Poul Hartling espera que la promulgación de una ley de asilo mejore la situación de los refugiados en España

«Uno de los objetivos de mi viaje es lograr que en España se promulgue una ley de asilo que mejore la situación de los refugiados que llegan a este país», declaró ayer a EL PAÍS Poul Hartling, alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ayer inició una visita oficial a Madrid, invitado por el Gobierno español. Durante su estancia será recibido por el rey Juan Carlos y mantendrá conversaciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores y del Interior y pronunció una conferencia en el Senado.

Poul Hartling, 65 años de edad, fue elegido para este cargo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1977. Ha sido ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca entre 1968 y 1971 y primer ministro (1975). Desde hace dieciséis años preside el Partido Liberal danés.El objetivo de su actual visita, la primera que efectúa a España un alto comisario, es doble. «Expresar el agradecimiento del Alto Comisariado de las Naciones Unidas (ACNUR) a las autoridades españolas y discutir y considerar los problemas de los refugiados en el mundo y en España». Afirmó que la colaboración entre ese organismo internacional «ha sido muy buena y aleccionante». El ACNUR abrió una oficina en Madrid en 1978.

La mayoría de los refugiados que han llegado a nuestro país son de origen latinoamericano. En espera de la promulgación de la ley de asilo, la condición de refugiado está regulada transitoriamente por un decreto del Ministerio del Interior, emitido el pasado año. Entre las personas acogidas a esta situación destacan, por su número, los argentinos, unos 15.000.

La citada norma establece que sólo podrán conseguir la consideración de refugiados aquellas personas que se acojan a la protección del ACNUR (véase EL PAÍS del 25 de mayo de 1979).

Al abordar esta cuestión, el señor Hartling señaló que España se adhirió (en 1978) a la Convención sobre Refugiados de 1951 y al protocolo de 1967, que, en palabras del alto comisario: «Constituyen el instrumento legal internacional básico en materia de refugiados».

Señaló también que, a nivel interno, tenía conocimiento de que el Gobierno español está preparando una ley de asilo, cosa que consideró positiva, ya que son escasos los países que cuentan con una legislación a este respecto. «El objetivo de esta ley debe ser que el refugiado sea tratado como un ser humano, como una persona que tenga derechos idénticos a los de los propios nacionales», añadió el señor Hartling.

Problemas de los refugiados en España

Con relación a los problemas y trabas burocráticas que encuentran los refugiados en España, el alto comisario declaró: «El problema es que, en la práctica, siempre habrá este tipo de problemas, permisos de trabajo, administrativos, etcétera, y que la función del representante del ACNUR en Madrid es, fundamentalmente, reducir esas trabas o dificultades burocráticas al mínimo. Tengo entendido que en este caso siempre se han encontrado fórmulas para resolver o mejorar este tipo de situaciones, gracias a una colaboración eficaz y positiva por parte de las autoridades españolas. Como es lógico, el objetivo del ACNUR es lograr la promulgación en España de una ley de asilo que mejore estas situaciones».

Ayuda despolitizada

Cuando planteamos que parece más fácil al ACNUR conseguir ayudas financieras internacionales que lograr soluciones políticas al problema de los refugiados, el señor Hartling recalcó que detrás de todo problema de los refugiados hay también tensiones políticas, pero que el organismo internacional que él preside, a diferencia de la ONU, «no se mueve por actitudes políticas, sino que actúa única y exclusivamente sobre bases humanitarias para ayudar a las víctimas de alteraciones políticas o las violaciones de los derechos humanos». «En consecuencia», añadió, «es muy importante no politizar el trabajo en materia de ayuda a los refugiados».Al referirse al problema de asilo político planteado en Europa por presuntos terroristas o por personas sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas, el alto comisionado matizó la actitud del ACNUR en este campo: «Los terroristas o las personas que luchan activamente contra un régimen político no entran dentro del cometido del ACNUR; esa gente puede tener derecho o estar equivocados, pero cuando cruzan la frontera y van a otro país porque son objeto de persecución es objetivo del alto comisionado proteger a esas personas, con unas excepciones muy claras, en el sentido de que están excluidos de esa protección si son criminales o han violado la ley común».

Según el señor Hartling, «el refugiado típico no es el que lleva pistola, sino que es una persona sometida a persecución, como consecuencia de una alteración política en su país».

Ante la pregunta sobre las posibilidades de acción que tiene el ACNUR en el caso de refugiados desaparecidos o secuestrados por fuerzas policiales o parapoliciales de su país de origen, contestó: «Lo esencial de nuestra misión es intentar proteger o ayudar a esas personas que se encuentran en peligro, pero carecemos de instrumentos de presión y ni siquiera tenemos la posibilidad de establecer sanciones económicas. Solamente tenemos un camino, un instrumento: la argumentación, la capacidad para convencer a esos Gobiernos sobre sus obligaciones en estos casos».

Afirmó que en esta capacidad de convencimiento reciben gran ayuda de la prensa libre y de los Gobiernos democráticos. Señaló que el ACNUR ha conseguido solucionar algunas de «estas situaciones trágicas». El señor Hartling, personalmente, ha estado en contacto con personas que han estado en prisión dos o tres años y que, tras las protestas reiteradas de los representantes del ACNUR, pudieron obtener asilo, «es decir, una nueva vida en otros países».