ciudades, el decreto-ley, sencillamente, olvida tales problemas y recurre a la chapucera medida de dilapidar el patrimonio público

Salvo la denuncia que del tema y sus repercusiones sobre las reivindicaciones ciudadanas pendientes hizo el VIII Encuentro Estatal de Asociaciones de Vecinos, nadie, que sepamos, se ha pronunciado.

Nos encontramos, pues, con un acto de gobierno discrecional, abusivo y ante el cual los partidos de la oposición no han reaccionado.

Por nuestra parte, y sin ánimo de agotar toda la réplica que una ley como ésta exige, querernos avanzar algunas conclusiones:

1. En primer lugar, hay que considerar las razones últimas -abaratar la vivienda y combatir el paro- con que pretenden justificarse las drásticas medidas propuestas en el decreto-ley. Y ello exige plantearse ciertos interrogantes:

¿Es que las viviendas de protección oficial promovidas por la iniciativa privada constituyen un cauce para facilitar el acceso a un alojamiento digno para los sectores sociales más necesitados? Evidentemente, todos sabemos que no es así, que ello requiere condiciones especiales que únicamente la promoción pública puede ofrecer.

Junto a ello hay que considerar que la aplicación de las medidas propuestas no van a repercutir en el descenso de los precios en el mercado y que ni siquiera el decreto-ley condiciona a tal requisito la cesión del suelo público.

¿Es que la justa idea de combatir el paro en la construcción pasa inevitablemente por la promoción privada y la nueva edificación, tal y como parece prejuzgar el decreto-ley? Evidentemente, no. La promoción pública, incluyendo la remodelación, la rehabilitación de viviendas antiguas, la construcción de equipamientos colectivos... absorben igualmente mano d e obra, además de responder mejor a las necesidades sociales actuales.

¿Se justifica, pues, vender a bajo precio o regalar el patrimonio público cuando no se cuestionan otros intereses privados (propiedad privada del suelo, promotores, constructores, financiación ... ); cuando tal sacrificio de la colectividad no revierte en los sectores más necesitados; cuando se hacen oídos sordos a las necesidades de nuestro maltrecho patrimonio inmobiliario; cuando ello no es condicion sine qua non para combatir el paro?Nuestra respuesta es que no; y, cuando menos, el MOPU debería reconocer que ello exige un previo debate y que no es aceptable la utilización discriminada del decreto-ley.

Desde 1975 venimos asistiendo a un auténtico tejer y destejer. Sucesivas leyes, decretos y disposiciones derogatorias han creado una incoherencia en materia de suelo y vivienda difícil de describir. La aparición de este decreto-ley-en una situación totalmente contradictoria y en crisis, pese a las interpretaciones interesadas que sobre el tema hace el ministerio, supone un balón de oxígeno a determinados grupos inmobiliarios, con la finalidad de que éstos no reduzcan su actividad ni sus beneficios.

¿Es que el suelo público existente está localizado en aquellos núcleos de población que más interesan hacer crecer o que más expectativas tienen de poder hacerlo? ¿Es que este suelo, dentro de las propias áreas urbanas dqride exista o se aproxime, no va a entrar en contradicción con otras expectativas que los propios sectores inmobiliarios -o parte de ellos- ya tienen trazadas? ¿Es que este decreto no interfiere los planes y programas urbanísticos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que se hayan planteado en sus respectivos ámbitos, la ordenación, jerarquización y superación de los problemas heredados, para lo cual es necesario contar con el suelo público existente en manos de la Administración central? ¿Es que el ministerio ya no pienza realizar viviendas de promocion pública o directa?

2. En segundo lugar, junto a la promoción de vivienda, se incluye en el decreto-ley el fomento de la instalación o ampliación de industrias y servicios igualmente en polígonos o áreas de expansión industrial de propiedad pública.

La importancia del asentamiento industrial o productivo en general para la fijación del crecimiento o desarrollo de nuestras ciudades, no es necesario recordarlo. Nuevamente aquí tropezamos con la carencia de una política urbanística y de ordenación territorial. El seguir lamentándonos de los desequilibrios territoriales de palabra, cuando de hecho, vía este tipo de decretos-ley, nos estamos tragando las imposiciones del capital industrial y de servicios (especialmente extranjero), que localiza sus inversiones según sus lógicos intereses, nos lleva a denunciar la existencia de una política urbanística encubierta, que hurtando su discusión en el Parlamento se impone a aquellas comunidades autónomas o locales como un hecho consumado. ¿Ha pedido o piensa pedir algún parlamentario explicaciones al Gobierno de qué relación guarda este decreto-ley con la instalación de ciertas inversiones extranjeras, empezando por la General Motors? ¿La presencia y el informe previo del Ministerio de Industria y Energía en los coricursos de adjudicación de suelo público hay que entenderla como un sólido apoyo a la realización de centrales de energía y, especialmente, a las nucleares? ¿Al amparo de la crisis económica y del paro, y en base a una hipotética salida de la misma, va a dejarse manos libres al Gobierno para que regale el suelo público, incentive la inversión de las multinacionales y determine los asentamíentos de población y empleo, a su antojo, en sucesivos consejos de ministros, tal y corno posibilita el decreto-ley?

3. Finalmente, el decreto-ley aborda la agilización de la gestión urbanística, pero solamente para los planes parciales, especiales y proyectos de urbanización, es decir, para las actuaciones en suelo urbanizable programado. Las facilidades que le otorgan a las empresas urbanísticas mixtas (no hace falta ser mayoritaria la Administración) para la ejecución de los planes, urbanizaciones, incluso la concesión de licencias sin necesidad del trámite municipal, hacen pensar en que lo que el decreto-ley denomina, rimbombantemente, «agilización de la gestión urbanística», va dirigida exclusiva mente a agilizar la gestión de los sectores inmobiliarios que hoy día encuentran resistencias en unos ayuntamientos celosos de sus com petencias y de no acumular más problemas de los que ya tienen.

Que desde el Gobierno se pretenda «colar» tal tipo de medidas es Iamentable y un peligro para los intereses de los sectores populares. Máxime cuando ya se nos anuncian otras leyes que completen y perfeccionen los contenidos de este decreto-ley: ley de la Vivienda, de Arrendamientos Urbanos, del Suelo, el marco legal que defina la futura ley de régimen local, todas ellas de un enorme alcance, y que van a determinar aspectos claves en las condiciones de vida de nuestros pueblos y ciudades.