El ministro del Interior afirma que la violencia "ultra" no responde a un plan premeditado

El ministro del Interior, Juan José Rosón, afirmó ayer, ante el Pleno del Congreso, que los datos de que se dispone hasta el momento no permiten afirmar que las acciones terroristas de extrema derecha últimamente acaecidas respondan a un plan premeditado ni a directrices concretas. Informó Rosón que de estos hechos se han esclarecido totalmente el asalto a la facultad de Derecho y el atentado del bar San Bao. Respecto a este último, han sido detenidas nueve personas, de ideología falangista, que, a su vez, están estrechamente relacionadas con el asalto a la institución universitaria referida.

El ministro comparecía para responder a las preguntas que sobre estos hechos presentaron en el Congreso los grupos socialista, comunista y de Coalición Democrática. Al exponer la pregunta del PSOE, el diputado Enrique Barón afirmó que se vive un clima de ascendente violencia antidemocrática, caracterizado por manifestaciones impunes y abiertas contra las instituciones que democráticamente se ha dado el país, incluyendo al jefe del Estado y el Gobierno; un clima de agresiones continuas y atemorización sistemática de la población, y la multiplicación en los últimos días de los asesinatos, que, en opinión del representante socialista, no provienen de choques entre grupos, sino que han sido realizados a sangre fría por personas entrenadas para matar.Aludió Enrique Barón que, a veces, se registra la presencia pasiva de la Policía Nacional, y afirmó que personas cobardes, que se ocultan, con una estrategia aún no revelada, se aprovechan de sectores de la juventud para convertirlos en carne de cañón. Añadió que se plantea un problema de confianza de la población en las fuerzas de seguridad del Estado, y puso como ejemplo que personas que han sido agredidas en la facultad de Derecho han encontrado en las dependencias policiales el testamento político de Franco.

En nombre del grupo comunista, Simón Sánchez Montero advirtió de entrada que el hecho de que su pregunta se refiriese únicamente al terrorismo de ultraderecha no quiere decir que haya la más mínima condescendencia sobre el terrorismo de ultraizquierda. Enumeró después los últimos atentados de la extrema derecha, entre ellos el del bar San Bao, el apuñalamiento de tres personas el Primero de Mayo y el asesinato de la joven Yolanda González, a primeros de año. Resaltó que los presuntos asesinos y sus cómplices eran miembros de Fuerza Nueva y mostró su preocupación porque con este hecho aparecían relacionados un miembro de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional.

Resoluciones judiciales inquietantes

El diputado comunista hizo un inciso para advertir que, en relación con esto, hay algunas resoluciones judiciales que han producido sorpresa e inquietud en la opinión pública. Añadió que su grupo respeta profundamente la independencia judicial, pero que es indudable que determinadas y concretas resoluciones no pueden sustraerse a las preocupaciones antes señaladas, por lo cual su grupo se propone plantear al ministro de Justicia una pregunta sobre cuál ha sido la actividad del ministerio fiscal en esos procedimientos.

Mencionó la lista de atentados ultraderechistas y afirmó que son demasiados hechos, demasiados crímenes, y todos ellos con rasgos comunes. «Se trata», dijo, «de grupos cuyos componentes pertenecen a organizaciones ultraderechistas».

Afirmó más tarde que la escalada de violencia de este signo parece obedecer a un plan meditado, ante el que el Gobierno debe tomar medidas. Sin embargo, señaló, parece que al llegar a un cierto punto la investigación policial tropieza con un muro. Para terminar, el diputado comunista preguntó quién organiza y arma a los grupos activistas, cuáles son sus conexiones con ciertas organizaciones ultraderechistas y afirmó que hay un clamor creciente pidiendo la ilegalización de estas últimas, por lo que el Gobierno debe investigarlas hasta el final.

Manuel Fraga, en nombre de su grupo y del diputado Jesús Aizpún, refirió su exposición al terrorismo en general, haciendo hincapié en que es de mayores proporciones el de los grupos separatistas y de extrema izquierda, los cuales provocaron 42 muertes en 1978, 104 en 1979 y 34 en lo que va transcurrido de 1980, mientras las muertes atribuidas a grupos ultraderechistas son una en 1978, cinco en 1979 y diez en lo que va de año.

Insistió el representante de CD en que el problema va a más y no mejorará si se hacen concesiones, puesto que se puede llegar a una situación en que las personas crean lícito tomarse la justicia por su m ano. También pidió severidad contra los que colaboran y hacen apología del terrorismo, incluyendo ayuntamientos y abogados, y replicó a Sánchez Montero que quienes se escandalizan por ciertas sentencias deberían darse cuenta de que el respeto a la justicia se está degradando precisamente porque cada cual interpreta a su manera la actuación de ésta.

El ministro del Interior comenzó afirmando que el Gobierno y él mismo comparten plenamente la preocupación por el alto clima de agresividad y violencia que se manifiesta en la calle, la cual «tenemos la obligación de erradicar y vamos a erradicar», más aún cuando un alto porcentaje de esa violencia se debe a motivos políticos.

