Las elecciones en Seat y FASA

EL SERIO revés sufrido por CC OO en las elecciones de Seat y FASA, con la mejoría relativa de UGT y el ascenso de los independientes, parece demostrar que el curso de radicalismo impuesto a la sindical comunista a lo largo de los últimos meses descansaba en una errónea valoración de las actitudes y preferencias de los trabajadores. A este respecto, no cabe sino establecer la conclusión provisional de que la difícil apuesta realizada por, UGT y el PSOE a lo largo del pasado otoño no sólo era más racional que la mantenida por las corrientes hegemónicas dentro de CC OO, sino que además ha terminado por ganar algún terreno entre los trabajadores, pese a su presunta impopularidad.

La idea de que en una coyuntura de recesión e inflación resulta factible, a la vez, disminuir el paro y aumentar los salarios reales de los trabajadores empleados es, obviamente, insensata. Quedaba, sin embargo, la duda de los efectos que esa extraña teoría -cuya aplicación sólo hubiera producido el enriquecimiento relativo de los trabajadores activos a costa del aumento del paro- pudiera tener en la población empleada. Los resultados en Seat y FASA parecen apuntar que la estrategia comunista no era acertada.

En la reunión celebrada en el último fin de semana por el consejo confederal de CC OO, el señor Camacho ha atribuido el contratiempo electoral de su central a los problemas de las empresas en crisis o en curso de reestructuración, en las que los trabajadores conceden una atención prioritaria a la conservación del empleo. No deja de ser preocupante que el dirigente máximo de la central sindical comunista se haya limitado a constatar esa evidencia y no se plantee las interrelaciones entre el desempleo, las fábricas amenazadas de cierre o reducción de plantilla y las empresas con margen de beneficios suficiente para capear la crisis o reinvertir las ganancias. Porque una presión desbordada sobre los sectores capaces de soportar un aumento de los salarios reales de sus trabajadores no significaría otra cosa que la consolidación de una aristocracia obrera y una transferencia de ingresos, en provecho de los beneficiados, procedente no sólo de los dividendos de los accionistas, sino de los medios financieros necesarios para la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo.

En este sentido, no resulta nada ejemplar el comporta miento de las centrales sindicales -no sólo CC OO- en algunas empresas del sector público, bien sean deficitarias, en cuyo caso son los contribuyentes los perdedores, bien obtengan sus beneficios por una privilegiada situación de monopolio, en cuyo caso las ganancias corresponden a todo el cuerpo social. Resulta simplemente sonrojante contemplar cómo algunos líderes sindicales, que se proclaman defensores de los intereses de la clase trabajadora en su conjunto y exhortan a la igualdad, fomentan, sin embargo, los desmedidos privilegios de los empleados en algunos de esos sectores, tan pródigos para aceptar subidas salariales como para despilfarrar el dinero público. Las justas exigencias de que la empresa pública se democratice, de que el aparato del Estado no sea la finca de algunos poderosos y de que los gastos públicos de inversión contribuyan a la recuperación económica son incompatibles con la protección que dispensan las centrales a los trabajadores que se aprovechan de la mala conciencia o de la simple irresponsabilidad de los administradores del sector público. Si la izquierda parlamentaria desea de verdad encabezar la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia de las empresas y servicios estatales, su primer paso debería ser predicar con el ejemplo y no amparar a los grupos de trabajadores empleados que sólo piden participar en los despojos de un botín que pagan de su bolsillo todos los contribuyentes.

Por lo demás, sería un error de bulto contraponer, como bloques monolíticos, a CC OO y UGT, la primera acaparadora de todos los males y la segunda merecedora de todos los parabienes. La central comunista dio en el pasado sobradas pruebas de capacidad de negociación y de prudencia. A su vez, el reciente congreso de UGT, con el voto de castigo contra el señor Zufiaur, ha mostrado que la irresponsabilidad y el verbalismo de que hicieron gala ciertos sectores socialistas antes de su giro en el verano de 1979 siguen latentes en su organización.

Por último, mientras la transferencia del patrimonio vertical y la devolución de los bienes incautados después de la guerra civil no se realice, las centrales siempre podrán caer en la tentación de sustituir la falta de servicios adecuados y la debilidad de las cajas de resistencia por reivindicaciones desmesuradas.