Eso del problema vasco

AL FILO de la jura de los miembros del Gobierno autonómico vasco vuelven a evidenciarse los viejos hilos de la complicada trama política en Euskadi: el atentado de ETA Militar en Oyarzun, la patética carta pública de un industrial vasco que no acepta el ominoso chantaje del impuesto revolucionario y el descabalgamiento del señor Del Burgo de su poltrona foral, tras una larga y tragicómica peripecia que el interesado procuró magnificar colocando como telón de fondo de sus deslices la relación entre Navarra y los actuales límites del Gobierno de Euskadi. El asesinato de un guardia civil en el autobús San Sebastián-Fuenterrabía (que causó también la muerte de uno de los agresores) señala la pérdida de rumbo de ETA Militar. En medio de una fuerte campaña pro amnistía propiciada por Herri Batasuna se esperaba, como en ocasiones análogas, una tregua de ETA. Sin embargo, las antiguas correlaciones -por tortuosas que resultaran entre los atentados terroristas y los análisis políticos de la dirección de ETAm han sido sustituidas por la simple criminalidad terrorista.

La fragmentación de ETAm y la ausencia de argumentaciones políticas comprensibles en sus últimas acciones no permite, sin embargo, aún clasificar el terrorismo que sufre el país vasco como equivalente al de las Brigadas Rojas o a la banda Baader-Meinhoff. La huelga general convocada en Elgueta (el pueblo del etarra muerto) mueve a estupefacción. Ni aun en una población pequeña como Elgueta tiene sentido común la indignación popular porque un hombre haya muerto a manos de la justicia y en el momento en que asesinaba a otro. Pero no cabe llamarse a engaño: la convocatoria ha resultado un éxito y testifica, una vez más, el peso lamentable, pero no desdeñable, de Herri Batasuna en la opinión pública de los habitantes de Euskadi. Y los perfiles políticos de una situación de amparo civil a la acción del terrorismo.

La dramática negativa pública del presidente del Banco Industrial de Guipúzcoa a sufragar la tributación revolucionaria de ETA es la otra cara de la moneda. El señor Alcorta es tan vasco o más que quienes le extorsionan en nombre de una «patria vasca», y sus vínculos familiares se extienden a Euskadiko Ezkerra y al asesinado Pertur. Representa a los miles de vascos chantajeados en silencio (en sus conciencias, en su patrimonio, o en ambas cosas a la vez) y cuya defensa tienen que asumir públicamente los Gobiernos autonómicos y del Estado. Su gesto es moralmente valioso y debe ser políticamente apoyado por los partidos vascos que busquen una verdadera pacificación.

Nos aventuraríamos a estimar que la mayoría del pueblo vasco conforma en este momento una masa movediza que sufre el terrorismo de la misma forma, aunque en ocasiones desde perspectivas antagónicas. El propio Garaikoetxea se extendía, en declaraciones a, este periódico (23-4-1980), sobre el trasvase en dos direcciones entre los sectores nacionalistas pacíficos y los partidarios pasivos o activos de la lucha armada. Esa capilaridad es evidente, cuando menos, entre el PNV y Herri Batasuna, y este fenómeno es el punto de apoyo de cualquier operación política que procure la pacificación de Euskadi: el acercamiento de esas dos corrientes de opinión que, tras el descalabro electoral de los partidos estatales, son, con Euskadiko Ezkerra, clave del futuro de Euskadi.

Para que ese trasvase se produzca y el terrorismo quede aislado moral y políticamente es preciso una previa clarificación entre el PNV y la izquierda vasca y entre el PNV y el Gobierno del Estado. La izquierda vasca debe terminar su debate sobre si es preferible colaborar con el PNV para consolidar la autonomía o dejar «abrasarse» a los peneuvistas en los primeros y dificiles años de ésta. A su vez, el Gobierno del Estado debe obrar con lealtad y hasta con generosidad respeto al Gobierno vasco y apearse de esa política dubitativa y medrosa sobre Euskadi, que encuentra sus últimos reflejos en la no legalización de Herri Batasuna o en la represión desorbitada del reciente «Aberri Egunai. El PNV debe igualmente renunciar a presiones histriónicas sobre el Estado; el anuncio del regreso de sus diputados al Parlamento español es en este sentido una buena nueva. La actitud que tome ante cuestiones como las de los atentados contra guardias civiles, el impuesto revolucionario o las movilizaciones populares de apoyo a los asesinos de ETA será finalmente significativa. Todo ello no es imposible; exige -eso sí- notables dosis de altura política, de estrategia de largo alcance, que no sobran entre los remendadores que integran la mayoría de nuestra clase gobernante.

Finalmente, el problema de Navarra con relación a Euskadi puede entrar en vías de racionalización si personajes como Jaime Ignacio del Burgo dejan de erigirse en las Juanas de Arco de Navarra. El binomio Navarra-Euskadi no debe terminar en una acerba división de los navarros, que ya está produciendo enfrentamientos cotidianos en los pueblos, a Cuenta de la apertura de una ikastola o de la función de un grupo folklórico vasco. Navarra es cuna histórica de Euskadi, pero su inclusión o exclusión en la autonomía vasca es un problema político y económico que nada tiene que ver con los términos de vasquismo o antivasquismo en que ahora se plantea la discusión. Navarra, aun perteneciendo a la comunidad natural vasca, puede, en su día, optar por no pertenecer a la comunidad autonómica vasca. Navarra tiene unas instituciones forales que funcionan, mal que bien, desde hace décadas, y está en posesión de una hacienda que le reporta 24.000 millones de pesetas (de los que sólo entrega al Estado 2.200), para una población de 480.000 habitantes, escasamente castigada por el paro; un panorama institucional y socioeconómico que la actual autonomía vasca no logrará en esta década. Los vascos de Navarra y los vascos de toda Euskadi deben abrir un debate sobre estos datos reales y optar por una decisión política limpia de sentimentalismos, en los que Navarra aparece como la doncella pronta a ser raptada por el expansionismo euskaldún o como el bastión legendario ante el separatismo del Norte.

Sobre estos renglones (aislamiento moral del terrorismo, trasvase de los reticentes o los agraviados hacia- el nacionalismo pacífico, entendimiento leal entre el Estado y el Gobierno autonómico y racionalización del tema navarro) se va a escribir la inmediata historia de la autonomía,vasca; y los sucesos dramáticos, insolidarios o simplemente tartufescos que han significado la jura de los ministros vascos no son tan descorazonadores como pudieran parecer. Si en el triángulo Madrid-Vitoria-Pamplona alguien comienza a trabajar para las generaciones futuras antes que para los votantes de los próximos comicios, y traza las líneas de una política de Estado, no habrá más problema vasco, porque desde 1936 el problema vasco es un problema de sentido común.