Entre los hechos más graves destacó la continuada asiduidad del terrorismo en el País Vasco, y citó la nueva muerte producida ayer en Pasajes de San Juan, que también había sido condenada por los diputados que le antecedieron.

«A esto debe añadirse», afirmó Rosón, «la radicalización de algunos grupos en el ejercicio de las libertades públicas, especialmente la del derecho de manifestación, y la progresiva asunción de la violencia por parte de personas relacionadas con ideologías tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, la mayoría de ellas jóvenes. Y aunque las de este último signo son desproporcionadamente agresivas y causa de varias víctimas, no podemos ignorar tampoco la influencia que en la calle tienen las acciones de la extrema izquierda».

«Esta violencia», prosiguió, «pone en peligro la esencia misma de la sociedad, que es la convivencia pacífica. Afirmó que el empleo de la violencia no puede sustituir jamás a la lucha política y advirtió que no se permitirá que sea socavado el principio del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.

Anunció que, de acuerdo con la obligación inexcusable que el Gobierno tiene de actuar con implacable rigor contra quienes ponen en peligro la tranquilidad ciudadana, es necesario que el principio de autoridad recupere su prestigio y su dignidad, ya que está respaldado por el mandato legítimo del pueblo. En este sentido afirmó que «no vamos a regatear el más mínimo esfuerzo, ni aun a riesgo de una posible impopularidad, en asegurar por todos los medios a nuestro alcance el imperio de la ley y su estricto cumplimiento.

Ultimas acciones

Respondiendo concretamente a las preguntas planteadas, afirmó que en la última quincena hay un paulatino incremento de actos graves de violencia cometidos por jóvenes de extrema derecha, cuyas edades oscilan entre los dieciséis y los veinte años.

Afirmó después que de los datos de que se dispone hasta ahora se desprende que se trata de «acciones decididas por propia iniciativa de los participantes, al margen de las directrices de las organizaciones políticas a las que pertenecen o con las que simpatizan, apareciendo como actos impulsados por estados emocionales y de apasionamiento político, sin preparación ni reflexión previa».

Ante los siseos y protestas de la oposición, el ministro afirmó que se ajustaba a lo probado, y que ello no obsta para que se investigue si existe una organización bajo todos estos hechos, aunque por ahora sí están claras las conexiones con grupos de extrema derecha, concretamente de Fuerza Nueva y Falange Española, si bien los relacionados con actos violentos parecen haber sido expulsados de estas organizaciones.

Detenidos por el asalto al bar San Bao

Respecto al último atentado del bar San Bao, manifestó que se ha detenido a nueve personas, dos de las cuales participaron en el asalto a la facultad de Derecho, concretamente uno disparando una escopeta de cañones recortados, y otro, el que hirió al estudiante Aguirre de Cárcer, con una pistola. Afirmó que se trata de un grupo absolutamente inédito hasta ahora para la policía madrileña. Los detenidos son:

Jesús Fernández Landa y Roca, apresado por la Guardia Civil en El Escorial. Se le ocupó una pistola y un revólver. Atacó al bar San Bao portando una cadena.

Miguel Angel Hurtado López, alias el Gallete y el Bereta, era del grupo que permaneció fuera, desde el que se efectuaron los disparos. Entregó a Jesús Fernández las dos pistolas que se ocuparon a éste. Participó en los incidentes de la facultad de Derecho.

Juan Domingo Martínez Lorenzo, que iba al frente del grupo que entró en San Bao. Relacionados únicamente con este hecho han sido detenidos también Francisco Javier Barranco López de Sa, Luis Antonio Navarrete Sosa, Jesús Alcalá Neches y Gregorio Luis García Calvo. Santiago González López y Jesús Manzano Martínez, también detenidos, están implicados en los incidentes del bar y de la facultad.

El ministro aseguró que las investigaciones prosiguen para lograr nuevas detenciones, y destacó la rápida y eficaz acción policial. Agregó que, en líneas generales, puede decirse que los jóvenes implicados están vinculados a Falange Española de las JONS, organización que ha colaborado para identificar al grupo que salió de una de sus sedes hacia la Cruz de los Caídos, parte de los cuales atacaron después el bar.

Replicando al diputado Barón, afirmó que las fuerzas de seguridad no tienen ningún desinterés en estas investigaciones, aunque algunos de sus miembros puedan tenerlo, y agregó que de las investigaciones subsiguientes se verá si este terrorismo está organizado o no.

La respuesta al grupo comunista, que fue prácticamente de datos complementarios, ya que ambas casi coincidían, aunque el ministro subrayó que están resueltos positivamente los sucesos de la facultad de Derecho y del bar San Bao, gracias al trabajo conjunto, por primera vez, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, las unidades de la Dirección de la Seguridad del Estado y la Guardia Civil.

En cuanto a los interrogantes planteados por Coalición Democrática, afirmó que en los últimos meses se han practicado 375 detenciones de presuntos terroris

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